Sé que este artículo resultará extraño por dos razones: 1. Por referirse directamente a España –como entidad histórica y como proyecto político-, en defensa de su estabilidad y progreso. 2. Por proponer un remedio para sus males que, hoy por hoy, resulta imposible. No obstante, voy a escribirlo. Quiero que quede constancia escrita, aunque bien sé que irrelevante, de que el profundo mal que la aqueja está diagnosticado desde hace tiempo, y de que su tratamiento para intentar superarlo es también sabido, aunque adolezcamos para aplicarlo de la generosidad y del coraje precisos. Divido a tal fin este texto en tres apartados:
Uno. La España de hoy: activo y pasivo. España es hoy un buen país. Capeó el difícil paso de una dictadura a la democracia mediante una transición posibilista y bien gestionada (de hecho una ruptura efectuada como una reforma), que desembocó en una Constitución consensuada; ha vivido cuatro décadas de paz social y progreso económico, en las que soportó y superó un sostenido y acerbo ataque terrorista; y aún ahora mantiene, pese a algún desafío grave, unas constantes positivas que se expresas en unos indicadores de calidad de vida incontestables. Pero también es cierto que España no es inmune a los desafíos del tiempo presente en forma de globalización, revolución tecnológica y aumento obsceno de las desigualdades internas. Lo que se expresa en una serie de problemas concretos de alto voltaje: la deuda exterior, el paro, las pensiones, el plan energético, la revisión del sistema educativo, del sistema fiscal… Y, además, sobrevuela recurrente sobre todos ellos el conocido como problema catalán, que es –como tantas veces se ha repetido- el problema español de la estructura territorial del Estado, es decir, del reparto del poder. Un problema que ha marcado la vida pública española desde hace más de un siglo. Un problema cuyo encauzamiento ha de ser previo a mi juicio –por tratarse de una cuestión de gobernanza- al intento de resolución del resto de los problemas enumerados. Hay que decirlo de una vez: no puede gobernarse debidamente un país bajo la presión y el desafío constante de un movimiento separatista socialmente arraigado, que ha optado abiertamente por promover la desestabilización del Estado. El Gobierno de España no puede rehuir más esta cuestión capital, y sólo puede afrontarla desde el diálogo y el pacto, rehuyendo el espejismo de una coacción que a nada conduce.
Dos. Lo que España necesitaría. En esta situación, habida cuenta de la gravedad del problema y de la urgencia de su tratamiento, el Gobierno de España debería tomar la iniciativa, ya que ésta corresponde en todo enfrentamiento al que es más fuerte. Y esta iniciativa debería concretarse en una oferta de diálogo sobre una propuesta concreta en cuyo contenido detallado no entro, pero que en todo caso debería centrarse, dentro del marco de la Constitución, en: a) el reconocimiento nacional de Catalunya; b) la atribución exclusiva a la Generalitat de las competencias identitarias (lengua, enseñanza y cultura); c) la limitación de la aportación al fondo de solidaridad y una Agencia Tributaria compartida; y d) la consulta a los ciudadanos catalanes para que ratifiquen, en su caso, el acuerdo adoptado. Ahora bien, resulta evidente que ningún Gobierno de España –ni de derechas ni de izquierdas- podría llegar a un acuerdo de este calado sin la participación y el respaldo de la oposición mayoritaria. Dicho de otra manera: un tema de esta magnitud requiere un pacto de Estado, lo que supone que la mejor manera de hacerlo posible sería, en las actuales circunstancias, un Gobierno de gran coalición izquierda-derecha. Piénsese en el incremento de su autoridad que ello implicaría, con el refuerzo consiguiente de su capacidad negociadora. Porque, aunque pueda parecer lo contrario, se necesita más fuerza moral para negociar y transigir que para dejarlo todo albur de la coacción, que siempre se sabe cómo comienza pero nunca se conoce previamente cómo termina.
Tres. Por qué no es posible. Seguro que una pequeña parte de los lectores que hayan leído hasta aquí pensarán que soy un ingenuo insolvente, mientras que la mayoría juzgarán que estoy sencillamente loco por pedir hoy, en España, un gobierno de gran coalición. Sé que es absolutamente imposible, pero déjenme apuntar dos ideas: Primera. Que sería viable en un país en el que, ante una situación tan comprometida como la española actual, sus políticos fuesen capaces de anteponer el interés general por encima de los intereses propios y de su partido. Segunda. Que tal vez sea la falta de esta clase de políticos la causa por la que los españoles consideren, en las últimas encuestas, como motivo de preocupación grave la forma como se desarrolla hoy la política. Y, entre tanto, pasa el tiempo sin afrontar los temas: los problemas se enquistan y agravan, las esperanzas se agostan y el desencanto cunde. Todo ello ante un otoño incierto, incluso por lo que hace a la economía, tanto a nivel interno como internacional. Es lo que hay.
Publicado en La Vanguardia el 22 de agosto de 2019
