El gobierno de Cataluña, el de Torra y el anterior del independentismo, no están para pequeñeces. En 2017 se aprobó una grandiosa ley contra el cambio climático, que lo único que conseguirá será calentar el bolsillo de los catalanes cuando se den cuenta del impuesto que enmascara. Para el resto de las actuaciones, pocas novedades se han producido. Ahora, después de haber «triunfado» contra la emergencia climática, resolvamos el problema de los derechos humanos. En este caso de la mano del gran Síndic de Greuges Rafael Ribó, que le ha entregado el plan de derechos humanos, cuya finalidad es situar Cataluña en el top de los países en cuanto al cumplimiento de estas medidas. Naturalmente el plan incluye de manera destacada todo lo relacionado con los derechos de las mujeres y LGBTI, la democracia de los niños y la democracia garantista. Todas ellas aportaciones de primera línea, porque ya es sabido que la calidad democrática, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña, brilla a escala internacional. Pero ahora con el nuevo plan lo hará más. Como dice Ribó para que nadie se equivoque, «no es una carta a los Reyes Magos, sino un plan que deberá concretarse con leyes y presupuestos». De leyes, el gobierno Torra no va muy sobrado, porque su capacidad legislativa es la menor de toda la historia de la Generalitat. Y en cuanto a presupuestos, ¿qué se puede decir? Para muestra, un botón: el mismo día que Ribó y Torra presentaban el gran plan de los derechos humanos, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) aseguraba que iba a pagar una parte de la deuda que tiene con las entidades que trabajan en este ámbito de atención a la infancia. En concreto, el Tercer Sector Social de Cataluña ha informado de que las facturas impagadas por la Generalitat superan los 13 millones de euros, 6 millones correspondientes a septiembre y 7 millones correspondientes a meses anteriores. Se cree que la cifra es superior, porque ésta sólo contabiliza el 60% de las entidades con centros residenciales para menores.
Mientras se lanzan a la opinión pública grandes planes sobre derechos humanos, compromisos tan elementales como pagar las facturas de aquellos que prestan servicios a un sector tan sensible y necesitado como es el de la infancia, permanecen incumplidos, y como mucho les anuncian que les harán efectiva «una parte» de la deuda. Cabe recordar que, entre otros servicios de mayor dimensión, aquí dentro está el ámbito de los menores extranjeros no acompañados (MENA), una actividad carente de recursos y que deja literalmente en la calle al joven cuando cumple 18 años. La principal medida que el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales ha puesto en marcha para solucionar este problema ha sido exigir que sea eliminada la palabra MENA de todo uso por discriminatoria y culpabilizadora. Como se ve, las medidas que se adoptan son siempre de altos vuelos. Tan alta que al final nos haremos daño.
