El presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu, ha declarado en la comisión parlamentaria que trata sobre los efectos del 155 en Cataluña, y a consecuencia de varias preguntas formuladas por los diputados, que la razón que llevó a trasladar fuera de Cataluña la sede social del banco fueron las consecuencias del referéndum del 1-O.
Concretamente ha afirmado que entre los días 2, 3 y 4 de octubre todos los indicadores de contingencia sobre la situación financiera del banco se situaron en el grado máximo de alerta, a consecuencia de la retirada en menos de una semana de 4.600 millones de euros de los recursos del banco, bien por retirada de efectivos, bien por cambio de domiciliación de las cuentas corrientes.
Más de la mitad de esta cifra tuvo su origen en Cataluña, mientras que el resto fueron salidas producidas en las oficinas del resto de España. Por tanto, en el transcurso de poco más de tres días, los catalanes retiraron de un solo banco más de 2.300 millones de euros por temor a que se avanzara en el proceso independentista. Esta conclusión confirma la impresión general que ya existía sobre la profunda repercusión que tuvo la posibilidad de la independencia catalana, a pesar de que esta y por lo que conocemos ahora, nunca estuvo sobre la mesa de los autores de la iniciativa.
Oliu también ha desmentido que las salidas de recursos estuvieran ocasionadas por el sector público central, ya que ha manifestado que, por el contrario, a lo largo del mes de octubre los depósitos de este sector aumentaron en su caso concreto en 1.000 millones de euros. Desmiente así la teoría formulada por los sectores independentistas de que las salidas de dinero no eran de la gente, sino de los recursos públicos.
También identifica claramente la causa del problema con el riesgo de la independencia, porque la rápida salida de capital se detuvo también muy rápidamente a partir del momento en que trasladaron la sede del Banco de Sabadell a Alicante. Tanto es así que, a finales de año, menos de tres meses después, habían recuperado la magnitud perdida superándola incluso en 700 millones.
Muy claro y concreto ha sido Josep Oliu en sede parlamentaria al afirmar que ya en 2015 había advertido a Artur Mas de que todas las informaciones que le llegaban de la red de oficinas alertaban que el camino emprendido por el procés tendría consecuencias contundentes en el ámbito financiero. Mas, como es evidente, ignoró estas informaciones profesionales, como también lo hicieron posteriormente el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras, que también fueron informados en el mismo sentido. Por lo tanto, la dirigencia del independentismo sabía que se podrían producir fuertes repercusiones que desestabilizaran los dos bancos catalanes, y con ellos lo que queda del sistema financiero propio de Cataluña, ya que las cajas habían quedado liquidadas con la crisis del sector. A pesar del conocimiento de esta grave perturbación potencial, el tema nunca estuvo sobre la mesa ni del Estado Mayor del procés ni del gobierno de la Generalitat, lo que dice poco a favor de su capacidad de velar por los intereses reales del país. Preferían ignorar un riesgo claro porque les era adverso a sus tesis, que tenerlo en cuenta y actuar de manera consecuente con él.
