Sánchez y la España dividida: incapacidad y soberbia

Una característica diferencial del gobierno Sánchez en relación con cualquier otro gobierno europeo es que nunca ha asumido ningún error como propio y mucho menos ha pedido perdón por sus consecuencias. No lo ha hecho ni siquiera durante su trágica gestión de la primera ola de la pandemia. No reconocer los errores no es solo una tara moral, es también cuestión de eficacia y eficiencia, porque es de la asunción de ellos que se producen las mejoras. De ahí que ese gobierno demuestre ser tan incapaz ahora, después de tres años, como lo era el primer día que se puso a actuar.

Esta categoría que acabo de describir tiene ahora uno de sus máximos exponentes, ni mucho menos único, en el fiasco de la ley del “Sí es sí”. Para ver la magnitud de la tragedia, que está aligerando de penas a abusadores y violadores condenados, basta con acudir a este breve e incompleto recuento de urgencia:

• Primer caso. Abuso sexual. Condena: 6 años y 9 meses. Resultado actual: 1 año y 3 meses. Reducción del período de inhabilitación de 12 años a 3 años y 3 meses.
• Segundo caso. Abusos sexuales. Reducción de 3 años a 2 y puesta en libertad por cumplimiento de la mayor parte de la pena.
• Tercer caso. Violación. Reducción de 6 a 4 años.
• Cuarto caso. Abuso de menores. Disminución de 8 a 6 años.
• Quinto caso. Intento de violación. Reducción de 6 años a 3 años.
• Sexto caso. Abuso de menor. De 8 años y medio a 6 y medio.
• Séptimo caso. Violación de la pareja con amenazas. De 13 años pasa a 12.
• Octavo caso. Agresión sexual reiterada. De 12 a 9 años.
• Y por último, aplicación a un nuevo caso de la nueva ley, violación con fuerza en el domicilio de la mujer, condenado a 3 años y 9 meses.

Y esto en un período de tiempo corto del orden de un mes. La administración de justicia considera que habrá un goteo continuado.

Es literalmente un escándalo y señala que la ley es una chapuza con el agravante de que fue previamente anunciado por el informe del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, y además es una chapuza en una ley de rango orgánico que, por tanto, exigía una mayoría calificada del Parlamento.

Es del todo cierto que no es justo situar el foco solo en Irene Montero, porque si bien fue ella la que lanzó la primera piedra en la iniciativa de hacer la ley, esta ha pasado por el Consejo de Ministros donde, recordémoslo, hay tres jueces: Pilar Llop, de Justicia, Margarita Robles, de Defensa y Marlaska, de Interior.

Fue asumida y defendida en plenitud por Sánchez que, en realidad, una vez aprobada, es el único responsable político de la ley. Pero es que además fue aprobada con aplausos por una amplia mayoría, la de los propios partidos sin ninguna excepción que apoyan al gobierno.

Por cierto, que aquí habría que subrayar el papel de estraza que sigue haciendo el PDeCAT en Madrid. No se entiende que quiera representar una alternativa a Cataluña y actúe de forma tan servicial y acrítica en relación con las decisiones del gobierno. Deberían hacérselo mirar.

Por tanto, la responsabilidad de la ley es de Sánchez y de los partidos que le apoyaron en el Congreso. Lo que sí es responsabilidad de Montero son las críticas desmedidas contra los jueces que, de hecho, les acusa con otras palabras de prevaricar y de falta de formación, y les amenaza con aplicarles la ley para formarlos obligatoriamente con la finalidad evidente de que los jueces apliquen la ley, no de acuerdo con su criterio independiente, sino de acuerdo con lo que pretende la ministra. Solo por eso ya debería ser destituida, porque interfiere gravemente en la independencia de poderes y altera el juego democrático, cosa nada de extrañar dada la organización política a la que pertenece. Lo extraño es que forme parte de un gobierno democrático de la UE, y también es raro que el presidente del gobierno asuma estas críticas de su ministra a los jueces, porque, entonces, lo que hace es abrir aún más la crisis entre poderes que está destruyendo el sistema institucional español.

Pero es que, además, la ministra Montero no tiene razón en absoluto cuando acusa a los jueces de machistas. Primero porque las sentencias las han dictado tanto hombres como mujeres, en muchos de los casos a los que hemos aludido han participado magistradas en la decisión y, por tanto, y en todo caso serán «mujeres jueces machistas», lo que es realmente un despropósito. Incluso, la siempre amable con el gobierno, Juezas y Jueces por la democracia, han criticado a la ministra por sus declaraciones, pese a pertenecer a esta organización Mª Victoria Rosell, que es la mano derecha e izquierda de Montero en la redacción de esta ley. Es la misma Rosell que Podemos quiere colocarnos en el Tribunal Constitucional.

Todo ello hace aún más improbable que pueda resolverse el problema del nombramiento de jueces porque la polarización se ha multiplicado. Hoy España está más dividida que nunca a consecuencia de leyes absolutamente extremas, impulsadas de forma ilegítima en el Congreso de los diputados, legal pero ilegítima, y ​​después por la actitud política del propio Sánchez y de todo su gobierno que combina la soberbia con la incapacidad de legislar de forma mínimamente correcta.

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