Los datos oficiales sobre el paro del mes de marzo son un mazazo, que confirma el temor a una crisis económica que, de entrada, tendría un impacto superior a la de Lehman Brothers iniciada en 2008.
El número de desocupados en Cataluña ha aumentado en 21.883, un 5,52%, y sitúa el total en 417.047. Pero aquella cifra solo da una idea aproximada de la magnitud del problema Porque además hay la voluminosa magnitud de 571.400 personas sujetas a un ERTO, lo que significa el 16,4% de la población activa. Además, los autónomos, que son un colectivo muy importante en la economía catalana, no están contabilizados en aquellas cifras.
Por tanto, siendo malas desgraciadamente no describen bien la situación con la que nos encontraremos al inicio del verano, más todavía, porque resulta difícil que las habituales contrataciones para la campaña turística se produzcan en una dimensión semejante a la de los años precedentes.
Pero, por otra parte, y es una paradoja que no debería darse, el sector agrario ve acercarse el periodo de máxima actividad faltado de trabajadores temporales para las tareas de recolección, como consecuencia del cierre de fronteras a este tipo población. En el caso concreto de Cataluña, el sector de la fruta dulce, sobre todo concentrado en Lleida, pude registrar un grave problema, si la Generalitat no toma medidas para impulsar que trabajadores en paro acudan a la recolección agrícola, como vienen haciendo Alemania y Austria. Una llamada en este sentido ya ha sido formulada por el ministro de Agricultura.
Los datos del paro en España son incluso peores que los de Cataluña, con un aumento de algo más del 9%, incrementándose en 302.365 trabajadores, lo que sitúa la cifra total en 3.548.312 desempleados, la más alta del registro desde abril de 2017.
No es descartable que al final el paro se acerque a los 6 millones, y doble la cifra actual, si la inactividad se mantiene reducida tanto por el coronavirus como por la reducción radical del turismo.
La previsión de la caída del PIB, según los expertos de FUNCAS experimentará un fuerte descenso, que culminará al final del segundo trimestre con una caída cercana al 10%. A partir de aquella fecha se produciría una rápida recuperación que dejaría la situación a final de año con un PIB ligeramente por debajo al de diciembre 2019. Por tanto, se producía una recuperación fuerte en forma de V dentro de este año. Pero estas mismas previsiones señalan que a lo largo de 2021 el crecimiento quedaría estancado, y solo al final de aquel año alcanzaría la dimensión que tenía al acabar el 2019.
Naturalmente, estas son estimaciones muy difíciles de realizar en las actuales condiciones de incertidumbre. Ni tan siquiera sabemos si la situación de gran confinamiento, el más rígido de Europa, será levantada, o por el contrario se prolongará, y si la llegada del buen tiempo frenará realmente al coronavirus, o esta es una hipótesis que carece de fundamento.
Hoy por hoy, y con los datos del barómetro de Deloitte parece claro que el factor económico que quedará más afectado será precisamente el empleo. Al menos esta es la opinión del 49% de las empresas consultadas. Los sectores más afectados, según la opinión de los propios encuestados, los empresarios, son la construcción y obra pública, el transporte, y de una manera especialmente aguda, el ocio y los medios de comunicación. También será muy importante el impacto negativo en los servicios y la consultoría, que registra una elevada proporción de autónomos, y la hostelería y turismo.
Y la buena noticia de todo esto es que la Comisión Europea ha propuesto un reaseguro de paro comunitario por valor de 100.000 millones de euros para financiar los ERTO, lo cual significa una buena inyección de aire para el asfixiado Gobierno de Sánchez, que a juicio de los empresarios, en la indicada encuesta de Deloitte, ha realizado para un 62% de ellos una gestión mala o muy mala, mientras que solo un 24% la considera muy buena o buena, con el añadido que quienes opinan que ha sido muy buena son solo el 3%, mientras que quienes la califican de muy mala suman el 30%.
Ante esta situación de desempleo masivo, el Gobierno debería de adoptar medidas mucho mejores que la panoplia de subsidios que hasta ahora ha venido generando, porque estas ayudas que son necesarias, incluso insuficientes, palían pero no resuelven.
Una parte del gasto público debería dirigirse a producir aquellos recursos, aquel material médico crítico del que existe una enorme demanda insatisfecha que se traduce en sufrimiento y muerte, y que con las adecuadas transformaciones o incentivos podría producirse en España.
En este terreno incluso Trump va más lejos que Sánchez, porque el pasado viernes invocó la ley de producción de defensa para requerir que General Motors acepte, ejecute y dé prioridad a los contratos federales para fabricar respiradores. Algo parecido podríamos decir aquí, con relación a la ingente cantidad de mascarillas y otro material de protección personal necesarios, además de los propios respiradores. La capacidad técnica e industrial de España es suficiente para producirlos, otra cosa es el coste de la adaptación y su competitividad, pero esto es precisamente lo que debería planificar con un programa de incentivos el Gobierno Sánchez y que de momento no hace. En realidad ahora se paga la consecuencia de que España hace muchísimos años que carece de una política industrial digna de este nombre.
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