Los números tienen un considerable inconveniente: no militan en ningún partido. Fedea acaba de publicar la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2024 y proporciona un dato que obliga a afinar mucho el discurso catalán. Catalunya dispone de una financiación efectiva de 3.759 euros por habitante ajustado, con un índice 102,6 sobre una media española de 100. Es decir: recibe por unidad de necesidad un 2,6% más que la media de las quince comunidades de régimen común. Fedea, liquidación del 2024
Por tanto, afirmar simplemente que «Catalunya está infrafinanciada» no es correcto. Por lo menos no lo es si con esto se quiere decir que recibe menos que la media.
Ahora bien, quien se quede aquí habrá entendido poco.
Porque el mismo estudio muestra una realidad mucho más interesante. Catalunya parte de un índice de 110,6 en ingresos tributarios homogéneos, el tercero más alto después de Madrid y Baleares, y termina en 102,6. En su camino aporta 2.315 millones de euros netos al mecanismo de nivelación, el 7,28% de sus ingresos tributarios homogéneos. Empieza tercera y termina aproximadamente octava.
Esto ya es otra historia.
Extremadura, por ejemplo, parte de 64,3 y termina en 110,6. Madrid pasa de 135,3 a 100,3. Baleares, de 118,5 a 109,2. No estamos discutiendo, pues, si debe haber solidaridad entre territorios. Naturalmente que debe haber. La cuestión es otra: ¿por qué la solidaridad debe dar la vuelta al orden de los contribuyentes?
Se puede reducir mucho una desigualdad sin invertirla. Quien parte de 120 puede terminar en 105 y quien parte de 80 puede llegar a 95. La diferencia habrá pasado de 40 puntos a 10, pero el receptor de la solidaridad no habrá adelantado a quien la ha financiado. No parece una idea revolucionaria.
Esto es la ordinalidad.
Y ahí la queja catalana tiene mucha más solidez que la retórica habitual sobre la «infrafinanciación». Fedea, que no es precisamente una sucursal del nacionalismo catalán, ya había calculado que, en la media del período 2002-2021, Catalunya perdía ocho posiciones entre su capacidad fiscal y los recursos finales. Y calificaba el funcionamiento del sistema de violación sistemática del principio de ordinalidad. Fedea, Las balanzas fiscales y algunas cuestiones relacionadas
Lo curioso es que el mecanismo inicial de garantía reduce considerablemente las diferencias, manteniendo bastante el orden de partida. El desbarajuste llega después, con la acumulación del Fondo de Suficiencia, Competitividad, Cooperación y diversas garantías históricas. España tiene una inclinación antigua a convertir una regla comprensible en una paella administrativa.
Pero todavía queda el gran elefante en la habitación: el déficit fiscal catalán.
Es una magnitud distinta y mezclarla con la financiación autonómica solo sirve para aumentar la confusión. Según el último cálculo disponible de la Generalitat, correspondiente a 2022, Catalunya aportó, con el déficit estatal neutralizado, 77.742 millones y recibió 56.650 millones. El saldo negativo fue de 21.092 millones, el 8,2% del PIB, según el flujo monetario; con el método de carga-beneficio, de 14.665 millones, el 5,7% del PIB. Generalitat, Informe econòmic i financer 2026
La diferencia entre 21.000 y 14.700 millones debería prevenirnos ya contra las proclamas excesivamente fáciles.
Parte del déficit fiscal es perfectamente lógica. Cataluña tiene una renta superior a la media y un sistema fiscal progresivo debe redistribuir entre personas. También pagamos pensiones, paro, defensa, servicios generales del Estado, intereses de la deuda y otras muchas cosas que no tiene sentido analizar como si fueran una factura entre Catalunya y Madrid.
Por eso sería mucho más útil dividir la balanza fiscal en cuatro bloques: financiación autonómica y nivelación; redistribución interpersonal; servicios generales del Estado; y gasto territorializable y discrecional, especialmente inversiones.
Los bloques primero y cuarto son los que permiten saber si existe realmente un trato territorial injustificado. Y es en estos donde es necesario centrar la atención técnica y política, y no en el conjunto, que tiene una parte que poco tiene que ver con un maltrato político. Al no separarla de lo que sí puede incorporarlo, estamos facilitando la confusión que genera el argumento de que son las personas quienes pagan impuestos para justificar el déficit fiscal desmedido.
Y el Estado debería volver a publicar anualmente unas Cuentas Públicas Territorializadas, con metodología estable y comparable. Si la discusión debe continuar —y continuará—, al menos podríamos discutir sobre la misma contabilidad.
La conclusión es menos simple que el eslogan, pero mucho más incómoda: Catalunya no está hoy por debajo de la media de financiación. Lo que sufre es un sistema que le hace perder posiciones; el Gobierno del Estado practica una nivelación arbitraria e impide saber con suficiente transparencia qué parte del déficit fiscal es solidaridad razonable y qué parte es trato territorial injustificado.
El problema, como ocurre a menudo en España, no es solo cuánto se paga, sino con qué regla se decide quién paga y quién recibe.
Catalunya aporta como la tercera y acaba recibiendo como la octava. El problema tiene un nombre: ordinalidad. #Catalunya #Financiación Compartir en X
