Son tres hechos absolutamente independientes que poco se parecen, pero que tienen un trasfondo común en la forma como los poderes públicos y la sociedad, que lo asume, encaran grandes retos de nuestra realidad cotidiana.
El ministro Illa ya ha anunciado que el 11 de enero estarían las primeras personas vacunadas y que, según afirmó el propio presidente del gobierno, al llegar a junio entre 15 y 20 millones de personas se habrían vacunado. Parece una buena noticia, pero no lo es porque deviene muy atrevida de acuerdo con los criterios de los mismos expertos en medicina preventiva y epidemiología. Consideran preocupante que se hagan este tipo de anuncios que levantan muchas expectativas que, si después fracasan, destruirán aún más la confianza de una sociedad muy estresada. Sólo hay que recordar el aparatoso anuncio de la «nueva normalidad», hoy olvidada, que hizo Sánchez el pasado verano y cómo ha terminado.
Las objeciones son fundamentalmente dos. Se establecen compromisos numéricos cuando ni siquiera se ha hecho público el plan detallado de vacunación que permite cumplirlos. La segunda objeción también es importante, y en el sentido de considerar que una cosa es que el 10 de enero se disponga de las primeras dosis de vacuna y otra bien diferente que a partir del día siguiente se pueda empezar a vacuna de manera ininterrumpida. Para demostrar la incertidumbre acuden al caso de la vacuna de la gripe, un procedimiento muy estandarizado y que hace años que se aplica, pero que los mismos expertos consideran que cada año tienen una incertidumbre sobre las fechas concretas de comienzo. Se adelantan, se retrasan y es muy difícil hablar de fechas exactas. Lo lógico es que el gobierno hubiera presentado un plan de vacunación, y a partir de esta sólida base pudiera con prudencia establecer algunas previsiones. Una vez más se ha optado por el brindis al sol con el agravante de que llueve sobre mojado, porque este es un gobierno que, a pesar de que es público, notorio y oficial a través del INE la mortalidad de la pandemia (más de 70.000 personas), se aferra desesperadamente a dar unas cifras gubernamentales que son un 40% inferiores.
El incendio de la nave de Badalona es a la vez un hecho trágico y escandaloso. Es un escándalo que se remonta a una década, si bien ha sido en los últimos años cuando el problema se ha acentuado. Una gran nave abandonada donde vivían más de cien inmigrantes sin condiciones, sin servicios sanitarios, luz, agua, y que ahora ha ocasionado una tragedia con muertos y heridos. Hay que añadir además que en este periodo y en la época más álgida, han sido los partidos que se autocalifican de «progres», PSC, Comunes, la CUP, los que han detentado el gobierno de Badalona. ¿Cómo es posible asumir una realidad como ésta durante tantos años, sin actuar? La pregunta, sin embargo, no se limita ni siquiera al municipio, sino que se extiende a la Generalitat. Muchas declaraciones pidiendo que vengan refugiados, muchas palabras de solidaridad, pero cuando se trata de actuar sobre el concreto el resultado salta a la vista. Tampoco se podía reducir el problema, como se produce en la visión de la actual alcalde a una cuestión de seguridad ciudadana, a pesar de que en determinados aspectos tenga razón. En todo caso, lo que manifiesta es una gran hipocresía de aquellos que gobiernan y han gobernado con cantos a la solidaridad y a la apertura absoluta a la inmigración y que, cuando llega la hora de la verdad, dejan a la gente a los pies de los leones. Es ni más ni menos lo que está haciendo el gobierno de Sánchez e Iglesias con el problema de los inmigrantes que llegan a Canarias y su traslado «clandestino» a la península.
La tercera cuestión se refiere a la eutanasia. La ley ha sido aprobada sólo con la oposición del PP, Vox, Navarra Suma. Incluso Cs, que anteponía el criterio razonable que primero debía existir un plan de cuidados paliativos, se ha precipitado a enrolarse en el bando ganador, olvidándose de su propuesta sobre los paliativos.
Al margen de opiniones personales a favor y en contra, tres grandes cuestiones objetivas son patentes:
- ¿Por qué el gobierno y las fuerzas que lo apoyan se han negado en redondo a introducir en la ley el necesario plan de cuidados paliativos cuando es público y notorio que unas 80.000 personas al año que necesitarían esta atención mueren sin poder acceder porque los recursos de España están a la cola de Europa, de acuerdo con el Atlas de Cuidados Paliativos de 2019? Tener que elegir entre morir sufriendo o que venga el médico y te mate, no es una opción humana aceptable.
- ¿Por qué se ha precipitado tanto la aprobación de la ley, evitando el necesario debate y comparecencias? El hecho por ejemplo que no haya sido consultada la Comisión de Bioética de España es grave, como lo es que no haya habido la consulta perceptiva al Consejo de Estado.
- ¿Por qué, si la eutanasia es tan buena solución, son tan pocos los países que la aplican? En Europa sólo los tres países del Benelux. Portugal, que inició el proceso, que aún no ha conseguido aprobarla.
Una reflexión fría sobre el hecho de la ley nos señala que se nos ofrece como gran solución para el sufrimiento humano en la tercera década del siglo XXI, la misma medida veterinaria que se utiliza desde tiempo inmemorial con los animales que sufren: matarlos para evitar el sufrimiento. No está nada claro que este sea un paso en el progreso de la humanidad.
