El Gobierno de Pedro Sánchez decidió desclasificar una cuarentena de documentos para demostrar que nadie había advertido de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el 30 de julio. El resultado ha sido el opuesto. Los papeles no prueban que los servicios de inteligencia anticiparan la llegada exacta de 70.000 o 80.000 personas. Pero sí demuestran que hubo avisos previos, precisos y reiterados sobre la preparación de un asalto por mar y por tierra.
Esta es la primera distinción que hay que establecer. Una cosa es no haber podido calcular las dimensiones extraordinarias del alud. Otra, muy distinta, es afirmar que el Gobierno no fue advertido de una acción masiva que se preparaba para el día siguiente.
El 29 de julio, a las 13.52 horas, el Centro Nacional de Inteligencia comunicó al gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta que en las redes circulaba una convocatoria para un «asalto por valla y mar» al día siguiente. El aviso añadía que quería aprovecharse la Fiesta del Trono, porque las fuerzas de seguridad marroquíes estarían ocupadas, y señalaba que dos de los grupos implicados sumaban 180.000 seguidores.
Estos 180.000 hinchas no eran 180.000 asaltantes confirmados. Presentarlo así sería una exageración. Pero tampoco era un detalle banal. El propio CNI remarcaba el dato para que el destinatario se hiciera una idea del «alcance de la difusión». Cuando una convocatoria para asaltar una frontera llega potencialmente a esa multitud, la respuesta prudente no es esperar a comprobar cuántos acudirán. Es prepararse para el peor escenario razonablemente posible.
El CNI también contactó con la unidad de información de la Guardia Civil y advirtió a los servicios de inteligencia marroquíes, la DGST y la DGED. Por tanto, la información existía y había circulado. El problema ya no puede reducirse a una ausencia de inteligencia. Cabe preguntarse quién la recibió, quién la valoró, hasta dónde ascendió dentro de la estructura del Estado y qué medidas desató.
La respuesta de la Delegación del Gobierno resulta especialmente preocupante. El delegado alegó que él no conoció personalmente los mensajes, que un WhatsApp dirigido a un subordinado no constituye una alerta formal y que, si el CNI hubiera considerado inminente un peligro excepcional, habría remitido un informe por los conductos reglamentarios. Llegó a afirmar que la información debía llegar en un «sobre lacrado» (!).
El argumento puede explicar un defecto de procedimiento. No elimina la responsabilidad política. Si un aviso del CNI sobre un asalto fronterizo que se prevé para el día siguiente queda detenido en el teléfono de un cargo intermedio, no estamos ante una exculpación, sino ante un fallo grave en la cadena de mando. Una administración no puede defenderse diciendo que disponía de la información, pero que esta no llegó a la persona que debía decidir.
Aquí aparece la diferencia entre los relatos periodísticos. El Mundo y ABC ponen el acento en lo más evidente: el CNI avisó el día anterior y los documentos desmienten la pretensión inicial del Gobierno de presentar el alud como algo completamente imprevisible. La responsabilidad principal recaería, por tanto, en el Ejecutivo y en su incapacidad para transformar la información en una respuesta operativa.
El País y La Vanguardia introducen un matiz favorable a la tesis gubernamental: ningún documento anticipó las dimensiones finales del desastre. Las informaciones advertían convocatorias e intentos de entrada, pero no de decenas de millares de personas atravesando la frontera. El matiz es cierto. Sin embargo, no resuelve la cuestión central. La inteligencia no consiste en adivinar una cifra exacta, sino en detectar una amenaza y permitir que el Gobierno se anticipe.
La desclasificación también ha producido otro efecto: el desplazamiento de la responsabilidad hacia el CNI. Se habla ahora de deficiencias en el análisis, de comunicaciones poco formales y de una insuficiente capacidad de anticipación. Todo esto puede haber existido y debe investigarse. Pero convertir el servicio de inteligencia en el principal culpable perjudica a una institución esencial y permite que los responsables políticos se escondan detrás de los defectos administrativos.
Aún es más grave el tratamiento dispensado en Marruecos. Los documentos no aportan, al menos hasta ahora, una prueba concluyente de que Rabat organizara directamente la operación. Esta acusación exige pruebas sólidas. Pero sí acreditan una pasividad marroquí difícil de negar. El CNI había advertido a los servicios de seguridad de Marruecos el día antes. Sin embargo, sus fuerzas no impidieron la acumulación de personas ni contuvieron la entrada durante las horas decisivas. Algunos informes españoles señalan que no se detectó una «reacción proactiva» y que los refuerzos antidisturbios llegaron tarde.
Entre haber organizado el asalto y no haber hecho nada eficaz para impedirlo existe una diferencia jurídica, pero no una absolución política. El Gobierno debería exigir a Marruecos una explicación completa. Por contra, Sánchez mantiene una cautela extrema con Rabat mientras permite que la sospecha recaiga en los servicios españoles.
El diagnóstico es grave. Hubo información, pero no suficiente anticipación. Hubo avisos, pero no provocaron una reacción proporcional. Hubo un fallo en los canales de comunicación, pero nadie asume su responsabilidad. Y hubo una pasividad marroquí comprobable, pero el Gobierno sigue evitando cualquier acusación clara.
A la falta de previsión se le añade otro hecho controvertido: la tardanza, una vez empezado el alud, en dar luz verde al Ejército para que interviniera, como había hecho en casos precedentes. Se tardó más de 10 horas y, cuando se autorizó, se limitó el número de efectivos en la calle y se les destinó a una función secundaria: hacerse presentes, desarmados, por las calles. Tampoco disponían de reglas de enfrentamiento más allá de la indicación del potencial efecto disuasorio.
Los documentos no demuestran que Sánchez conociera exactamente lo que pasaría. Demuestran algo políticamente más comprometedor: el Estado disponía de suficientes indicios para saber que podía pasar algo muy grave y no actuó en consecuencia.
La inteligencia no debe adivinar la cifra exacta de una catástrofe. Debe detectar la amenaza para que el Gobierno pueda prevenirla. #SeguridadNacional #CNI Compartir en X
