El regreso a primera línea de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha sido presidida por su advertencia de que el estado de alarma continuará más allá de los 15 días de prórroga. Este anuncio es una especie de aviso para navegantes, dado que el gobierno prepara hasta 3 nuevas prórrogas, llevando la anomalía democrática como mínimo hasta finales de junio, y posiblemente más allá. De esta manera España viviría instalada en la excepcionalidad constitucional. Una práctica que le acerca peligrosamente a lo que tanto se ha ido criticando a Hungría.
Esta vía inesperada casa bien con la interpretación presidencialista que tiene Sánchez, y es impulsada por Pablo Iglesias, que ve en esta práctica la forma de moldear el estado de derecho español a un modelo más cercano al tipo de democracia popular de inspiración chavista.
El gobierno lo argumentará como siempre por motivos de la seguridad y de evitar un segundo brote de contagios. Pero este argumento es contradictorio con un proceso de desescalada y de un retorno a la socialización bastante generoso si se atiende a las cifras, y sobre todo si se considera que el problema de fondo de España es que se desconoce la dimensión real de la pandemia por el insuficiente número de pruebas que se han llevado a cabo.
Al principio, esta carencia podía atribuirse a la imprevisión, pero a estas alturas es evidente que no hay un problema de abastecimiento de las pruebas necesarias, especialmente PCR, para detectar el alcance de la infección. Hay en realidad la voluntad de ocultar precisamente este alcance. Esta razón también explica la oscuridad sobre los datos de los tests que se han realizado y que se llevan a cabo cada día y su naturaleza. España no dispone de ninguna estadística pública en este sentido y este hecho implica navegar a ciegas. Todo ello es un pez que se muerde la cola y que las normas especiales que rigen en el estado de alarma facilitan.
La intención de presionar a la sociedad para mantener con carácter indeterminado las limitaciones de las garantías constitucionales, no juega únicamente con el miedo, sino que también lo hace con las ayudas económicas. Es irracional vincular aspectos de estas, como los ERTE, a la duración del estado de alarma en lugar de la situación de la economía, que es el factor determinante para este tipo de medidas.
La excepcionalidad permite cosas tan extrañas como que la Comisión de expertos que asesoran al gobierno sea clandestina, porque el Dr. Simón se ha negado reiteradamente a informar sobre qué personas la componen, obviando así la obligación legal de transparencia que tiene la Administración. Constatamos el absurdo: el conjunto de personas que influyen de manera más decisiva, más que los ministros, en la toma de decisiones del gobierno, son desconocidas. Es otro hecho inaceptable.
España vivirá instalada en la excepcionalidad constitucional. Una práctica que le acerca peligrosamente a lo que tanto se ha ido criticando a Hungría Share on XPara conseguir las prórrogas, el gobierno necesita tres soportes:
Uno es el del PNV, siempre fácil de gestionar porque los vascos siempre tienen un precio por sus votos. Se trata sencillamente de satisfacerlos, como viene haciendo Sánchez desde el inicio de su mandato.
Para ERC, que significa otros votos convenientes, pero no imprescindibles, la cuestión es más compleja. Por un lado, son más económicos que los vascos, porque las concesiones que piden se mueven en el terreno de lo simbólico, pero por otro lado son más inciertos porque la presión rupturista de JxCat los hace vacilar en más de una ocasión. No son tan seguros como aquellos.
Pero la pieza decisiva para conseguir la prórroga es Cs, que una vez más aparece en el escenario con el paso cambiado. Cuando podía hacer un gobierno exclusivo con el PSOE no lo hizo, y ahora que es marginal en la gobernación se dedica a facilitar la excepcionalidad democrática en que vive España, porque si nada cambia, Arrimadas ya tiene comprometido su voto para otorgar una nueva prórroga que nos llevará a finales de mayo.
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