IDEAS PREVIAS.
– Es estéril debatir aquí y ahora las causas históricas y actuales de este conflicto y, más aún, las responsabilidades políticas que de él se derivan.
– Ha de plantearse en sus exactos términos: no se trata de un problema catalán, sino del problema español de la estructura territorial del Estado, es decir, del reparto del poder. Un problema que se ha ido agravando con el paso del tiempo, hasta desembocar en una situación de potencial emergencia, la más grave vivida en España desde el comienzo de la Transición.
– Es un problema político. Por tanto, sólo puede afrontarse con la palabra como instrumento, la ley como marco y la política como tarea. Con respeto a la realidad de los hechos (las cosas son como son y no como quisiéramos que fuesen), con respeto al marco normativo vigente (la alternativa a la norma sólo es la violencia ejercida de una u otra forma) y con respeto al adversario (su desprecio lleva siempre a su negación –España no existe, el Estado está en coma, Cataluña no es una nación, el problema catalán es fruto de la crisis económica…-, y a la consecuente infravaloración de su capacidad de reacción y de resistencia.
– De lo que se deriva que es imprescindible el diálogo, pero no un diálogo informativo (nos lo hemos dicho todo mil veces); no un diálogo dialéctico (las posiciones están cristalizadas y no nos convenceremos recíprocamente de nada), sino un diálogo transaccional (hecho de recíprocas concesiones en temas sensibles), que se concrete en un pacto –en un apaño- que no pretenda ser para siempre (la palabra “siempre” no existe en política) sino para una o dos generaciones, puesto que, en el marco europeo y global, el cambio es y será tan acelerado que resulta imposible prever el inmediato futuro. Todo ello sin una mala palabra, sin un mal gesto, sin una mala actitud. Sin la arrogancia que tantas veces encubre un complejo de inferioridad.
– Hay que precisar, además, que no se trata de trasladar el modelo vasco a Cataluña. Las circunstancias, dimensiones e impactos en el Estado son diferentes para el País Vasco y Cataluña.
DIÁLOGO TRANSACCIONAL.
- Temas sobre los que ha de recaer:
- Reconocimiento de Cataluña como nación.
- Competencias identitarias (en lengua, enseñanza y cultura) exclusivas de la Generalidad, dentro del marco de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
- Financiación:
- Fijación de un límite a la aportación al fondo de solidaridad, mediante el establecimiento de un tope porcentual o la implantación efectiva del principio de ordinalidad.
- Establecimiento de una Agencia Tributaria compartida por el Estado y la Generalidad.
- Consulta (referéndum de ratificación) a los ciudadanos catalanes acerca de si aceptan o no la propuesta del pacto alcanzado por los Gobiernos del Estado y la Generalidad, que recoja los acuerdos logrados sobre los tres puntos precedentes.
- El diálogo transaccional sobre los cuatro temas precedentes exige e implica no poner sobre la mesa de debate la independencia de Cataluña (derecho de autodeterminación y derecho a decidir) ni la relación bilateral (confederal) de Cataluña con el resto de España.
- Procedimiento a seguir:
- La propuesta de diálogo ha de partir del Gobierno central, una vez éste haya asumido que el diálogo transaccional es la única vía para encauzar el problema. Y, a su vez, esta propuesta exige un previo principio de acuerdo entre la mayoría de los partidos constitucionalistas españoles (sobre este tema, el Gobierno -sea del partido que sea- no puede entrar en un proceso negociador sin el respaldo de la oposición)
- La negociación habrá de formalizarse dentro del marco institucional y sin la intervención de ningún tipo de mediador.
- Se ha de plasmar en una reforma del Estatuto de Cataluña y de la LOFCA, eludiendo expresamente la reforma constitucional por su dilación en el tiempo y por la dificultad de alcanzar un consenso entre las diversas fuerzas políticas.
DIFICULTADES.
- Resulta hoy por hoy extraordinariamente difícil alcanzar un principio de consenso sobre dicha propuesta entre el Gobierno central y la oposición; un consenso que sólo será posible cuando una y otra tengan el coraje de admitir que la perpetuación de este problema conducirá inexorablemente a la desestabilización de toda España (que repercutirá en todo el sistema autonómico sin excepción) así como a un grave deterioro de su imagen internacional.
- También es negativamente decisiva la inexistencia actual de un líder catalán que tenga el coraje de decir la verdad a los ciudadanos catalanes independentistas, es decir, que reconozca que aquí y ahora la independencia no es posible, y que perseverar en este vano intento sólo conducirá a la consolidación y agravamiento de la fractura social de Cataluña, a su erosión económica y a la pérdida de oportunidades.
- Por último, la política internacional está entrando en una etapa, previsiblemente larga, de muy fuertes turbulencias económicas, políticas y geoestratégicas. En este marco, ninguna ayuda vendrá de fuera para resolver nuestro problema. Antes al contrario, la crisis internacional puede contribuir a agudizarlo. En consecuencia, nuestro futuro está exclusivamente en nuestras manos.
EL APOYO QUE SE PRECISA.
- La situación sólo se puede desbloquear si, por una parte, el Gobierno español y, al menos, el primer partido de la oposición (el Partido Popular) llegan a un principio de acuerdo sobre el marco de negociación con el Gobierno catalán (surgido de las próximas elecciones) y los independentistas catalanes; y, por otra parte, si todos los independentistas catalanes admiten que, aquí y ahora, la independencia de Cataluña no es posible y sólo queda una salida al conflicto: la negociación.
- Para intentar este desbloqueo es imprescindible que un partido solvente y no implicado directamente en el conflicto se esfuerce en hacer ver a ambas partes enfrentadas las consecuencias perniciosas que para todos comportará la prolongación indefinida del conflicto.
- Esta presión debería ejercerse sobre el Gobierno central, el Partido Popular (Ciudadanos se ha excluido con su “cinturón sanitario”), el Gobierno catalán y los partidos independentistas catalanes.
Barcelona, junio 2019
