Alarma y confusión a causa de las nuevas medidas que anuncia el Gobierno Sánchez

El Gobierno español ha despertado la alarma al solicitar a las comunidades autónomas un inventario de hoteles, albergues y también polideportivos, para destinarlos a alojar a personas portadoras del coronavirus que no presenten síntomas, especialmente aquellas que trabajen en servicios esenciales como sanitarios, empleados de residencias de ancianos, policías, distribuidores de alimentos, entre otros.

A este fin les serían aplicados test serológicos para los que el Gobierno ha encargado 5 millones de unidades, y que por tanto aún no dispone de ellos. La alarma procede de diversos hechos que acompañan a esta información.

Por una parte, las declaraciones del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, dando a entender que estas personas podrían ser confinadas en espacios públicos de manera obligatoria, y por consiguiente a través de la policía, bajo el argumento de mantener la salud pública, y a pesar de la dudosa constitucionalidad de una medida de este tipo.

Este hecho, ligado a que en la petición de lugares de confinamiento figuren expresamente los polideportivos, da una impresión que, sin lugar a dudas, puede alarmar a los ciudadanos. Los propios expertos que aconsejan al Gobierno no solo aceptan, sino que citan explícitamente el ejemplo chino, concretamente el de los llamados hospitales del arca de Noé, un eufemismo para designar internamientos forzados de sospechosos de tener la enfermedad. Pero claro, China está en las antípodas.

Un interrogante que surge ante este planteamiento gubernamental es por qué se requieren tantos lugares para confinar positivos asintomáticos, tantos como para recurrir a polideportivos, además de hoteles y otros tipos de centros, si una gran parte de estos ciudadanos portadores del coronavirus sin saberlo, disponen de una casa propia donde pasar la cuarentena. El Gobierno debe dar respuesta a estas dudas que contribuyen a acentuar la desconfianza ciudadana ante los continuos vaivenes, que parecen regirse por la ley del péndulo, como sucede con las mascarillas.

Esta nueva iniciativa tiene un punto flaco. Necesita millones de test serológicos para que pueda llevarse a cabo, y de momento estas necesidades están lejos de ser cubiertas.

No es un hecho menor que a pesar de que rija el estado de alerta, que establece el mando último y único al Gobierno español, se produzcan contradicciones, como el que ahora se da entre el anuncio de estas medidas y el que en Cataluña se hayan dado instrucciones al personal médico que acuda al trabajo, aunque presente indicios de poder estar afectado por el Covid-19. Demuestra una pésima coordinación y falta de decisión del Ministerio de Sanidad que admita esta práctica mientras están reflexionando sobre aplicar aquellas medidas extremas de confinamiento, a este mismo perfil de persona.

Al mismo tiempo que el Gobierno plantea esta medida extraordinaria, que requiere, si es que se lleva a cabo, grandes esfuerzos, se mantiene la falta de un plan para abordar la situación de los ancianos en las residencias y la gente mayor que vive en sus respectivos hogares, sobre todo los que viven solos, dada la elevada mortalidad que sufre este grupo de población, y la criba que practican los servicios de salud de algunas comunidades autónomas. En concreto la de Cataluña, que además especifica en escritos oficiales cómo debe llevarse a término este cribaje, sobre el cual existen serias dudas de que no represente un ilícito penal.

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