Si en la primera entrega examinábamos cómo el Gobierno utiliza las dificultades políticas e institucionales para eludir responsabilidades, los cinco argumentos restantes presentan otra operación propagandística: seleccionar los resultados favorables y convertirlos en demostración de una gestión extraordinaria.
El método consiste en confundir la aprobación de una ley con la resolución de un problema, una inversión anunciada con una fábrica funcionando y una prestación económica con la desaparición de la necesidad que pretende aliviar.
6. La vivienda es responsabilidad de las comunidades autónomas
El argumento resulta especialmente curioso. El Gobierno aprueba una ley estatal de vivienda, interviene en los arrendamientos, regula los precios y proclama sus iniciativas como grandes conquistas sociales. Pero cuando se le exige responder por la crisis, descubre que las competencias pertenecen a las autonomías.
La Constitución permite a las comunidades asumir competencias en vivienda y urbanismo, pero el Estado conserva instrumentos decisivos en legislación civil, fiscalidad, crédito y política económica.
Lo esencial son los resultados.
Entre 2021 y 2025 se formaron aproximadamente 1,2 millones de nuevos hogares y se terminaron menos de 470.000 viviendas. La diferencia no constituye exactamente el déficit neto, pero ilustra un desequilibrio formidable.
Cataluña permite comprobar los resultados de la regulación. Aplica controles de alquiler desde marzo de 2024. Los nuevos contratos registrados pasaron de 167.842 en 2021 a 108.057 en 2025: casi un 36 % menos.
La regulación ha moderado determinados alquileres, pero el mercado habitual se ha contraído. La caída comenzó antes de aplicarse la ley, por lo que no cabe atribuírsela íntegramente.
Lo que no puede hacerse es presentar como éxito una intervención sobre los precios mientras el acceso a la vivienda continúa deteriorándose.
La responsabilidad es compartida. Precisamente por eso, también corresponde al Gobierno.
7. La economía crece: ¿qué más se puede pedir?
El crecimiento español es real. En el segundo trimestre de 2026, el PIB avanzó un 2,6 % interanual, el desempleo se situó en el 9,87 % y había 22,78 millones de ocupados.
Son buenos resultados. Negarlos sería tan partidista como ocultar sus limitaciones.
La deuda pública, por ejemplo, representaba el 97,1 % del PIB en 2018 y el 101,4 % en el segundo trimestre de 2026. En términos absolutos, pasó de aproximadamente 1,17 a 1,76 billones de euros.
La reducción de la ratio desde los máximos de la pandemia es positiva, pero no significa que la deuda haya disminuido.
Tampoco puede presentarse la estabilidad de precios como un éxito incontestable cuando la inflación interanual alcanzó el 4,9 % en septiembre de 2026, con una subyacente del 3,1 %.
Y hay una distinción fundamental: crecimiento del PIB no equivale a crecimiento de la prosperidad individual.
Es necesario examinar la productividad, el PIB por habitante, los salarios reales y la capacidad de acceso a la vivienda. Una economía puede crecer gracias al aumento de la población y del empleo sin que ese crecimiento se traduzca proporcionalmente en bienestar.
8. La mayor política industrial en décadas
Este es uno de los argumentos que más necesita una buena comprobación.
Existen inversiones importantes: la electrificación de Martorell, la gigafactoría de baterías de Sagunto o el proyecto de hidrógeno verde de Huelva. Merecen reconocimiento.
Pero una cosa son las inversiones ejecutadas y otra, los proyectos anunciados.
Los 10.000 millones asociados al programa de Volkswagen no corresponden exclusivamente a Sagunto. La fábrica de PowerCo prevé producir en 2027. Otros proyectos industriales continúan sujetos a decisiones empresariales y autorizaciones.
¿Y qué sucede con lo que España pierde?
Nissan cerró su producción barcelonesa en 2021, lo que afectó a unos 2.500 trabajadores directos. La recuperación posterior mediante Ebro y Chery es positiva, pero todavía no equivale a la antigua capacidad productiva.
