Es evidente que la política de este país se está escribiendo día a día, porque los cambios que se producen modifican el escenario cada 24 horas.
A muy pocos analistas les preocupaba que el Supremo pusiera en una difícil situación el proyecto gubernamental de Sánchez asumiendo las tesis de la Junta Electoral Central, que retiraba su condición de eurodiputado a Junqueras al aplicar la sentencia en firme que le había condenado a trece años de prisión e inhabilitación por el delito de sedición.
Pero el hecho se ha producido y, al rechazar la medida cautelar, hace definitiva la pérdida de la condición de miembro de la Eurocámara. Esta pérdida se fundamentaba en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que determina que «son inelegibles los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el período que dure la pena».
Esta decisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se anticipa a la respuesta que este mismo Tribunal darà, pero en Sala de lo Penal, tras la respuesta del Parlamento Europeo que establecía la condición de diputado para Junqueras y que en todo caso significaba que el líder de ERC debía tomar posesión material de su sitio y, posteriormente, la justicia española solicitar su inhabilitación. Se creía que esta vía aseguraba que Junqueras podría quedar en libertad, aunque luego se tramitara la reclamación para su ingreso en prisión, procedimiento que tardaría meses, y que además el tiempo transcurrido contabilizaría para el cumplimiento de la pena.
Ahora se abren numerosos interrogantes de todo tipo. El primero es que el Supremo deberá casar esta decisión del contencioso administrativo con la que pueda decidir el ámbito penal. Un conflicto en el seno del propio tribunal y sus diferentes instancias debido al caso Junqueras sería realmente demoledor.
Pero también es preocupante el contencioso que se acaba de abrir con la presidencia del parlamento europeo, que ocupa David Sassoli, diputado del grupo socialista de la cámara. Sassoli ignoró explícitamente la decisión de la JEC que ahora el TS asume a todos sus efectos. Hay, por tanto, un conflicto importante entre una instancia europea, la presidencia de la Eurocámara, y el más alto nivel de la justicia española. Crece, por tanto, el problema europeo a expensas del conflicto con los independentistas catalanes. Evidentemente estas fisuras llegan en un momento pésimo para Europa. A las puertas del Brexit, y dañada por varias crisis internas, que debe afrontar una nueva Comisión presidida por Von der Leyen, apenas recién llegada. El gran interrogante es si este aumento de los problemas en Europa originados por el independentismo catalán favorece a este o acabará acentuando la idea ya preexistente de que constituye un factor de inestabilidad para Europa.
El tercer gran interrogante es cómo afectará esta situación a ERC. Más allá de la reacción inmediata de naturaleza instrumental, seguramente el partido republicano esperará a ver cómo se acaba de resolver todo el litigio en el seno del Tribunal Supremo antes de hacer ninguna consideración política de fondo.
En todo caso más incertidumbre, más conflicto, que favorece la polarización porque podrá alimentar los dos extremos del espectro.
