La campaña de vacunación, el objetivo fijado por el presidente Sánchez de haber vacunado al 70% de la población el 30 de agosto, los posibles inconvenientes de la vacuna de AstraZeneca, todas estas cuestiones focalizan la atención de los medios de comunicación. Parece como si hubiera una ley no escrita que, como con la miel, todos acuden al mismo lugar, olvidando la atención a otras cuestiones determinantes relacionadas con la pandemia.
Ahora ya no está de moda, a diferencia de meses atrás, interesarse por cómo está funcionando la identificación de las cadenas de contagio, la eficacia de su rastreo, la identificación de los portadores, la cuarentena a la que deben someterse y la eficacia de ésta. Todo esto, que sigue siendo esencial y lo será en el futuro, está fuera de foco, y seguramente si esta atención existiera, ayudaría a explicar la situación de Cataluña que, con muchas medidas restrictivas muy perjudiciales para la economía, obtiene unos resultados muy mediocres.
Pero la gran cuestión que permanece en la ignorancia de políticos y opinión es la duración de la inmunidad provocada por las vacunas. Las personas se empezaron a inmunizar a partir de enero y si se cumplen las previsiones en agosto, siete meses más tarde, el 70% habrá llegado a esta situación que parece que producirá la inmunidad de grupo necesaria para el control de la pandemia. Pero, ¿cuánto tiempo dura esta protección? Y esta es una pregunta que no tiene respuesta, y eso es muy grave.
No hay suficientes datos para conocer el periodo que nos protegen las vacunas de Pfizer, Moderna o AstraZeneca y no digamos las últimas que vendrán. ¿Cuanto tiempo los anticuerpos y las células «T» impedirán que el SARS-CoV-2 prospere en nuestro organismo? Podemos tener una orientación fijándonos en los plazos de la inmunidad generada en aquellas personas que han pasado la enfermedad. De acuerdo con los criterios de vacunación, esta duración está establecida en 6 meses y este podría ser el periodo garantizado de protección, si bien numerosas sociedades médicas recomiendan no vacunar quienes han pasado la enfermedad hasta transcurridos 8 meses. Entre estos dos plazos se movería, por tanto, el horizonte de protección.
Otra referencia, ceñida en este caso a los efectos de las vacunas de la revista Science, señala la coincidencia con los 8 meses. Por lo tanto, con lo que sabemos hasta ahora, no es posible confiar en que la población permanezca protegida más allá de 8 meses. Menos, por tanto, que la vacunación en relación con la gripe, que es anual. Sea como sea, el hecho de que permanecerá durante un tiempo indeterminado un reservorio del coronavirus en nuestra sociedad, y que además continuará campando por el mundo, hace del todo necesario prever una organización y los recursos necesarios para vacunar nuevamente a toda la población hasta que sea necesario y con efectividad hasta octubre próximo. Esto significará que no se habría completado el 100% de la vacunación cuando ya será necesario volver a vacunar a los primeros que fueron inmunizados en enero. Hay aquí, por tanto, un gasto importante que irresponsablemente no ha sido contemplado en los presupuestos del estado y la Generalitat como siempre sigue la mala política española.
Hay que recordar que según la autoridad fiscal independiente AiREF y su informe sobre los Presupuestos de las Administraciones Públicas, las administraciones destinarán a luchar contra la pandemia entre el 2020 y en 2021 más de 80.000 millones de euros. La magnitud de la vacunación permanente y la necesidad de mantener activo el servicio de control de enfermedades infecciosas será un gasto que se mantendrá en el futuro, que no llegará a esa cifra, pero que sin duda será importante. Quizás del orden de los 30.000 millones de euros para el 2022 que deberían ser aprobados.
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