Hay momentos en los que la mejor forma de entender la realidad consiste en suponer, por un instante, que es exactamente al revés de lo que parece. Es lo que, en historia y en ciencias sociales, se llama un ejercicio contrafactual: preguntarse qué habría pasado si un hecho determinante hubiera sido distinto a lo que realmente ha sucedido.
Hagamos este ejercicio.
El director de La Vanguardia, Jordi Juan, titulaba su artículo del viernes 3 de julio: «La justicia asedia a Sánchez». E introducía una expresión que resume la tesis que Moncloa sostiene desde hace meses: «Parece como si alguien hubiera tocado a rebato».
¿Y si fuera exactamente así?
¿Y si todos los casos que hoy se encuentran judicializados –algunos ya con condenas en primera instancia, como los de Ábalos o Koldo– no fueran el resultado de una sucesión de presuntas irregularidades, sino las víctimas de una operación coordinada destinada, en palabras del propio Jordi Juan, a «evitar que el gobierno llegue vivo al 2027»?
El ejercicio es útil porque obliga a llevar esa hipótesis hasta sus últimas consecuencias.
Y estas consecuencias son de extraordinaria gravedad.
En las últimas semanas, la lista de investigados no ha dejado de crecer. Se han añadido una veintena larga de responsables vinculados a la SEPI y empresas de su entorno, incluida su presidenta. Con ella serían ya tres los presidentes de la gran corporación pública afectados por procedimientos judiciales.
Luego ha llegado el turno de la directora general de la Guardia Civil.
Y, aún más sorprendente, el DAO, el director adjunto operativo: el máximo mando uniformado del cuerpo.
Es algo excepcional. Desde los responsables del golpe de Estado del 23-F no era imaginable ver a un general comparecer ante un tribunal en calidad de investigado.
En cualquier democracia europea, uno solo de los grandes casos que afectan a España habría provocado una crisis política de primer orden. Probablemente, la dimisión del gobierno o la convocatoria de elecciones.
Aquí, en cambio, no ocurre nada.
La razón es conocida: el blindaje institucional del presidente del Gobierno, construido durante la Transición para garantizar la estabilidad del ejecutivo e impedir su sustitución si el propio presidente no lo decide. Una arquitectura resumida popularmente con aquel dicho castizo: «Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita».
Pero volvamos al contrafactual.
Si Jordi Juan y Pedro Sánchez tienen razón, ¿qué significa exactamente?
Significa, en primer lugar, que el Tribunal Supremo estaría participando conscientemente en una operación política, procesando y condenando a personas inocentes con el fin de derrocar a un gobierno legítimo.
Significa, en segundo lugar, que la Fiscalía Anticorrupción —precisamente el organismo encargado de perseguir a los grandes delitos contra la Administración pública— estaría actuando de forma espuria contra inocentes: la directora general de la Guardia Civil, su máximo general operativo, presidentes de la SEPI, altos cargos del PSOE y secretarios de Organización, el propio fiscal general del Estado y una larga lista de responsables públicos.
Significa, en tercer lugar, que la UCO de la Guardia Civil sería una pieza imprescindible de ese mecanismo, al igual que los mandos que dirigen las investigaciones.
Significa, en cuarto lugar, que también la UDEF y la Policía Nacional formarían parte de esa misma estructura de acoso.
Significa, en quinto lugar, que el Consejo General del Poder Judicial, con sus silencios o decisiones, estaría permitiendo o avalando esta operación.
Y todavía habría una sexta derivada.
Si, como se insinúa desde determinados entornos, la repentina desaparición pública de José Luis Rodríguez Zapatero —habitualmente tan presente en el debate político— responde a la existencia de información comprometedora procedente de Estados Unidos, habría que añadir entonces un actor exterior. El gobierno de Donald Trump estaría, como mínimo, proporcionando información decisiva para debilitar al gobierno español. O algo más.
Llevamos el contrafactual hasta el final.
¿Qué realidad describe?
No una crisis política.
No una simple guerra judicial.
Describe un golpe de Estado en cámara lenta.
Porque, si todos estos órganos del Estado —Tribunal Supremo, Fiscalía Anticorrupción, UCO, UDEF, Guardia Civil, Policía Nacional y Consejo General del Poder Judicial— actúan coordinadamente para derribar a un gobierno escogido democráticamente, lo que tendríamos delante no sería una desviación puntual del sistema.
Sería la captura de los principales resortes del Estado por una alianza antidemocrática.
En ese escenario solo quedarían dos instituciones capaces de salvar el régimen.
Por un lado, el rey, del que muchos se preguntarían por qué guarda silencio ante un ataque de esa magnitud.
Por otro, el Tribunal Constitucional, precisamente porque su composición responde a una mayoría parlamentaria distinta a la de los órganos judiciales.
Se convertiría en el último dique de contención institucional.
¿Es esto lo que realmente está sucediendo?
¿O lo que existe es una acumulación de procedimientos judiciales sustentados en investigaciones, informes policiales, actuaciones de fiscales y resoluciones judiciales que afectan a personas muy diversas porque los indicios así lo exigen, y que revelan una metástasis en la que la corrupción y el control político se mezclan de forma inseparable?
Este es el valor de los ejercicios contrafactuales.
Cuando se llevan hasta sus últimas consecuencias, obligan a elegir entre dos explicaciones incompatibles.
La primera exige creer en una conspiración de dimensiones colosales que implicaría prácticamente a todos los grandes aparatos del Estado.
La segunda exige aceptar que los hechos tienen consecuencias políticas, aunque sean extraordinariamente incómodas para el gobierno.
Que cada uno elija.
Los hechos.
O el contrafactual.
Mientras, la Comisión Europea sigue dedicada a las tareas del hogar mientras una de las principales democracias de la Unión atraviesa su crisis institucional más profunda en décadas.
Supongamos, por un momento, que Sánchez tiene razón y que todo responde a una gran confabulación. ¿Qué implicaría exactamente? El ejercicio contrafactual dibuja un escenario de máxima gravedad institucional. #GobiernoSánchez Compartir en X
