Los perfiles estilizados de este escenario no señalan el continuado crecimiento de la epidemia y de las defunciones. Estamos lejos de que la curva sea contenida, tanto que cuestiona su misma dirección. No se actuó de acuerdo con los que señalaban los modelos predictivos a medio plazo, y se adoptó una estrategia de contención pasiva, en lugar de activa, que estaba condenada al fracaso ante unos focos que se transmiten con tanta facilidad. Está por ver los costes políticos de todo esto. En todo caso, los económicos serán muy grandes.
Las instituciones del Estado se ven sometidas a una doble y gravísima crisis, la de la respuesta a la pandemia y la que experimenta la figura del Rey. Las caceroladas, particularmente intensas en Cataluña, pero generalizadas en toda España, no son una anécdota. Dos interrogantes nada menores están planteados ¿Cuál será el papel de Iglesias y hasta qué punto Sánchez está dispuesto a sacrificarse para proteger a la monarquía?
Por otra parte, el Gobierno español necesita un presupuesto de emergencia para lo que queda de año. Ni le sirve el que tenía previsto, ni puede continuar funcionando con otro presupuesto prorrogado. Las circunstancias, la forma como se produjo el reciente debate, hacen que esta necesidad pueda ser bien cubierta con un presupuesto de consenso con el Partido Popular, aunque esto podría tensionar las relaciones con Unidas Podemos.
En realidad, y como afirma el propio Gobierno, estamos ante una situación de guerra. El problema es que todavía no se ha adoptado el proyecto económico que responda realmente a este planteamiento, es decir, a una economía de guerra, que empezaría por estimular o forzar a determinadas actividades industriales a transformar su producción para producir aquellos bienes necesarios, que ahora se encuentran con una demanda insatisfecha. Una situación que afecta específicamente a la sanidad. También se habría agilizado la transformación de hoteles vacíos en hospitales “limpios” para acoger a aquellos enfermos que no necesitan de instalaciones especiales y no están infectados. Es otra tarea en la que el Gobierno va con retraso.
El acreditado Instituto de Virología de Alemania considera que esta pandemia durará unos dos años y actuará por oleadas. Si esto fuera cierto, nos situaría en un estado difícil hasta finales de invierno de 2022. En cualquier caso, está claro que la solución no llegará hasta disponer de una vacuna, algo que la mayoría de previsiones sitúan para dentro de un año, más el tiempo para su uso masificado, aunque otras más optimistas señalan que es posible para inicios de este invierno. Una previsión podría ser en el caso español, que el pico de la crisis se alcanzará en todo o buena parte del mes de abril, para remitir significativamente desde la segunda mitad de mayo, y sin desaparecer del todo pudiera resurgir con fuerza en noviembre. En cualquier caso, el Gobierno tiene el deber de abordar el problema, no con la visión de vuelo gallináceo con la que hasta ahora ha venido funcionando, sino con previsiones a medio y largo plazo y políticas públicas que se acomoden a ellas.
España previsiblemente entrará en recesión este año, como el conjunto de la zona euro cuyas previsiones auguran una reducción de entre el 15% y el 22% del PIB, hasta ahora estimado. Por consiguiente, el impacto económico será de consideración. De ahí la necesidad de articular una economía de guerra, que no solo debe velar por la situación social de todos los ciudadanos, sino que deberá exigirles al mismo tiempo un esfuerzo inusual. ¿Es concebible en las actuales circunstancias unas vacaciones plenas en el mes de agosto como si nada sucediera?
El Gobierno de la Generalitat y el independentismo se han constituido en la nota más discordante en todo este escenario, sin pensar que sus actitudes pasarán factura. La forma como ha gestionado el Gobierno español la crisis es obviamente criticable, pero no por razón de su centralismo, sino por su falta de capacidad, la misma que manifiesta y acrecienta el Gobierno de la Generalitat.
Es necesario articular una economía de guerra, que no solo debe velar por la situación social de todos los ciudadanos, sino que deberá exigirles al mismo tiempo un esfuerzo inusual Share on XSu visión de resolver el problema a base de levantar una especie de frontera con el resto de España es absurda y su prédica de un confinamiento total de los ciudadanos cerrando toda la producción del país, tiene su contrapunto en la actitud del Gobierno vasco, que más bien preconiza el mantenimiento de la industria compatible con el máximo de seguridad.
La única decisión importante que ha tomado Torra y su gobierno tiene un resultado lamentable. Se trata del confinamiento de Igualada y su entorno, la Conca d’Odena, que se realizó sin adoptar y concentrar los recursos necesarios. El resultado es que el hospital de Igualada se encuentra desbordado por falta de personal. La muy mejorable consejera de Salud, Alba Vergés, no puede justificar la falta de recursos y personal a base de decir que tienen necesidad de recopilar más información previa, porque eso es demostrar la improvisación con que se ha funcionado.
No se puede cerrar un foco sin previamente aportar los medios extraordinarios para que puedan hacer frente a esta difícil contingencia. La Generalitat ha condenado con su improvisación a 70.000 catalanes a vivir en un estado de angustia y de riesgo imperdonables. Acostumbrados a vivir en el mundo de ficción de la República, que todo lo soporta, son incapaces de abordar la realidad y esto es muy peligroso en las circunstancias actuales, porque están utilizando el alarmismo y la tragedia para cubrir su incompetencia y para desarrollar su política de enfrentamiento con el Gobierno español.
La Consejera de Sanidad no puede alarmar a los ciudadanos saliendo a informar que en pocos días el sistema quedará colapsado, porque este anuncio no justificará para nada su inanidad. Su tarea es trabajar para que este posible colapso no llegue, o sea el menor posible. Y hay que decir que hasta ahora nada se ha hecho. Está en manos del Gobierno de la Generalitat evitarlo trasladando enfermos de los hospitales a hoteles medicalizados en todos aquellos casos en los que la razón de su internamiento no es el virus, ni están sujetos a necesidades de tratamiento muy específicas. Nada de esto se ha hecho.
Mientras, Cataluña va a entrar en una fase crítica a la que llega con retraso. Los datos del día 19 son preocupantes: se ha llegado a los 2.702 casos, con 92 de graves y 55 muertos. Ha sido el mayor incremento en un día, y el problema adicional es que acentúe la histeria del Gobierno, que debería centrarse en dar respuestas como por ejemplo esta: ¿Cómo es posible que existan 228 sanitarios contagiados? ¿con qué medidas de prevención trabaja el Departamento de Sanidad?
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