Tras años de amenazas sobre un aumento impositivo en el diésel, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podría estar estudiando su definitiva aplicación para esta legislatura. Según Montero, debe de haber un desarrollo de la política fiscal verde que permita acompañar al sector productivo para lograr una economía neutra en carbono.
Ya Pedro Sánchez hace un año anunció su intención de elevar en 3,8 céntimos la carga impositiva del diésel para recaudar en torno a 670 millones de euros. Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también se refirió al diésel declarando que “tiene los días contados”. Año y medio después, con la nueva legislatura en marcha y pese a que una fiscalidad más severa sobre el diésel no esté presente en el pacto sellado entre PSOE y Unidas Podemos, puede ser una de las piezas de la nueva Ley de Cambio Climático, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aspira a tener lista en los próximos meses.
El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático elaborado por el Gobierno de Sánchez en febrero de 2019 aseguraba que se iba «a trabajar para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050». En la Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética que presentaron en la anterior legislatura Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común, instaba a «una reforma del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, de forma que la cuota tributaria dependa exclusivamente de las emisiones por kilómetro de cada vehículo, considerando las emisiones respecto de los coches disponibles en venta».
Las continuas amenazas por parte de las autoridades están infundiendo un alto grado de incertidumbre no sólo ya al mercado de turismos, sino también a todo el transporte. Entre otros efectos, el comprador está optando cada vez más por el renting, con la intención de esperar a que se vislumbre un escenario más delimitado. Siguiendo esta línea, hace unos días la alcaldesa de Barcelona Ada Colau propuso al Aeropuerto de Barcelona-El Prat eliminar todos aquellos vuelos en los que tengan una alternativa ferroviaria