La Generalitat dispuso de las competencias exclusivas en materia de Agricultura, ganadería y bosques muy al inicio de su autogobierno, a principios de los años ‘80. De esta manera el sector agrario se convirtió, en los primeros gobiernos de Jordi Pujol, en una enseña de la nueva autoridad catalana, a pesar de la escasez de recursos económicos disponibles.

El mundo rural, y con él el sector agrario, era para la Generalitat un grupo social prioritario para las políticas del Gobierno. El hecho de mantener en un solo departamento todo el ámbito rural, incluido el forestal, que ahora forma parte del departamento de territorio y sostenibilidad, permitía una política mucho más coherente. Las competencias exclusivas fueron ejercidas a fondo, no sin polémicas, como por ejemplo sucedió cuando el Departamento de Agricultura decretó la frontera sanitaria para el ganado equino con motivo de los casos que se habían producido en Andalucía y en previsión de los Juegos Olímpicos. La guardería forestal interceptaba y hacía retroceder el transporte de estos animales en los límites de Cataluña.

Con el independentismo todo esto tiene otro perfil. El mundo rural ha pasado a un tercer plano, el Departamento de Agricultura ha sido troceado y su principal actividad ahora es la de actuar como gestoría de las ayudas europeas, sin ninguna veleidad para desarrollar políticas públicas específicas.

Este es el contexto en que se produce la gran protesta del sector agrario español y de la España vaciada, que tiene su correlato en Cataluña. También aquí cientos y cientos de tractores salen a la calle; también aquí numerosas comarcas del sur de Cataluña y de los pre pirineos ven como desaparece su población y envejece a pasos acelerados. Baste con señalar que, en algunas de las comarcas del Ebro como Ribera de Ebro, el principal componente de la renta percibida no son los salarios, ni las rentas del capital, ni los beneficios empresariales, sino las pensiones.

Los problemas del sector agrícola catalán no son en lo sustancial distintos a los del resto de España. Uno de clave y bien conocido es el reducir la participación en la cadena de valor del producto agrario hasta que llega a manos del consumidor. Otro es el de los costes derivados de unas estructuras de producción demasiado pequeñas, a pesar de que el número de agricultores a plena dedicación es reducido, lo que permitiría bajo la dirección de la administración agraria una reordenación que no afectaría la propiedad pero sí determinaría unidades de producción y gestión mucho mayores, asesoradas directamente por los técnicos del departamento, que son muchos porque están dimensionados para 30 años atrás.

Un tercer problema es la competencia global desequilibrada. Los agricultores catalanes deben competir con producciones que vienen de terceros países, que tienen reglamentaciones mucho menos exigentes que las que rigen en el seno de la Unión Europea, y que como toda normativa a cumplir determina mayores costes. Este factor diferencial no es contemplado por los gobiernos y por consiguiente tampoco compensado.

Una causa fundamental de todo el problema es el escaso peso político del sector agrario que hace que se adopten medidas que perjudican, sin contrapartidas ni consideraciones hacia sus consecuencias. Es el caso de las sanciones contra Rusia por la situación de Ucrania, que determinaron el boicot ruso a las importaciones de fruta. Un hecho que viene castigando a los países del sur y en el caso de Cataluña a los productores de fruta dulce, siendo las comarcas de Lleida las más afectadas. A pesar de ello, ni la UE, ni el Gobierno español, ni la Generalitat han adoptado medidas compensatorias, permitiendo que la crisis se acumulara y creciera año tras año.

Hoy por hoy, Cataluña no dispone de ninguna política agraria digna de tal nombre, que se traduzca en hechos, más allá de la elaboración de papeles, celebración de conferencias y otros eventos dirigidos a la imagen. Pero claro, crear imágenes puede ayudar, pero si detrás de ellas solo se encuentra el vacío, y además se penetra en una atmósfera de turbulencias por la acumulación de crisis, solo sirven para dar o al menos aparentar una sensación de engaño. Un enmascaramiento para para evitar, sin conseguirlo, aparentar que se actúa.

La política del sector agrario en su sentido completo, es decir también el forestal y el agroindustrial, es otro de los agujeros negros del Gobierno de la Generalitat Share on X

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