Un país sigue adelante porque nacen niños y porque los adultos pueden criarlos. Esto parece sencillo. En España ha dejado de serlo.
En 2025 hubo 122.167 muertes más que nacimientos. El saldo vegetativo es negativo desde 2017. Pero la población creció en 442.428 personas y superó los 49,5 millones. También superó, por primera vez, a los diez millones de residentes nacidos en el extranjero. El INE lo dice sin adjetivos: el crecimiento se debe a la población nacida fuera, porque la nacida en España disminuye.
No hay misterio. Hay una política. O la ausencia de una política.
España no ha afrontado su quiebra demográfica. La ha cubierto con inmigración. Una inmigración masiva que puede ser necesaria, pero que ha crecido sin una programación seria del volumen, las calificaciones, el territorio, la vivienda, la escuela, la sanidad y la integración. La inmigración no es culpable del desorden. El desorden es de quien gobierna. Importar población sin ordenar sus condiciones no es una política demográfica. Es contabilidad de emergencia.
Mientras, el país envejece. Las personas de 65 y más años ya representan el 21,1% de la población. El INE proyecta que alcanzarán el 30,9%. Habrá más pensionistas. Vivirán más años. Y habrá proporcionalmente menos adultos en edad de trabajar. La inmigración puede frenar el golpe. No elimina el problema. Los inmigrantes también envejecen, forman familias y necesitan vivienda, escuelas y servicios.
En ese punto aparece el gran error español. El Estado protege el resultado de la vida, pero castiga su comienzo.
El estudio Hijos, ciclo vital y pobreza en España: 2008-2025, de José Ignacio Conde-Ruiz y Marialejandra Garay Aguirre, lo muestra con una frialdad impecable. En 2008, la pobreza monetaria afectaba al 27,1% de los menores y al 25,3% de las personas de 65 años y más. En 2025 afectaba al 28,3% de los menores y solo al 16,4% de los mayores.
En diecisiete años, la pobreza infantil aumentó 1,2 puntos. La de los mayores cayó 8,9 puntos.
Esto no es un detalle. Es el retrato del sistema.
En 2025 había 2,07 millones de menores pobres. El AROPE infantil alcanzaba el 33,8%. En los hogares monoparentales era de 50,3%. En las parejas con tres o más hijos, del 46,8%. Y tener hijos antes de los treinta años se asociaba a un aumento de 7,26 puntos en la probabilidad de sufrir carencia material severa. Una penalización entre seis y diez veces superior a la de las demás edades.
Tener hijos es una puerta abierta a la pobreza: éste es el resultado de las políticas de Sánchez.
Tener hijos no empobrece por ley natural. Empobrece cuando coinciden un salario bajo, un contrato inseguro, un alquiler alto, poco ahorro e insuficientes servicios de conciliación. Es decir, cuando coincide con la juventud real de hoy. Y cuando el gobierno no aporta ayudas mínimamente suficientes como sí hacen el resto de países europeos. Tenemos a los jubilados mejor pagados, aunque algunos tengan ingresos muy bajos, y las familias con hijos más pobres de Europa.
Con las pensiones ocurre lo contrario. En 2026, las contributivas se han revalorizado un 2,7% con el IPC. Las mínimas subieron un 7%; las no contributivas y determinadas pensiones de viudedad, un 11,4%. La garantía alcanza a unos 9,4 millones de pensionistas. Es bueno que las personas mayores no sean pobres. El fracaso no es protegerlas. El fracaso es no haber construido una protección comparable para quienes tienen hijos.
El mensaje público es claro. Al pensionista, actualización automática. A la familia, umbrales, formularios, deducciones que no cobra si no tiene suficiente cuota y ayudas pobres y dispersas.
España socializa el coste de envejecer y privatiza el coste de criar.
También existe una aritmética electoral. No hace falta imaginar una confesión en la Moncloa. Basta con mirar los incentivos. En la encuesta postelectoral del CIS sobre las generales de 2023, declaró haber votado el 92,5% de los jubilados; entre los ocupados, el 88,6%; entre los estudiantes, el 84,6%; entre los desempleados, el 83,6%.
Los mayores son muchos. Votan más. Y cobran cada mes del Estado. Sánchez no ha inventado esa aritmética. La ha convertido en gobierno.
La factura queda para quienes todavía no tienen fuerza electoral y para quienes todavía no han nacido. AIReF estima que el gasto en pensiones crecerá 3,4 puntos del PIB hasta 2050.
La generación pobre de hoy tendrá que pagar el fuerte sistema de mañana.
Es necesario cambiar el orden de las prioridades. Prestación mensual por hijo, universal o casi universal. Deducción reembolsable. Apoyo reforzado a los padres jóvenes y en los hogares monoparentales. Vivienda familiar asequible. Escuela infantil y conciliación real. Y una política migratoria vinculada a la capacidad económica y social del país.
Una pensión es un derecho ganado. Un hijo no es un lujo privado. Es el futuro común. Un país que olvida esto puede cuadrar las elecciones. No cuadrará la historia.
España socializa el coste de envejecer, pero sigue privatizando el coste de tener y educar a hijos. El resultado es pobreza infantil, baja natalidad y desigualdad. #Demografía #Familia Compartir en X
