El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, hace años que ha agotado su mandato, pero nunca ha tenido el gesto de presentar su dimisión o instar al Parlamento para que le buscasen un sustituto.
Primero porque hace demasiados años que está al cargo, 15 años, desde 2004, ¡toda una generación! Y eso no es bueno para la higiene de la institución, y también porque su persona, que debe ser de consenso, ya no responde a los parámetros actuales del Parlamento de Cataluña.
Y si esta situación ya cuestionaba su continuidad, la iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción la hace insostenible. La solicitud al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para que lo impute por un delito de cohecho impropio por haber viajado con su hija a la final de la Liga de Campeones celebrada en Berlín en 2015, a cuenta de un empresario investigado por el caso del pago de comisiones a cambio de obra pública, el famoso 3% de CDC, sitúa a Ribó en una situación insoportable.
Evidentemente, no se trata de prejuzgar su inocencia, todo lo contrario, pero es patente que un Defensor del Pueblo no sólo debe ser incorrupto, sino que no debe haber ninguna sombra de sospecha. Anticorrupción detalla en su escrito que el empresario Jordi Soler decidió invitar a personalidades de CDC y personalidades públicas catalanas a viajar en un vuelo privado a Berlín para ver la final entre el Barcelona y el Juventus de Turín. La invitación era extensiva a Ribó. Y él, según consta en uno de los e-mails, pidió si podría incorporar al viaje a su hija.
De la Mata, el juez de la audiencia, aún no ha determinado aceptar la imputación al considerar que la instrucción judicial que señala a un aforado debe ser particularmente cuidadosa, si bien entiende que no le consta ninguna otra relación entre el Síndic y el empresario para justificar la invitación que la función o cargo que Ribó ostenta. No existe para el juez ninguna relación de familiaridad o de especial amistad íntima entre ambos, y subraya que el empresario consideraba que el viaje era «comercial», como apuntó en un mensaje, que obra en poder de la Fiscalía, y que Soler dirigió a un tercero.
