La aprobación de la ley de amnistía es un terremoto del que todavía desconocemos todos los daños y no sabemos exactamente qué réplicas se van a producir ni cuál puede ser su magnitud. En cualquier caso, lo que es evidente es una gran sacudida del sistema institucional a cámara lenta.
Varias interpretaciones afirman que la amnistía forma parte de un proceso constituyente encubierto que combina las necesidades políticas de Sánchez, el control absoluto del Tribunal Constitucional por parte del gobierno y su trabajo de aplicar interpretaciones creativas a la constitución, junto a los intereses de los partidos nacionalistas e independentistas que apoyan al PSOE.
Esta hipótesis puede resumirse en los siguientes términos:
- Paralelismo histórico. El pacto guarda mucho parecido con el conocido como pacto de San Sebastián que precedió a la II República y llevaron a cabo el PSOE y los partidos republicanos con ERC y el PNV. La mayoría de gobierno en el Congreso reproduciría este esquema con un papel predominante de ambos partidos catalanes porque reúnen una fracción de diputados absolutamente necesaria para alcanzar la mayoría.
- Este pacto tendría como finalidad llevar a cabo una nueva constitucionalidad, a base de elaborar leyes constructivistas que el Tribunal Constitucional se encargaría de avalar por medio de la creatividad jurídica. De hecho, ya lo hizo cuando su sentencia sobre la ley del aborto, que liquidó totalmente la jurisprudencia del TC previa en cuestión tan básica como la de excluir todo derecho a la figura del nasciturus . Pero, claro, esta cuestión, políticamente incorrecta, no levantó especial escandalera, pese a que la manipulación constitucional era flagrante y existía una ruptura total de la continuidad interpretativa de la constitucionalidad.
- Ahora se trataría de transformar a España en un estado compuesto, confederal, donde podrían coexistir varios regímenes fiscales, además del vasco, al que ahora se añadiría el catalán. Este marco facilitaría una votación consultiva sobre la autodeterminación y permitiría a determinadas comunidades autónomas, en caso de Cataluña, tener un sistema propio de gobierno del poder judicial. Una posibilidad que ya apuntaba el Estatut, pero que fue liquidada por el propio Tribunal Constitucional.
Sea así o no, y el tiempo nos lo dirá, lo que sí es cierto, es grave y es urgente, es el desastre de las instituciones, cuando el Congreso y el Senado se niegan mutuamente su legitimidad, el rey es cuestionado por un sector de monárquicos, el poder judicial está paralizado por la falta de renovación y la guerra de togas está a la orden del día, y ha desaparecido la garantía por mínima que fuera de un Tribunal Constitucional que no sea un mero apéndice del gobierno .
Todo esto, sin duda, sin necesidad de llegar a la “confederación” es muy grave, porque señala el desmenuzamiento del estado y de su funcionamiento. Y todo a cargo, como no podría ser de otra forma, de las anchas espaldas de los ciudadanos que son los que mantienen con su dinero esta extraña fiesta de caníbales, devorando la institucionalidad del estado.
Sin excluir el riesgo de la nueva constitucionalidad “confederal”, lo urgente es saber si existe una respuesta cívica que sea capaz de evitar que continúe esta degradación partidista, tenga potencial para generar nuevos espacios políticos y modificar las leyes que rigen la vida de los partidos, su financiación y régimen electoral. Y abrir por esta vía instrumental le lleva a una regeneración necesaria y urgente que garantice instituciones basadas en el equilibrio de poder, respetuosas con el Estado de derecho, sólidas y realmente canalizadoras de los intereses y necesidades de los ciudadanos.
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