En toda la historia de nuestra democracia, que se remonta a más de 40 años atrás, nunca ha habido un gobierno que vulnerara de forma tan sistemática la constitucionalidad y lo hiciera con plena conciencia del acto que cometía.
Hay dos casos espectaculares, que la memoria de pez que caracteriza a la sociedad y a los medios de comunicación actuales parecen haber olvidado, aunque son terribles precedentes para la democracia. Es el caso de la inconstitucionalidad flagrante del establecimiento del estado de alarma durante la covid que representó encarcelarnos en nuestros domicilios y que la policía se dedicara a perseguir a la gente que podía encontrar por la calle, y a sancionarla, por supuesto. El TC anuló todo esto y es un escándalo insólito en el marco de las democracias occidentales.
Por si fuera poco, el gobierno también se permitió el lujo inconstitucional de suspender la actividad del parlamento. Todo esto fue muy grave, pero ha pasado sin pena ni gloria. De hecho, la medida que ha adoptado ahora en el TC con un criterio cautelar y no de resolución a posteriori es un buen precedente para evitar que en el futuro se produzcan abusos de esa magnitud que encauzan nuestra democracia hacia una ficción.
Después han habido un alud de leyes que están recurridas o lo serán cuando se apruebe el TC y no son de temas menores. Se trata de la norma sobre la eutanasia y el suicidio asistido, la que regula por enésima vez la educación, la de la protección de la infancia que se pasa notablemente por el forro la patria potestad. Y detrás de éstas vienen otras que están en trámite como la ley trans, otra que liquida la patria potestad, la de la familia que destruye el concepto de familia numerosa y la capacidad constitucional de los padres de decidir sobre la educación moral y religiosa de sus hijos y la del aborto que empeora la anterior ley que estaba recurrida desde hacía 11 años en el TC.
Como puede verse todo este paquete legislativo va de un mismo palo, aquel que cambia los fundamentos antropológicos, culturales y morales de la sociedad. Los aspectos institucionales de estos textos son muy evidentes porque no son fruto de alambicadas reflexiones jurídicas, sino que atacan frontalmente artículos concretos de la Constitución.
Pero, por supuesto, el derecho es un arte dotado de una gran capacidad interpretativa, y si resulta que el TC está formado por personas que vienen de la estricta disciplina política del gobierno, el resultado estará cantado. Por eso Sánchez tiene tanto interés en la transformación del TC y propone candidatos tan poco recomendables como un exministro suyo o una ex directora de servicios de la propia Moncloa. La idea es que en el TC haya progresistas, conservadores o criadores de canarios. Pero que todos los miembros dispongan de un sólido currículum jurídico ha pasado a la historia porque aquí se trata solo de convertir la instancia garante de la constitucionalidad en un instrumento más al servicio del gobierno de Sánchez.
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