Corrupción
No hay base para atribuir personalmente a Sánchez los delitos de sus colaboradores si no existen pruebas. Pero sí existe responsabilidad política por selección, confianza, vigilancia y reacción.
José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, fue condenado en junio de 2026 a más de 24 años de cárcel; Koldo García, a más de 19. Santos Cerdán, posterior secretario de Organización, sigue vinculado a una investigación, sin condena firme.
Cuando dos responsables sucesivos de la organización del partido del presidente resultan afectados por causas graves, ya no basta con la defensa de «yo no lo sabía». La ignorancia puede excluir la responsabilidad penal, pero no la responsabilidad política:
- ¿Quién los seleccionó?
- ¿Quién ignoró las alertas?
- ¿Qué controles internos fallaron?
- ¿Por qué la reacción solo llegó después de las revelaciones judiciales o periodísticas?
La multiplicación de los casos de presunta corrupción, que afectan a la más importante de las empresas públicas, la SEPI; el oscuro asunto Leire Díaz; la causa abierta sobre presunta financiación ilegal del PSOE; el traumático caso que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sin explicación alguna por su parte; y la situación de su entorno familiar crean una situación que impide la credibilidad del Gobierno y la debilita mucho en el ámbito europeo. De hecho, no ha habido ningún otro gobierno en una situación similar que no haya dimitido.
La percepción internacional de la corrupción en España ha empeorado: el país bajó hasta el puesto 49 en 2025.
Economía: buenos agregados, malos cimientos
El PIB creció un 2,8% en 2025, aproximadamente el doble que la zona euro. El paro bajó temporalmente del 10%, el nivel más bajo desde 2008, y la reforma laboral redujo fuertemente la temporalidad.
Estos son méritos reales, aunque también han contribuido a ello los fondos europeos, la inmigración, el turismo, la recuperación pospandemia y los costes energéticos relativamente favorables.
Las debilidades son:
- paro todavía en torno al 10%, entre los más altos de Europa;
- paro juvenil superior al 20%;
- productividad por ocupado prácticamente estancada respecto a 2019;
- PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo en torno al 91-92% de la media europea;
- carga fiscal sobre el trabajo creciente;
- peso excesivo de los servicios de baja productividad;
- deuda pública de 1,76 billones, pese a la reducción de la ratio sobre el PIB;
- gasto en pensiones creciente sin una reforma suficiente de sostenibilidad intergeneracional;
- pérdida de poder adquisitivo por la combinación del aumento del IPC, el esfuerzo fiscal y la crisis de la vivienda, no compensados por el aumento salarial.
La renta disponible real agregada de las familias ha mejorado, aunque en escasa medida. Pero el agregado oculta una fractura: pensionistas y propietarios están más protegidos; jóvenes, inquilinos, autónomos y familias con hijos soportan vivienda, impuestos y precariedad de acceso.
La paradoja es esta: crecen el PIB y el empleo, pero no aumenta en igual proporción la capacidad de formar una familia, comprar o alquilar una vivienda, ahorrar y construir patrimonio. Viven peor aquellos que deben construir el futuro.
Los tres fundamentos del crecimiento español no son sólidos: el turismo, muy ligado a la baja productividad, al dumping fiscal y a la externalización de costes; la inmigración; y los fondos Next Generation, que ya han llegado a su fin.
Vivienda: el gran fracaso social
Entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit estimado de unos 750.000 hogares. En 2025 se crearon unos 240.000 nuevos hogares, pero sólo se finalizaron cerca de 92.000 viviendas. Los precios reales subieron cerca de un 10% ese año (Banco de España).
Los gobiernos de Sánchez han anunciado:
- movilización de viviendas de la Sareb;
- 184.000 viviendas públicas o asequibles;
- avales;
- subvenciones al alquiler;
- zonas tensionadas;
- regulación de los contratos.
Pero la información sobre cuántas viviendas prometidas se han terminado y adjudicado sigue siendo insuficiente. En realidad, han sido incapaces de promover nueva vivienda en términos significativos.
La regulación puede moderar algunos contratos existentes, pero sin oferta suficiente puede también expulsar viviendas hacia el alquiler temporal o turístico. En Cataluña se ha observado esta reducción del alquiler permanente.
Las competencias son compartidas con comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero, después de ocho años, «es competencia de otros» ya no es una respuesta adecuada. El Estado controla la fiscalidad, la financiación, la Sareb, el suelo estatal, la regulación del alquiler y buena parte de los incentivos.
Es una gran crisis, histórica por sus consecuencias, que ha sido forjada y ha estallado durante el largo período de gobierno de Pedro Sánchez.
Inmigración: necesaria pero desordenada y masiva
La inmigración ha sostenido el empleo, la población y parte del crecimiento. Presentar a los inmigrantes como el problema sería falso e injusto.
El problema es la desconexión entre el volumen de entradas y las capacidades públicas:
- vivienda;
- escolarización;
- sanidad;
- protección de menores;
- asilo;
- integración lingüística y laboral;
- distribución territorial;
- control fronterizo y retornos.
La población española llegó a 49,7 millones en abril de 2026, con un crecimiento explicado por la población nacida en el extranjero, dado que, en términos de nacimientos y defunciones, España pierde población.
Las entradas irregulares bajaron fuertemente en 2025 respecto al máximo de 2024, lo que hay que reconocer. Pero la regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de personas y la actual crisis de Ceuta muestran hasta qué punto la política sigue siendo reactiva.
Con el agravante de que la regularización se ha realizado sin debate parlamentario, coordinación con la Unión Europea ni una previsión de cifras que claramente se han visto desbordadas; en otros términos, el gobierno desconocía la magnitud de la población en situación irregular en España. A la cifra final habrá que añadir, a medio plazo, la reagrupación familiar, que puede multiplicar el número de personas acogidas.
El fracaso no consiste en acoger a personas. Consiste en admitir o recibir grandes flujos sin construir simultáneamente las viviendas, escuelas, servicios, itinerarios de integración y los mecanismos de seguridad necesarios.
Balance del gobierno Sánchez según la IA: un suspenso profundo (3) La crisis de las instituciones
España crece, pero quienes deben construir el futuro viven peor. Más PIB no significa necesariamente mayor capacidad para formar una familia, acceder a una vivienda, ahorrar y construir patrimonio. #GobiernoSánchez Compartir en X
