Los incendios que arden estos días en España tienen una gravedad indiscutible. Los fuegos de Ávila, Madrid y Toledo han afectado a unas 77.000 hectáreas y han obligado a evacuar o confinar a cerca de 90.000 personas. El de Burgohondo, en Ávila, con unas 50.000 hectáreas, ha sido calificado como el mayor registrado individualmente en España. No hay, pues, nada normal en lo que está sucediendo. Pero una cosa es la dimensión excepcional de un incendio y otra, muy distinta, afirmar que España vive el año con mayor superficie quemada de su historia. Los datos actuales de los tres grandes fuegos.
Hasta el 25 de julio, el MITECO contabilizaba provisionalmente 131.113 hectáreas forestales afectadas este año. Estimaciones posteriores ya sitúan la superficie por encima de las 150.000. Es mucho, sobre todo porque la campaña no ha terminado, pero todavía queda lejos de los peores registros históricos. Confundir la magnitud del fuego de Ávila con el balance anual de toda España solo sirve para construir un relato más espectacular, no para entender lo que falla.
La serie histórica es bastante elocuente. Entre 1961 y 1972 se quemaban de media unas 51.000 hectáreas anuales. El gran salto se produjo a partir de mediados de los setenta: la media pasó de 84.721 hectáreas durante el decenio 1966-1975 a 237.932 entre 1976 y 1985. En 1978 quemaron 439.526 hectáreas y en 1985 se alcanzaron 484.476, el máximo de toda la serie.
El decenio siguiente tampoco fue benigno: entre 1986 y 1995 la media anual alcanzó 221.499 hectáreas, con 426.693 en 1989 y 437.635 en 1994. Hubo, además, muchos años por encima de las 200. A partir de la segunda mitad de los noventa, la situación mejoró claramente: la media de 1996-2005 bajó a 123.459 hectáreas. Ese descenso no cayó del cielo. Coincidió con una mejora de la prevención, detección y extinción. La serie histórica oficial del MITECO.
El siglo XXI ha mantenido esta mejora general, pero interrumpida por años muy malos: 2012, 2017, 2022 y 2025. En 2022 quemaron 267.947 hectáreas y en 2025, 354.747. El actual 2026 es, por tanto, muy grave, pero no constituye —al menos por ahora— una magnitud anual desconocida.
El dato más revelador es otro: el número de incendios tiende a disminuir. En 2025 se registraron 8.199 siniestros, un 10,6% menos que la media del período 2015-2024. Pero solo 63 grandes incendios, 0,77% del total, provocaron el 87,42% de toda la superficie quemada. Es decir, hay menos fuegos, pero quienes escapan del ataque inicial pueden alcanzar enormes dimensiones. Balance oficial del MITECO de 2025.
En principio, menos incendios deberían permitir una detección más rápida, una mayor concentración de medios y una intervención más inmediata. Pero la realidad demuestra que esto no siempre ocurre. Las temperaturas extremas, el viento, una humedad relativa cercana o inferior al 30% y la continuidad del combustible acortan extraordinariamente el tiempo disponible. En determinadas condiciones, la diferencia entre un foco controlable y un frente imparable puede ser solo de minutos. Precisamente por eso, la calidad de la respuesta es más decisiva que nunca.
Aquí aparecen las deficiencias administrativas.
La Comunidad de Madrid dejó sin ejecutar el 36% de las hectáreas previstas en los trabajos preventivos de 2025. La modernización de la flota aérea estatal acumula problemas y se han incumplido compromisos, hasta el punto de seguir operando con efectivos envejecidos en lugar de incorporar nuevas aeronaves de carga procedentes del Ejército del Aire, como ha hecho Francia. La maquinaria pesada no siempre ha sido preposicionada ni ha intervenido con la rapidez necesaria. La UME es un refuerzo valioso, pero limitado, y no puede sustituir indefinidamente a los dispositivos ordinarios de las comunidades autónomas, que necesitan más recursos económicos.
La evacuación apresurada del puesto de mando avanzado de Cenicientos es una imagen demasiado expresiva de la debilidad en la dirección.
Una vez declarada la emergencia nacional, la responsabilidad recae en el Estado: el ministro competente, el delegado del Gobierno y el jefe de la UME. La evacuación urgente del puesto de mando fue una manifestación de impericia: si no son capaces de prever que el fuego pueda afectar al núcleo neurálgico de la dirección operativa, ¿cómo pueden resultar fiables en la conducción de la lucha contra el conjunto del incendio? Naturalmente, era necesario evacuarlo si el fuego amenazaba la seguridad.
La pregunta es por qué el centro desde el que debía preverse la evolución del incendio quedó expuesto a esa misma evolución. Los planes pueden ser magníficos sobre el papel, pero fracasan cuando la logística es deficiente, el mando no anticipa y la dirección política ha sido más seleccionada por la confianza partidista que por la capacidad real de cumplir sus funciones.
Catalunya ofrece una experiencia útil.
Desde finales de los años ochenta, el programa Foc Verd basó su eficacia en la detección rápida, la intervención inmediata, el control del territorio y la distribución de los medios. Se trataba de impedir que el foco se convirtiera en frente. El resultado fue muy positivo. Pero queda pendiente la segunda parte: preparar el territorio para los incendios que, sin embargo, superan el ataque inicial. Entonces es necesario pasar de una guerra de movimientos a una guerra de posiciones.
Esto exige dividir el territorio en módulos defendibles, es decir, en superficies máximas que pueden ser sacrificadas sin comprometer espacios más extensos. También es necesario crear discontinuidades de vegetación; recuperar cultivos, pastos y explotaciones agroforestales; utilizar la ganadería extensiva; aprovechar la biomasa; y garantizar franjas de seguridad, accesos y maquinaria pesada.
El «paisaje en mosaico» sólo será real si el bosque vuelve a tener alguna rentabilidad y si propietarios, campesinos y municipios reciben incentivos para su gestión.
Y ante todo esto, Pedro Sánchez anuncia un nuevo Pacto de Estado. La fórmula se ha convertido ya en un comodín de los telediarios. Ha anunciado pactos sobre financiación, gobernabilidad, vivienda y emergencia climática, mientras los resultados siguen sin llegar. Resulta, además, singular que quien proclamó la necesidad de levantar un «muro» ante la oposición y defendió gobernar sin el Parlamento invoque después, con tanta facilidad, a la unidad nacional.
El mejor Pacto de Estado se llama presupuesto: aprobado en plazo, con inversiones plurianuales, renovación de medios, plantillas suficientes, objetivos mensurables y rendición de cuentas. Si el Gobierno es incapaz de aprobar nuevos presupuestos generales, apelar solemnemente a un Pacto de Estado no es una solución. Es una coartada. Y mientras llegan los anuncios, lo que sigue ardiendo es el bosque.
Un gran incendio no comienza el día en que aparece la primera llama. Empieza años antes, cuando se abandona el territorio, se aplaza la prevención y se confunde la política de anuncios con la gestión. Y entonces, quema el bosque. Compartir en X
