El gobierno de Pedro Sánchez está preocupado por el estallido del campo español. Y no es para menos.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional en el mundo agrario ha tenido ya consecuencias para las empresas agrícolas, que arrastran serios problemas estructurales, y dificultades añadidas como la imposición de nuevos aranceles a productos españoles.
Los últimos datos del paro han mostrado un descenso preocupante del empleo en el campo, más de un 6 por ciento en el último año. Atribuir a la mala cosecha de la aceituna el hecho de que se haya destruido 15 veces más empleo en el sector agrario que en el resto de sectores, no es de recibo.
El problema más grave es que el precio al que se ve obligado a vender el agricultor, en muchos productos alimentarios, es inferior al de coste de producirlo.