El gobierno Sánchez prepara un nuevo impuesto para los ricos. Pero ¿qué es un rico?

El gobierno de coalición quiere grabar más a las personas de más ingresos, si bien no se ponen de acuerdo en la fórmula. UP ya ha presentado su iniciativa en sede parlamentaria, en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social. Consiste en un impuesto especial para los patrimonios más grandes, con lo que quieren recaudar 11.000 millones de euros, que equivale al 1% del PIB, por lo tanto constituiría un significativo aumento de la presión fiscal.

La cuestión de fondo es qué se consideran grandes patrimonios, y la verdad es que tal y como está planteado, los «ricos» empiezan muy pronto. Estamos ante un impuesto sobre la clase media-alta, ya que comienza a funcionar a partir de un millón de euros de patrimonio, del que ya se paga un 2%.

Pero, en este patrimonio se debe incluir el valor de la vivienda habitual, del que sólo está exento hasta 400.000 euros. Pero ¿cuántas viviendas en Barcelona, ​​Madrid, San Sebastián y otros lugares no rebasan ampliamente este límite? Una familia que tenga un piso por valor de 700.000 euros más una pequeña segunda residencia de 250.000 euros y ahorros por valor de 450.000 euros ya tendría que pagar cada año el impuesto para las grandes fortunas. Hay que considerar que, además, existiría todo el resto de presión fiscal, desde el IBI por el valor inmobiliario hasta el importe de la imposición por renta.

Una medida de este tipo castigaría especialmente a la gente que vive en las ciudades que registran un mayor valor de la propiedad inmobiliaria, los ahorros, de una manera especial a las familias numerosas, que requieren pisos más grandes y, por tanto, de mayor precio y también para aquellas actividades cada vez más frecuentes que realizan el trabajo en casa, como todos los profesionales freelancee y que cuando pueden ocupan viviendas más grandes para diferenciar el espacio de trabajo del de la vivienda propiamente dicha.

También significaría un golpe muy importante para los propietarios agrarios y forestales. Es sabido que este tipo de bien patrimonial tiene un elevado valor y una baja rentabilidad, de tal manera que el 2% para una propiedad de un millón de euros ya significaría en muchos casos un balance negativo para la explotación.

El escalado es ligeramente progresivo y pasa a ser del 2,5% a partir de los 10 millones, del 3% a partir de los 50 millones y del 3,5% a partir de los 100 millones.

También significaría un golpe para las finanzas autonómicas que exigiría una compensación por parte del gobierno central, porque el impuesto prevé liquidar la actual figura fiscal sobre el patrimonio que gestionan las autonomías. En todo caso, lo que sí se produciría es una reducción de la capacidad autonómica en relación con la gestión de ingresos propios y por tanto una centralización, que dice muy poco de la visión que sobre el estado compuesto tiene UP.

El PSOE no comparte esta propuesta, pero sí la necesidad de incrementar impuestos por las vías habituales, patrimonio, IRPF e incluso impuesto de sociedades.

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