Trabajamos medio año para el gobierno Sánchez porque el 50% de nuestros salarios van a parar manos del gobierno por varias vías. Se presupone que un gobierno de izquierdas está interesado en el bienestar de la mayoría de los ciudadanos y vela especialmente por la justicia social que, en nuestro marco, significa en gran medida justicia fiscal. No es nuestro caso. Pero vayamos por partes.
Primero, qué pagamos:
España ha sido el país de la UE que más ha hecho crecer los impuestos entre 2019 y 2022. Los ha aumentado casi un 3%, mientras que la media de la UE ha sido del 0,1%. Y, atención, porque estas cifras engañan, en realidad nos dicen que los impuestos en España han crecido 30 veces más en proporción a la UE.
Hay países como Dinamarca, Suecia, Hungría, Portugal, Países Bajos y Bélgica que incluso han reducido en una cuantía variable los impuestos. Además hay que recordar que estamos tratando de un período donde la inflación ha sido extraordinariamente alta y, por tanto, la presión fiscal también ha aumentado más, aunque los tipos se hubieran mantenido invariables, lo que no es obviamente el caso de España.
Por si todo esto no fuera poco, cabe recordar que debe existir una relación entre la presión fiscal que existe en un país y su renta per cápita en términos de igual poder adquisitivo (PTA). Porque no es lo mismo grabar con un 35% por 100.000 euros que sobre 50.000 euros, porque a menor renta más se nota el dinero que te quita, por la razón fundamental de que hay unas necesidades básicas comunes a todos y que el bienestar se alcanza a partir del diferencial entre la cobertura de este básico vital y lo que ganas. Cuanto más reducido o inexistente sea ese margen menos favorables son las condiciones de vida.
De hecho, el 43,44% del salario completo queda en manos de hacienda, cifra que aumenta hasta el 44,24% si se añade el IBI. Y si se hace una media de todos los demás impuestos, herencia, patrocinio, compra de vivienda, impuestos en el automóvil, combustible, alcohol, tabaco, se llega al 50%. Lo cual significa que de media trabajamos medio año para pagar la fiscalidad que nos impone Sánchez. Estas cifras han sido hechas públicas por el Instituto Juan de Mariana.
Por su parte, FEDEA calcula que el grupo más perjudicado son los jóvenes de 17 a 30 años que viven por su cuenta, porque 4 de cada 10 euros van a parar al estado en un período de vida en el que la persona está buscando la estabilidad económica. Si a esta circunstancia se le añade tener algún hijo, entonces las dificultades ya son extraordinarias.
Además España es uno de los países de la UE que menos ayudas da a las familias con hijos, lo que al mismo tiempo explica que seamos líderes en pobreza infantil. Y todo ello con un gobierno que reitera una y otra vez que es progresista y de izquierdas. Pero esto no es todo, en el reciente libro de los técnicos de hacienda José M. Mollinedo y Carlos Cruzado «Los ricos no pagan IRPF», se extrae una conclusión muy interesante.
Aunque estos técnicos expliquen con pelos y señales que la fiscalidad española es notablemente imperfecta y que los muy ricos sacan provecho de estas imperfecciones y de las ventajas que por su riqueza disfrutan, resulta que el mecanismo que utiliza hacienda para comprobar que la fiscalidad se ajuste a los ingresos reales está pensada para perseguir a las rentas bajas y medias.
La razón es la siguiente:
La mayor parte de las comprobaciones nacen del control, que es automático por estar informatizado, de las discrepancias entre el dato declarado por el contribuyente y la información que tiene Hacienda. Este mecanismo pesa mucho en el pequeño ingreso no contabilizado y el error con el que con facilidad se incurre cuando hace su declaración.
Total, que el universo que sale representado en esta metodología son casi todos de fraudes reales o fruto del error, a hacienda le da igual, que no superan los 1.000 euros. Es como si dijéramos lo del parto de los montes. Mucha faramalla informática, mucho algoritmo y un fraude de calderilla.
Las grandes fortunas, las grandes empresas, como disponen de buenos controles internos y asesoramiento de gran nivel no incurren en discrepancias y, por tanto, el sistema no los detecta. Incluso los autores del libro declaran que esto ocurre, excepto cuando surge alguna información como las filtraciones periodísticas. Así va la justicia social.
Pero quede claro que detrás de este procedimiento tan imperfecto hay una voluntad política, porque las grandes empresas y los grandes ingresos son pocos. Sería suficiente en centrar la atención en muestras potentes con márgenes de error muy pequeño de este segmento de los contribuyentes y centrar en ellos la atención para poder determinar la existencia o no de un exceso de ingeniería fiscal. Pero, como siempre, quien paga la fiesta es el de abajo.
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