Ford Almussafes perdió alrededor del 71 % de su producción entre 2019 y 2025. BSH cerró su fábrica de Esquíroz, con un expediente que contemplaba 609 despidos. Y la continuidad de SEAT como marca más allá de 2030 sigue sin estar asegurada, aunque SEAT S. A. y CUPRA mantengan su actividad industrial.
El dato decisivo procede de ANFAC: España fabricó 2,82 millones de vehículos en 2018 y solamente 2,27 millones en 2025. Una caída del 19,3 %.
La pandemia, la competencia internacional y la transformación tecnológica explican una parte sustancial del retroceso. Pero no autorizan a borrarlo del balance.
Una política industrial no se mide sumando promesas de inversión, sino comparando la capacidad productiva que se crea con la que desaparece.
9. El salario mínimo, las pensiones y el ingreso mínimo vital
También aquí hay avances que deben reconocerse.
El salario mínimo ha aumentado desde los 735,90 euros mensuales en 2018 hasta los 1.221 euros en 2026, en catorce pagas. El ingreso mínimo vital alcanzaba en septiembre de 2026 a unos 906.000 hogares y 2,76 millones de personas. La actualización de las pensiones con el IPC protege su poder adquisitivo.
Pero una prestación no demuestra que se haya resuelto el problema que la hace necesaria.
El ingreso mínimo vital alivia la pobreza; no acredita su desaparición. La subida del salario mínimo beneficia a sus perceptores; no demuestra que todos los trabajadores hayan recuperado capacidad adquisitiva.
La AIReF ha advertido, además, sobre los riesgos de sostenibilidad a largo plazo de las pensiones.
Un Estado social eficaz no es solamente el que distribuye más recursos, sino el que consigue que menos ciudadanos necesiten asistencia para vivir dignamente.
Y resulta difícil hablar de justicia social cuando una parte de los jóvenes no puede emanciparse ni formar una familia.
10. La amnistía ha acabado con el independentismo
La última falsedad confunde nuevamente correlación con causalidad.
Es cierto que el independentismo perdió su mayoría parlamentaria en Cataluña en mayo de 2024. Pero aquellas elecciones se celebraron antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, en junio.
Su negociación ya era conocida, naturalmente. Sin embargo, atribuir el retroceso electoral a la amnistía exige demostrar una relación causal que no está acreditada.
Intervinieron otros factores: el fracaso de la unilateralidad, los conflictos entre ERC y Junts, la fatiga de la movilización y los cambios en las prioridades ciudadanas.
La amnistía pudo contribuir a reducir la confrontación, pero también fue una concesión decisiva para conseguir la investidura de Sánchez.
Y el Gobierno socialista de Cataluña depende de acuerdos con ERC, que no ha renunciado a la independencia.
La constitucionalidad esencial de la ley, avalada por el Tribunal Constitucional, no liquida el debate sobre su oportunidad política ni demuestra que el conflicto esté resuelto.
El balance que el Gobierno no quiere hacer
Los diez argumentos comparten una misma falsificación del balance político: las acciones se presentan como resultados; los éxitos se atribuyen al Gobierno y los fracasos se trasladan a terceros.
No cabe negar las mejoras del empleo, las prestaciones sociales o las inversiones industriales. Pero tampoco utilizarlas para ocultar el deterioro del acceso a la vivienda, las dificultades de productividad, los riesgos fiscales o la pérdida de capacidad industrial.
La pregunta no es cuántas leyes ha aprobado Sánchez ni cuántos millones ha prometido invertir, sino qué España recibió en 2018, qué España deja en 2026 y qué futuro ofrece a los ciudadanos que tendrán que asumir las consecuencias de sus decisiones.
Ese es el balance que el manual de propaganda intenta evitar.
La economía crece, pero la deuda pública pasó de unos 1,17 a 1,76 billones de euros desde 2018. Y la inflación alcanzó el 4,9% en septiembre. El éxito tiene letra pequeña. #Economía #DeudaPública Compartir en X
