Tras 5.555 muertes, casi 9.000 si se suman las de las residencias, Torra ha decidido cambiar la política seguida hasta ahora en búsqueda de una mejor eficacia. Ahora, a diferencia del resto de las Comunidades Autónomas, su posición implica retrasar el inicio de la Fase 1 de desconfinamiento, una posición que choca con la lentitud con que adoptaron las medidas de precaución, a pesar de que la Generalitat disponía de un plan propio que, de aplicarse, habría determinado que el 22 de febrero se iniciaran las medidas de aislamiento.
Ahora la nueva política pasa por hacer un test PCR en las primeras 24 horas a toda persona sospechosa de estar afectada por el SARS-CoV-2 para determinar si padece la enfermedad, aislarla y controlar su entorno. Se considera sospechosa a toda persona que presenta síntomas de infección respiratoria con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Esta medida será llevada a cabo por los Centros de Asistencia Primaria. Hasta ahora, el procedimiento era diferente: las personas con síntomas leves que los comunicaban debían esperar en sus domicilios, y normalmente la espera no era otra cosa que ver si se producía o no un proceso de agravamiento de la enfermedad, si bien con el paso del tiempo también se ha acabado diagnosticando a una minoría de ellas mediante el test. Ahora serían todos y en un plazo de 24 horas.
La segunda gran modificación afecta a los geriátricos y pasa por considerar que, si un solo caso confirmado es considerado un brote de la pandemia, se llevará a cabo una cuarentena y se harán pruebas de PCR a todos los residentes y trabajadores. Esta medida se lleva a cabo cuando ya han muerto en estos centros 3.309 personas.
También se modifica la medida en que se podrían reincorporarse al trabajo los profesionales infectados pasados los 14 días de aislamiento. Ahora, será necesaria la prueba PCR.
Cargando ...Esta actitud prudencial de Torra es lógica si se considera que la evolución última de Cataluña es peor que la de Madrid, concretamente en los últimos 14 días, que es el período que mejor explica cómo está evolucionando la situación.
En Cataluña se han producido 58,8 ingresos por 100.000 habitantes, mientras que en Madrid han sido de 35,4 ingresos y para el conjunto de España 22,0. En cuanto a los ingresos en la UCI, también en el mismo periodo de tiempo y por 100.000 habitantes, han sido 5 en Cataluña, 1,8 en España y 1,4 en Madrid. El último dato de enfermos confirmados referido a nuevos ingresos con fecha de 11 de mayo, considerando sólo los confirmados por la PCR, señala que Cataluña encabeza con diferencia el ranking español con 83 casos, seguido de Castilla y León con 78, Castilla-La Mancha con 44 y Madrid con 31.
Como se puede constatar, por lo tanto, si bien al inicio pareció que la evolución catalana era mucho más contenida que la gran exposición madrileña, que ha afectado a las dos limítrofes Castillas, con el paso del tiempo la dinámica en nuestro país ha evolucionado más negativamente.
Este hecho explica y justifica la reacción de la Generalitat, que intenta compensar su tardía y errónea actuación. De todos modos, y desde el punto de vista estrictamente sanitario, no se oculta que el planteamiento incorpora algunos agujeros que si se concretan pueden llegar a ser peligrosos.
Uno de ellos es que las nuevas medidas no permiten identificar a los portadores asintomáticos, ni a aquellas personas que ya están afectadas por el coronavirus pero que todavía no presentan síntomas. Este es el aspecto más difícil de combatir y que requiere una política mucho más fina que la adoptada. Concretamente, sería necesario un ejercicio de control más masivo de la población y de tests PCR y la disponibilidad de equipos de rastreo suficientes. Este último punto puede ser otra debilidad del proyecto en el sentido de que a pesar de que se detecte la persona afectada por el coronavirus, si no se dispone de los suficientes recursos humanos y técnicos para identificar y comprobar a todos los contactos, el virus se extenderá. La organización territorial de los CAP les permitirá un buen control del territorio a condición de que dispongan de los recursos humanos suficientes.
La otra dimensión del problema es económica. En la medida en que se retrasa el desconfinamiento se multiplica el daño sobre empresas y trabajadores. La solución pasaría por los mismos ejes ya indicados: controles masivos, localización rápida de las personas que dieran positivo en los tests, presentaran o no síntomas, y rastreo rápido de las relaciones mantenidas por estas personas. Este tipo de acción permitiría confinamientos por zonas reducidas, un sector de la ciudad, un barrio, y permitiría que el conjunto continuara funcionando con normalidad. Se trataría, en definitiva, de una estrategia basada en la localización rápida, la intervención inmediata y el control territorial basado en microconfinamientos.
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