Recientemente, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, nada más llegar a formar su Gobierno presentó ante la ciudadanía el final de las “citas previas” y del “teletrabajo” en la administración de la Generalitat. Lo hizo con la vocación de mejorar los servicios públicos en un nuevo contexto de normalidad pospandemia.
Pues bien, de inmediato aparecieron un grupo de servidores públicos, contradiciendo a su más alto mando, el presidente, y sosteniendo que una prestación del servicio público telemática era lo más moderno que había. Como tildando de obsoleto el modelo del presidente.
Si se mira este hecho desde los ojos de quien paga la factura, más bien debería llamarse “autoservicio” que servicio público. No es que sea solo un despropósito consistente en pagar la improductividad, es también un incentivo a la ruptura y la eliminación de la relación administración-administrado. Como si las relaciones humanas o la alteridad les molestaran.
En la Generalitat se prestan servicios por parte de maestros, enfermeras, médicos, policías, bomberos y otros, que ni se plantean una forma teletransmutada de servicio a los ciudadanos, pues, es la presencialidad y no la ficción la que hace transparente el suministro de algún medicamento, la seguridad del tráfico o la extinción de un incendio…
Entonces, ¿por qué hacer diferencias entre los propios servidores públicos?
La sospecha está servida: quizás el resto de personal llamado “de administración general” no tiene vocación de servicio y se quiere perpetuar en esta forma abusiva de autoservicio obviando las necesidades más básicas y fundamentales de los ciudadanos, o quizás hay muchos puestos de trabajo del sector público que no están justificados, no prestan ningún servicio y no pueden auditarse con parámetros de eficacia, eficiencia y valor que pueden aportar al conjunto de la sociedad.
El sufrido ciudadano ni está en la ecuación. Debe sufrir dilaciones prohibidas, mediocridad técnica, presunciones de culpabilidad y otras muchas persecuciones, incluso a las 3 de la madrugada de un domingo, cuando el servidor telemático se pone en marcha para practicar notificaciones.
Conozco a muchos profesionales, de la abogacía, de la arquitectura, de la ingeniería y de la consultoría empresarial, que constantemente sufren graves problemas de dilaciones indebidas y excesivas (diría una palabra más gorda) de los procedimientos administrativos sometidos al régimen de licencia.
El coste de todas estas dilaciones administrativas en la resolución de los expedientes será incuantificable socialmente. Si un profesional, que actúa generalmente en nombre de algún ciudadano o empresa, no obtiene resolución en tiempo y forma no puede facturar y, por tanto, nace una forma de empobrecimiento provocada por los mismos servidores públicos que se esconden tras el teletrabajo al que después nadie hará responsables.
Una ética para los funcionarios públicos donde aparte de sus derechos se repensaran muy bien sus deberes es hoy inexistente. Es decir, frente a la inexistencia de límites en la actividad de los servidores públicos, el abuso o la mala praxis puede ser la tónica general.
A menudo, el principal objetivo del servidor público es jugar al despiste. Se esconde detrás de la cita previa para dilatar la toma de decisiones o se esconde detrás del teletrabajo por no tener que servir a quien le paga.
Y finalmente, no hay límites a esta inadecuada y chapucera falta de respeto al administrado.
No importa si la cosa va de millones de euros. Como no pagan ellos, se lo pueden estar mirando y remirando a conveniencia el tiempo que haga falta y sin responsabilidad. Y he aquí la cuestión. ¿Por qué un abogado, un médico, un ingeniero, un arquitecto deben tener póliza de responsabilidad civil obligatoria para ejercer sus profesiones de riesgo y los funcionarios públicos que se encuentran al otro lado de la relación de riesgo no deben tenerla? Muy fácil, porque les hemos consentido que sean irresponsables y ésta es la principal puerta de entrada al abuso y la corrupción administrativa.
Un brillante abogado amigo me hizo pensar que existió en el pasado la Ley Maura, conocida formalmente como la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, impulsada por el político conservador Antonio Maura y promulgada en España en 1904.
Maura, quería dignificar la función pública y restablecer la confianza ciudadana en el Estado. Y, haciendo responsables a los servidores públicos sobre las decisiones que toman (todas con impacto en la vida económica, política, social y ambiental del país) ciertamente conseguía el doble objetivo de la confianza legítima en el sistema institucional del país y la mejora cualitativa de la gestión de los servicios públicos.
Esta ley tenía un contenido muy avanzado por la época y pretendía combatir la corrupción y los abusos administrativos. Sus puntos clave eran:
- Responsabilidad civil directa de los funcionarios públicos por actos indebidos o irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones.
- Posibilidad de reclamar daños y perjuicios causados por actos de mala gestión o mala fe directamente al funcionario.
- El Estado podía reclamar a los funcionarios las cantidades que hubiera tenido que indemnizar a terceros, si se demostraba negligencia o dolo.
- En caso de sentencia condenatoria, el funcionario podía ser inhabilitado, además de responder patrimonialmente.
No deja de ser curioso que la derogación de la Ley Maura (vigente hasta la Segunda República) se produjera con carácter definitivo durante la dictadura franquista.
Hoy, el artículo 121 de la Constitución de 1978 y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, regulan la responsabilidad patrimonial de la Administración. Aunque en ciertos casos se pueda instar la acción de repetición contra el funcionario, esta responsabilidad ya no es ni directa, ni automática, como preveía la Ley Maura.
Hay varias razones políticas y estructurales que aconsejarían un retorno a la Ley Maura:
- En primer lugar, una norma de este signo contradiría el interés de la Administración de proteger a los funcionarios fieles y adeptos al régimen.
- La exigencia de obediencia ciega en la administración daría paso a una mirada crítica de la función pública sobre las órdenes recibidas y solo eso presumiría equilibrar los abusos del poder.
- Se acabaría también con el corporativismo y la protección de un interés corporativo de los servidores públicos por encima de los intereses generales, pues los cuerpos de funcionarios presionaron (como han seguido haciendo durante la democracia) para limitar este tipo de responsabilidades personales. Haciendo de la impunidad la regla general.
La derogación franquista de la Ley Maura no solo fue una decisión técnica o jurídica, sino también una maniobra de consolidación del poder dentro de un sistema autoritario. Proteger al régimen mediante la impunidad de sus agentes, asegurar una administración fiel y acrítica y evitar juicios o responsabilidades derivadas de actos administrativos, estaban entre los fines.
La Ley Maura representó un precedente muy potente de responsabilidad pública. Su derogación muestra cómo los regímenes autoritarios tienden a eliminar mecanismos de control y transparencia. Con su vigencia se pudo establecer una cultura política más exigente con los servidores públicos, con la confianza legítima de la ciudadanía en el centro del mostrador y con la vinculación de que toda actividad humana (administrativa también) solo puede evaluarse con el estándar de la diligencia debida. Lo demás es como ocurre ahora, una puerta abierta al todo vale y a que el papel lo aguante todo.
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