La distribución de las presidencias de las comisiones y los distintos puestos de sus respectivas mesas, han destapado una crisis monumental de la concepción democrática que impera en la cámara que representa a todos los ciudadanos.
La alianza del PSOE y Unidas Podemos ha impuesto su ley en la distribución de los 132 cargos que componen las 33 comisiones que tiene el Congreso. De ellas depende la importante función de ordenar, otorgar prioridades y establecer, por tanto, los órdenes del día en el debate parlamentario, así como los plazos de funcionamiento. Son 15 en total, y cada uno de ellos dispone de una presidencia.
Lo que vemos habitualmente en la televisión, las imágenes del plenario, son solamente la parte más vistosa y donde se realizan las votaciones finales, pero detrás de cada una de ellas hay el funcionamiento de las diversas comisiones, que en sus respectivas mesas, es donde reside la actividad básica del Congreso.
Lo lógico en un sistema democrático, que reconoce como esencial el pluralismo político, es distribuir las presidencias y demás responsabilidades de las comisiones de manera proporcional a los resultados obtenidos. Así se ha venido haciendo a lo largo de los años, con sus más y sus menos. Pero nunca se ha llegado al extremo que ahora ha impuesto la mayoría de Gobierno, formada por socialistas y Podemos, que basándose en este hecho ha impuesto su ley. Sus 19 votos en la Mesa del Congreso, que rigen la distribución de los cargos, ante los 15 que suman PP, Vox y Ciudadanos, ha conducido a dejar sin ningún lugar a Vox, el tercer partido de la cámara, que cuenta con 3,6 millones de votos ,y de paso a Ciudadanos, con 1,6 millones. De esta manera, se ha marginado la representación de más de 5 millones de ciudadanos.
El PP se ha plegado a esta imposición a cambio de disponer de 7 presidencias con el argumento de que si no lo hacía se quedaba sin ninguna, porque en este sentido les presionó el PSOE. Esquerra Republicana, con 13 escaños, y el Partido Nacionalista Vasco, con 6, como aliados que son de Sánchez, sí que dispondrán de representación, con una presidencia de comisión respectivamente, y otros cargos de las distintas mesas. El Partido Popular ha hecho muy mal adhiriéndose a esta actuación tan antidemocrática. Más le valía afrontar la situación y desencadenar el escandaloso escenario donde solo el Gobierno y sus aliados tuvieran presencia en la mesa de las comisiones.
Todo esto lo han justificado los partidos del gobierno con el fin de establecer un cinturón de seguridad entorno a Vox, como si alguien pudiera conferir el derecho a otorgar credenciales democráticas a algunos partidos en detrimento de otros, cuando todos se acogen al régimen de representación parlamentaria, más cuando uno de los partidos beneficiados por el pacto es ERC, cuyos dirigentes han participado, de acuerdo con la justicia española, en un una sedición, o al menos en un intento de ella.
No se trata de defender a Vox o a Ciudadanos por su política, sino a la razón de la democracia pluralista, que no puede quedar reducida a dictadura de una mayoría, además escuálida. Esto es precisamente lo que ha venido sucediendo en el Parlament de Catalunya y que los socialistas catalanes han sido los primeros en criticar: la dictadura de la mayoría para imponer sus normas en el funcionamiento parlamentario, sin respetar la necesidad de consensos o mayorías cualificadas para determinadas cuestiones.
