Se han hecho públicos los datos sobre las listas de espera de la sanidad española. El resultado nos recuerda el informe PISA por el carácter negativo de los datos. A escala global española, se ha alcanzado el máximo de personas en lista de espera, 850.000 en diciembre del pasado año, una magnitud sin precedentes, con un aumento del 7,1% respecto al año anterior. Son datos del propio ministerio de Sanidad. Detrás de las mismas encontramos 5 años de gobierno Sánchez, y los ministros de Sanidad, que van desde Salvador Illa a la actual Mónica García. Esto ya dibuja un grave problema que va a más. Pero dentro de la gravedad del mismo, la situación de Catalunya podría ser mejor o peor y desgraciadamente se sitúa en este segundo calificativo.
En relación al conjunto de comunidades autónomas, ocupamos la 6ª posición en tiempo medio de espera, 138 días. En los pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes todavía presentamos un dato peor porque ocupamos el puesto 5º con un 23,85. Y si utilizamos el tercer indicador, el porcentaje de pacientes que lleva más de 6 meses esperando una intervención, el lugar de Catalunya es el 4º con el 29,9.
Ésta es la respuesta a piñón fijo del gobierno de la Generalitat: es consecuencia de la mala financiación. Pues no, es consecuencia de la mala gestión que no es capaz de superar las limitaciones de una mala financiación. Lo decimos así porque mucho peor financiada en cuanto a los servicios que presta está Madrid que Barcelona, y sin embargo encabeza la lista, pero por el lado de los datos positivos. En otros términos está mejor en todas las medidas que determinan el tiempo medio de espera, las listas de espera por mil habitantes y los que llevan más de 6 meses en esta situación. Por situar una cifra, sólo el 0,8 son pacientes que esperan hace más de medio año. Si lo comparamos con la cifra de casi el 30% de Catalunya, veremos que la diferencia es astronómica.
Pero, para redondear el análisis, es bueno observar el nivel de financiación y la diferencia entre la capacidad fiscal, lo que paga cada habitante y los recursos totales que recibe el habitante de esa comunidad.
En el caso de Cataluña la diferencia entre capacidad fiscal y recursos totales percibidos es negativa con 305 euros. Pero es que la de Madrid es también negativa, pero tres veces mayor, 935 euros. ¿Cómo se justifica entonces las diferencias en la prestación de la sanidad en un caso u otro?
Y el ejemplo negativo todavía se vería aumentado si hiciéramos el cálculo de acuerdo con la paridad de compra, es decir, la diferencia derivada del nivel de precios de cada sitio. Madrid saldrá un poco más perjudicada. Está claro que también podríamos considerar que detrás de todo hay un problema del déficit fiscal, pero también en este caso Madrid presenta unas cifras mucho más negativas que la catalana. Utilizando el método de la carga-beneficio, el déficit en porcentaje de Madrid se sitúa en el 8,0% y el de Cataluña en el 5,5%. Y lo mismo ocurre en el caso del método del flujo monetario, la diferencia no es menor. En un caso el balance se establece entre los ingresos generados en cada autonomía y el gasto público ejecutado en la misma, y en el caso del coste-beneficio, más complejo, incorpora la valoración de los servicios públicos prestados por las comunidades autónomas y impacto de las políticas públicas en la economía regional.
En definitiva, el del flujo monetario sólo considera el gasto que se hace efectivo en el territorio en cuestión, mientras que el de la carga-beneficio imputa todo el gasto que se hace en el conjunto del territorio, pero que pueda tener algún beneficio para aquella comunidad autónoma. Por ejemplo, los funcionarios de la administración central que se sitúan en los ministerios o el gasto en defensa, por citar dos concretos.
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