Dos son los factores decisivos que determinarán que el pacto entre Sánchez y Unidas Podemos se transforme en realidad o acabe siendo, en buena parte, un brindis al sol.
El primer factor es la evolución del contexto económico. Una parte sustancial de las medidas no tendrían excesivos problemas de aplicación en una fase de expansión del ciclo económico, pero hemos entrado en una fase totalmente contraria.
Las medidas relacionadas con la derogación de aspectos de la legislación laboral de la época de Rajoy, el aumento del salario mínimo, puede afectar a la ocupación en el sentido de ralentizar aún más su crecimiento, básicamente porque el conjunto creará al menos incertidumbre a la hora de llevar a cabo nuevas contrataciones. En este sentido, el predominio de los convenios de sector sobre los de empresa contribuirá a este empeoramiento de la contratación laboral.
Asimismo, el programa ofrece un escaso compromiso con las políticas activas de empleo. El conjunto revela una cierta pereza mental, porque después de tantos meses de negociaciones -recordemos que las primeras comenzaron antes del verano- se podrían haber fabricado unas políticas públicas más sofisticadas, como tienen otros países, que, además de proteger en una mayor medida al trabajador, mantuvieran buenas condiciones de flexibilidad a la empresa para adaptarse al ciclo económico. Los ejemplos de Alemania, Austria y Dinamarca, entre otros, son bastante ilustrativos del tipo de camino que se podría adoptar y que no se ha hecho. Por lo tanto, todo el paquete de medidas laborales no prosperará si el paro se muestra irreductible.
El segundo factor que puede recortar de forma sustancial los acuerdos es Bruselas, la Comisión Europea. Cabe recordar aquí que cuando el anterior presupuesto, que fue rechazado por el Congreso, Bruselas ya señaló que debía recortarse el gasto con 9.000 millones. Esta premisa sigue vigente, y posiblemente algo empeorada, dado que el déficit de este año será peor de lo comprometido con la Comisión. Pero es que, por otro lado, hay multitud de medidas que generan gasto y que no está nada claro que puedan asumir los nuevos ingresos, producto de los incrementos fiscales.
Señalemos dos grandes capítulos de gasto en contenidos ahora pactados. Uno, el de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, que garantiza sin más retoques un incremento considerable del ya abultado déficit de la Seguridad Social, lo que significa contraer más endeudamiento o, llegados a un punto insostenible, crear una nueva figura impositiva para mantener el equilibrio. Pero, incluso así, la cuestión no es tan simple, porque cada vez más la balanza del gasto público está más desequilibrada a favor de las personas mayores, y perjudica de forma creciente a los jóvenes. El aumento del salario mínimo, por ejemplo, sin medidas complementarias claras, dificultará encontrar trabajo sobre todo en primera ocupación. Esto significa que lloverá sobre mojado, porque el paro ya causa estragos entre la juventud. La segunda gran partida de gasto es el nuevo pacto de la financiación autonómica. El retraso para llevarlo a cabo no ha hecho más que multiplicar la factura y las carencias. Un buen acuerdo significaría un aumento del gasto de unos 30.000 millones de euros.
A partir de esta cifra ya se puede contemplar que, incluso un mal acuerdo generará una factura extraordinariamente elevada. Y eso por no hablar de los compromisos en materia de sanidad, enseñanza, dependencia, vivienda, personas sin hogar y un largo etcétera.
En resumen, lo primero que hay que debatir sobre el pacto y es donde convendría que se centrara el Congreso, es en las cifras. Porque primero y ante todo hay que demostrar que se pueden llevar a cabo, si no acabarán como siempre, leyes sobre más feminismo de género y LGBTI, la liquidación de la religión en la escuela pública, y todas aquellas otras medidas que hagan recaer el peso sobre los ciudadanos y las empresas, y que no representen más gasto para las finanzas del estado.
