El secretario del Parlamento ya ha preparado la documentación para acreditar la sustitución de Torra como diputado, pero evidentemente es la Mesa, y sobre todo el Presidente, quien debe decir la última palabra.
En principio, toda esta complicada situación ocasionada por la intervención de la Junta Electoral de Cataluña, y la no admisión del recurso por parte del Tribunal Supremo debería tener una solución funcional que no cargaría de problemas a la institución parlamentaria: Torra deja de ser diputado y continúa como presidente, porque la condición para serlo se concreta en el momento de su elección y no en el ejercicio posterior del cargo. Esta es una interpretación jurídica suficientemente fundamentada como para que el presidente de la Generalitat pudiera esperar los meses necesarios en su cargo hasta que se produjera la decisión, entonces sí definitiva, del Tribunal Supremo. Pero no es así, y la pugna entre ERC, que intenta proteger a Torrent, y JxCAT, que aprovecha la ocasión para mantener vivo el conflicto con las instituciones del estado, crea una situación compleja que no hace ningún favor a la institución parlamentaria.
La Assemblea Nacional Catalana, por su parte, ya se ha pronunciado considerando que Torra debe mantenerse como diputado y que esta es la posición que debe adoptar el Parlamento para «respetar y defender la soberanía que le he depositado». Y añade que «la Assemblea da todo el apoyo a la máxima institución legislativa de Cataluña en defensa de la soberanía de Cataluña y responderá con movilizaciones a cualquier ataque del estado». Ya tenemos aquí anunciada la apertura de un nuevo posible conflicto político y en la calle, en pleno proceso de inicio de la mesa negociadora con el gobierno Sánchez. El razonamiento de la ANC es el propio para el consumo interior.
El problema es que el Parlamento catalán no es soberano y debe acatar la legislación española, lo que a estas alturas es evidente por las repercusiones negativas que ha tenido querer olvidar este punto tan esencial. De acuerdo con la legislación catalana, es el Parlamento el que debe decidir, pero esta decisión no la puede hacer fuera del marco que rige toda la actividad administrativa regulada por el estado.
De hecho, soberanía parlamentaria hoy en Europa no existe al cien por cien, porque incluso los parlamentos estatales están sometidos a la legislación de la Comisión Europea. Es el caso de Polonia, que a finales del año pasado se vio en la necesidad de modificar su legislación sobre los jueces y el Tribunal Supremo, porque la Comisión Europea y después el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea consideraron que no respetaba el derecho comunitario.
Es del todo evidente que este incidente no favorece la línea de ERC, que quiere iniciar un periodo de convivencia política con el gobierno español y contribuir a aprobar el presupuesto del estado, al tiempo que el gobierno de Sánchez promueve las primeras actuaciones para resolver la situación de los presos, introduciendo los cambios legales que permitan reducir las penas y en la práctica dejar sin efecto la sentencia.
También está en juego la mayor o menor proximidad de la convocatoria de unas elecciones en Cataluña, que no son vistas con malos ojos por parte de ERC, pero que topan con el rechazo de Torra y JxCAT.
Al final la posible tormenta ha quedado reducida a una nada, al acordar la propia mesa del parlamento la retirada del escaño de Torra, contraviniendo así la voluntad del Presidente y de JxCat. Por primera vez ERC se ha alineado en la misma posición que Cs y PSC.
Este hecho puede tener como consecuencia una crisis de gobierno, dado que parece difícil que sea asumible que en un tema de esta importancia los dos socios mantengan posiciones contrapuestas. También es una demostración de que ERC quiere avanzar de manera imparable por la vía del acuerdo alcanzado con el gobierno español ya que, de lo contrario, no se habría producido esta importante disparidad de criterios, que también es en buena parte opuesta a la posición mencionada de la ANC. Aunque aquí hay margen para la interpretación, porque ha sido el propio Parlamento en uso de su soberanía quien lo ha decidido, está claro que lo ha hecho a instancias de la JEC. En definitiva, hoy se abre un nuevo capítulo que puede culminar con unas elecciones anticipadas.
