Al final, asegurar la vida al gobierno de Torra se traduce en una nueva subida de impuestos para los catalanes. No importa que ya seamos la CCAA más castigada por la presión fiscal por parte del poder autonómico, y también en el caso de la ciudad de Barcelona, que es una de las que registra una mayor voracidad recaptadora. Ahora el acuerdo con los comunes se traduce en que pagamos más.
El pacto se quiere presentar bajo el estándar «Robin Hood» que sirve para justificarlo todo. Las rentas inferiores pagarán menos, y los que tienen más dinero pagarán más. Pero, si se lee la letra pequeña, se verá que la cosa no es tan clara, al margen de la consideración de si es una buena política cargar sobre las rentas medias y altas cuando en el resto de las CCAA cada vez más utilizan este factor para atraer a residentes. Es la baza que ha jugado a fondo Madrid.
Hay que decir que lo que ahora se ha pactado ya se planteó en el presupuesto anterior, pero JxCat se opuso. Ahora lo ha asumido. La razón del comportamiento tan diferente merecería una explicación a la ciudadanía por parte de un partido que cada vez es más difícil saber a quién representa, más allá de a los seguidores de Puigdemont.
El acuerdo consiste en que se aumentará el mínimo exento de 5.550 euros a 6.105 euros. Este hecho beneficiará a las rentas menores de 12.450 euros anuales. Hay que decir que sólo representa una rebaja de 12 millones de euros, que no resuelve la injusticia que sigue vigente: que las rentas más bajas paguen 2,5 puntos por encima de la media de las CCAA españolas.
Si realmente Aragonés y los Comunes quieren exhibir una mejora para la gente que gana menos, deberían recortar estos 2,5 puntos de diferencia. Pero de hacerlo, la disminución de los ingresos de la Generalitat sería muy elevada, mucho más que los 12 millones que ahora se producirá. Se trata, por tanto, de una medida puramente cosmética para poder decir que habrá gente que pagará menos. En realidad el beneficio que sacarán las personas situadas por debajo de los 12.500 euros al mes, una retribución que no llega ni a la de mileurista si consideramos las 14 pagas, será de sólo 58,5 euros al año. La mejora para el bolsillo no llega ni a los 5 euros al mes.
En contrapartida, las rentas más altas, las que se sitúan por encima de los 90.000 euros anuales, tendrán un coste para el ciudadano más sustancial. En el primer tramo, hasta los 120.000 euros, pasarán de tributar el 21,5% al 23,5%, y en el siguiente tramo de 120.000 a 175.000 euros, el incremento será de un punto, hasta el 24,5%.
Como se puede ver, en este caso tampoco es cierto que los que ingresan más también paguen en una mayor proporción, porque los más castigados por el incremento son los de 90.000 a 120.000 euros. La recaudación será de 31 millones que castigará a las clases medias-altas. Hay que recordar una vez más que el impuesto sobre la renta actúa sobre todo en los asalariados y no sobre la población de grandes ingresos, que los percibe generalmente por mecanismos ajenos al IRPF.
El otro varapalo, y éste tiene aún más significación, porque esperan conseguir casi 50 millones de euros, hace referencia al impuesto de sucesiones a partir de 500.000 euros. Dado el incremento de los valores inmobiliarios, es evidente que este umbral incorpora una gran parte de la población catalana. En la ciudad de Barcelona, y en todas aquellas donde el valor de la vivienda ha crecido mucho en los últimos años -también obviamente castiga mucho al mundo rural, porque la propiedad agrícola y forestal que tiene una baja rentabilidad posee un valor patrimonial que en la mayoría de casos sobrepasa el medio millón de euros- las familias, la sucesión entre padres e hijos, se verá de este modo profundamente castigada. Hay que decir que este tipo de fiscalidad existía hasta 2010, pero fue suprimida porque se consideraba injusta. Es evidente que no se trata de un impuesto sobre grandes contribuyentes, sino sobre la inmensa mayoría de catalanes que, además, castiga a las familias con hijos, que se encuentra desatendido por las políticas de la Generalitat.
