Todo apunta a que el 2026 será, inevitablemente, el año de las elecciones generales. Pedro Sánchez no esperará al 2027. No se trata de una intuición ni un cálculo improvisado, sino el resultado de una lectura fría del escenario económico y político. Una lectura que combina datos favorables en superficie con una realidad social cada vez más tensa, y que convierte el adelanto electoral en la opción menos mala dentro de un abanico muy limitado de opciones.
El primer pilar de esa decisión es económico.
El gobierno puede exhibir, sin rubor, unas sólidas cifras macroeconómicas: crecimiento del producto interior bruto, creación de empleo y una evolución comparativa que permite afirmar que España crece más que la media de la Unión Europea. Este relato, reforzado por indicadores oficiales y por una narrativa internacional relativamente favorable, será aún defendible en el 2026. Y probablemente lo seguirá siendo durante buena parte del año.
Pero bajo esta aparente capa de prosperidad se esconde una realidad mucho más incómoda. El crecimiento se ha fundamentado sobre todo en una inmigración masiva asociada a salarios bajos y en sectores de poco valor añadido. La productividad sigue estancada, pese a la inyección extraordinaria de los fondos Next Generation EU, una transferencia de recursos de una magnitud que sólo admite comparación con el plan Marshall. Sin embargo, el efecto sobre la renta real de la mayoría de la población ha sido decepcionante.
El ciudadano medio no vive de la macroeconomía, sino de su cesta de la compra. Y ahí es donde el relato oficial se rompe. La vivienda, tanto de compra como de alquiler, ha alcanzado precios prohibitivos. La inflación acumulada, especialmente en alimentación, ha erosionado su poder adquisitivo. La presión fiscal y el esfuerzo tributario han crecido sin que los ingresos se hayan deflactado para aliviar el impacto inflacionario. El resultado es una percepción ampliamente compartida: con el mismo dinero, hoy se pueden comprar menos cosas que ayer.
Ese sentimiento de pérdida no es anecdótico. Genera un profundo malestar, aún contenido pero ya visible en el comportamiento político de determinados colectivos. Los jóvenes son el caso más claro: expulsados del mercado de la vivienda, atrapados en trabajos precarios y con horizontes vitales estrechos, tienden a desplazarse hacia opciones políticas cada vez más extremas y hostiles al gobierno. Es una señal de alarma que todavía no ha estallado por completo, pero que marca una tendencia.
En este contexto, sólo tres grupos aparecen relativamente protegidos: los funcionarios, los pensionistas –con matices– y los perceptores del salario mínimo.
Pero ese equilibrio es frágil. A partir de 2027, el escenario empeorará sustancialmente. El crecimiento se ralentizará, en parte porque la propia crisis de la vivienda reducirá el atractivo migratorio. Y, sobre todo, porque se agotará el recorrido de un modelo basado en deuda e ingresos inflados por el crecimiento nominal del PIB.
España deberá afrontar, por último, una reducción real de su endeudamiento. Hasta ahora, la ratio ha descendido más por el aumento del denominador que por una contención efectiva del gasto. Pero ese mecanismo tiene límites claros. Cuando los fondos europeos dejen de fluir con la misma intensidad, el gasto público deberá reducirse o, como mínimo, contenerse con energía. El problema es que, mientras tanto, se ha consolidado un nuevo gasto estructural que se añade al ya existente.
A esto hay que sumar factores inevitables: el aumento del gasto militar, los compromisos derivados de la nueva financiación autonómica y, sobre todo, el impacto masivo de la jubilación del baby-boom. Las pensiones continuarán creciendo a un ritmo muy superior al de los ingresos por cotizaciones, generando un déficit que sólo se puede cubrir con mayor endeudamiento. Y los problemas crónicos de la vivienda y la productividad estarán lejos de un camino de solución. El cóctel es explosivo y políticamente tóxico.
Es ahí donde entra el segundo factor clave en el cálculo de Sánchez: la política interna.
Si las próximas elecciones autonómicas, como las de Aragón, reproducen un resultado adverso como el de Extremadura, el malestar dentro del PSOE se hará insoportable. Presiones internas, contestación al liderazgo y necesidad de “sacar vapor de la caldera”. Convocar elecciones sería, en ese caso, una válvula de escape.
Pero incluso en el escenario contrario, una sorpresa positiva, la tentación de aprovechar un momento aparentemente favorable también empujaría a las urnas. La estrategia posible es sofisticada: ir a elecciones en el mejor momento de 2026, asumir que será muy difícil revalidar el gobierno, pero obtener un resultado lo suficientemente digno como para mantener el liderazgo y pasar a la oposición en condiciones controladas.
Desde ahí, Sánchez podría esperar. La victoria del Partido Popular necesitaría el apoyo de Vox, y este hecho, combinado con el empeoramiento progresivo de la economía, podría desgastar rápidamente al nuevo gobierno. Si esto ocurre, la memoria colectiva —siempre corta— olvidará que las raíces de la crisis se profundizaron durante la etapa socialista, y recordará sólo que “con Sánchez se crecía más que Europa”.
Anticipar para perder, tal vez. Pero también anticipar para volver. Esta es, probablemente, la lógica última de 2026.
Anticipar para perder hoy y volver mañana: la estrategia más arriesgada de Sánchez. #PSOE Compartir en X
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