De la mesa de negociación inicialmente pactada por ERC con el gobierno español a la actual hay una gran diferencia. El proyecto era un ámbito de negociación formada por la representación del gobierno de la Generalitat y el español.
En un principio no estaba prevista la presencia de los respectivos presidentes del gobierno español y de la Generalitat, y fue Torra quien consiguió introducirla pasando a situarse así en el centro del escenario. Y es que la capacidad de movimiento político de Esquerra se ve limitada porque no ostenta la máxima representación de la institución catalana, y por tanto cada vez que se formalizará algún aspecto en que ésta se haga presente, como es el caso, de forma automática la iniciativa pasa al presidente de la Generalitat. De todos modos, era un cambio lógico. Ningún presidente deja que se negocie en nombre de la institución sin tener vara alta.
Pero la transmutación final ha modificado todavía mucho más y ha obedecido al interés político de Puigdemont. Porque ahora, tal como queda configurada la mesa, con ocho miembros por parte de la Generalitat y ocho por parte del gobierno español, que por la parte catalana se distribuyen entre ERC y JxCat, se da la anomalía de que sólo hay dos consellers del gobierno, Alfred Bosch (ERC) y Jordi Puigneró (JxCat), uno de los candidatos in pectore a la presidencia de la Generalitat. La parte catalana se completa con Elsa Artadi (JxCat), que en la actualidad ni siquiera está en la Generalitat, sino que es presidenta del grupo municipal de esta organización, Marta Vilalta (portavoz de ERC) y Josep Maria Jové (ERC), con la particularidad de que este último es un imputado en una de las causas del procés, así como Josep Rius (JxCAT), antes responsable de Presidencia.
Por parte del Gobierno central, está compuesta, además de por Pedro Sánchez, por dos vicepresidentes, Iglesias y Calvo, y cinco ministros. La diferencia cualitativa es considerable. No es por tanto cierto que por la parte catalana la representación sea del gobierno, sino de los partidos que gobiernan, que no es exactamente lo mismo.
Este hecho hace aún más patente el error de perspectiva, que quien se somete es el gobierno español: el de hacer equivalente la representación de Cataluña al independentismo, cuando es evidente que no es así.
Formalmente este hecho se podía maquillar si se hubiera ubicado todo en el plano de los consellers y ministros, pero en el momento en que aparecen personas que se hacen presentes por su papel en sus partidos independentistas, queda claro que se hablará en nombre de Cataluña desde la perspectiva ideológica de unos partidos concretos y no del conjunto.
El escenario descrito confiere una gran ventaja a aquellas formaciones catalanas de cara a las próximas elecciones, y desincentivan la participación de los que no se sienten representados por aquellos partidos, porque constatan que, incluso desde el gobierno español, se les otorga la palabra para hablar en nombre de todos. La idea de que no hay nada que hacer es desmotivadora. Hasta qué punto el PSC es consciente de esta consecuencia es un misterio. En todo caso, su dirección, empezando por el propio Iceta, tiene suficiente experiencia política para no pasarlo por alto, más cuando la desmovilización afectará también a una parte de su electorado, aquel en el que pesará más la buena relación entre el gobierno de Sánchez y el independentismo que la etiqueta de partido.
Cabe recordar que la propuesta inicial socialista era una mesa de partidos. Este hecho tenía la virtud que permitía una representación del conjunto del Parlamento de Cataluña y, por tanto, una negociación en un marco más plural. Naturalmente, este escenario no era querido por ERC y como es quien tiene la sartén por el mango con las negociaciones en Madrid, porque tiene en sus manos la aprobación del techo de gasto presupuestario primero y la del presupuesto después, lo que ha prevalecido es su decisión de limitarlo a las fuerzas independentistas.
