Existe una forma de propaganda política especialmente eficaz: apropiarse de todos los éxitos y atribuir los fracasos a los demás. El Gobierno de Pedro Sánchez y sus defensores han perfeccionado este procedimiento hasta convertirlo en un auténtico manual de autoabsolución.
Cuando la economía crece, el mérito es del presidente. Cuando la vivienda resulta inaccesible, la responsabilidad es de las comunidades autónomas. Cuando consigue aprobar una ley, demuestra su extraordinaria habilidad política. Cuando no resuelve un problema, es porque gobierna en minoría.
El procedimiento tiene una ventaja considerable: permite gobernar durante ocho años sin responder prácticamente de nada.
Examinemos los cinco primeros argumentos de ese manual. Los otros cinco, relativos a economía, vivienda, industria, política social y amnistía, quedan para una segunda entrega.
1. Los problemas son estructurales y necesitan tiempo
La afirmación es cierta. Precisamente por eso constituye una acusación contra el Gobierno, no una justificación de su gestión.
Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018. Ocho años después, ¿puede seguir alegando que la vivienda, la baja natalidad, el deterioro educativo o la escasa productividad son problemas demasiado complejos para exigirle resultados?
La principal responsabilidad de gobernar consiste en anticiparse. Las crisis estructurales no aparecen de improviso. Se anuncian durante años mediante tendencias perfectamente identificables.
Un Gobierno que no anticipa los problemas y después utiliza su gravedad para justificarse está convirtiendo su propia imprevisión en una coartada.
Nadie le exige haber resuelto todas las dificultades de España. Se le exige demostrar que el país está mejor preparado para afrontarlas que cuando llegó al poder. Y ahí comienzan las dificultades de su balance.
2. Gobernar en minoría significa tener poco poder
Este es probablemente el argumento más tramposo de todos, porque confunde deliberadamente el poder legislativo con el ejecutivo.
El artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, además de ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
Nada de esto desaparece por gobernar sin mayoría absoluta.
Sánchez ha dispuesto del aparato de la Administración General del Estado, de la capacidad de nombrar altos cargos, de la iniciativa presupuestaria, de la política exterior y de importantes instrumentos normativos.
La minoría parlamentaria dificulta aprobar determinadas leyes, ciertamente. Pero no impide gobernar.
Además, hay una contradicción formidable: los pactos con numerosos partidos son presentados como demostración de la habilidad política de Sánchez y, simultáneamente, como prueba de su impotencia.
No se puede ser un genio de la negociación para atribuirse los triunfos y una víctima de los mismos acuerdos cuando llegan los fracasos.
La fragmentación parlamentaria puede incluso coexistir con una notable concentración del poder ejecutivo. Lo decisivo no es cuántos socios necesita el presidente, sino cómo ejerce sus competencias y qué controles encuentra.
3. La condena del fiscal general demuestra que Sánchez no controla la Justicia
Otro argumento que utiliza un hecho cierto para obtener una conclusión falsa.
La condena de Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados, con dos años de inhabilitación, demuestra que el Tribunal Supremo pudo actuar contra un alto cargo de extraordinaria relevancia institucional.
Eso acredita que existen contrapesos judiciales efectivos. No demuestra que el Gobierno carezca de influencia política sobre las instituciones.
Son dos cuestiones completamente distintas.
El artículo 117 de la Constitución establece que la justicia emana del pueblo, pero también que la administran jueces y magistrados independientes, sometidos únicamente al imperio de la ley.
La representación parlamentaria del pueblo no convierte a los diputados en superiores jerárquicos de los jueces.
Por otra parte, la renovación del Consejo General del Poder Judicial en 2024, mediante un acuerdo entre PSOE y PP y un reparto negociado de vocales, revela hasta qué punto los partidos mantienen influencia sobre su órgano de gobierno.
Una sentencia independiente no elimina los problemas de politización institucional. De la misma manera, la existencia de jueces que resisten las presiones no demuestra que dichas presiones no existan.
4. RTVE es independiente porque su presidente no fue nombrado por el Gobierno
Formalmente, José Pablo López fue elegido por el Congreso. Pero lo sustancial es cómo se llegó a esa elección.
El Gobierno modificó mediante un real decreto-ley, en octubre de 2024, las reglas de renovación del Consejo de Administración de RTVE. La reforma permitió recurrir a la mayoría absoluta en segunda votación.
El 28 de noviembre, José Pablo López fue elegido presidente con 178 votos, gracias a la mayoría gubernamental y sus socios.
No fue un nombramiento directo del Consejo de Ministros. Fue el resultado de unas reglas modificadas por el Ejecutivo y utilizadas por la mayoría que lo sostenía.
Esto, por sí solo, no demuestra manipulación informativa. Pero destruye la pretensión de presentar el nombramiento como completamente ajeno al poder gubernamental.
¿Y qué decir del argumento de que TV3, Telemadrid o Canal Sur son todavía más partidistas?
Es una excusa infantil. La eventual manipulación de una televisión pública no queda legitimada porque otra manipule más.
El problema es el sometimiento de medios financiados por todos a intereses partidistas, gobierne quien gobierne.
5. Los malos resultados educativos no pueden atribuirse a la LOMLOE
En 2022 podía alegarse que la ley educativa aprobada en 2020 todavía no había desplegado todos sus efectos. Pero los resultados de PISA 2025, publicados por la OCDE en septiembre de 2026, hacen mucho más difícil mantener esa explicación.
España ha pasado de 473 a 457 puntos en matemáticas y de 474 a 451 en comprensión lectora. Son caídas de 16 y 23 puntos, respectivamente.
En lectura, solamente el 2 % de los alumnos españoles alcanza los niveles superiores, frente al 6 % de la media de la OCDE.
No cabe atribuir exclusivamente esta evolución a la LOMLOE. Intervienen factores sociales, tecnológicos y familiares, y también se ha deteriorado el promedio internacional.
Pero tampoco puede eximirse de responsabilidad una política educativa que llevaba varios cursos aplicada.
Culpar a las comunidades gobernadas por el PP requeriría demostrar que su aplicación de la ley explica las diferencias de resultados. No basta con señalar su discrepancia política.
Y recurrir a la polémica sobre la enseñanza religiosa para desviar la discusión es una maniobra que evita lo esencial: qué aprenden los estudiantes, qué conocimientos dominan y qué capacidades están perdiendo.
El Gobierno no puede responsabilizarse de la educación cuando aprueba sus leyes y desentenderse cuando llegan sus resultados.
La verdadera cuestión: ocho años de responsabilidad
Estos cinco argumentos responden a una misma lógica. Las dificultades estructurales explican los fracasos; la minoría parlamentaria limita el poder; las sentencias judiciales prueban la independencia institucional; los nombramientos parlamentarios eximen de responsabilidad sobre RTVE; y los resultados escolares son culpa de otros.
En cada caso se utiliza una parte de la verdad para ocultar otra decisiva.
La democracia necesita algo más exigente que esta contabilidad de conveniencias: necesita que quien gobierna asuma las consecuencias de su poder.
Ocho años después, Sánchez no puede seguir presentándose como un recién llegado que lucha heroicamente contra circunstancias que nunca consigue dominar. Ha gobernado España durante un período suficientemente largo para que sus resultados sean también su responsabilidad.
Gobernar en minoría no significa carecer de poder. El artículo 97 de la Constitución desmiente una de las grandes coartadas del sanchismo. #Gobierno #Constitución Compartir en X
