En el Congreso de los Diputados se vivió una sesión extraordinaria que marcará un antes y un después en la política española. El presidente Pedro Sánchez presentó un nuevo Plan contra la Corrupción, pocos días después del ingreso en prisión preventiva de Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE. El debate, tenso y áspero, plagado de descalificaciones extremas, dejó entrever mucho más que la lógica confrontación parlamentaria: dejó al desnudo una crisis institucional de dimensiones inéditas.
No es una crisis más. Es la señal inequívoca de que el sistema de partidos, tal como lo define el artículo 6 de la Constitución, ha dejado de cumplir su función: representar el pluralismo político, canalizar la voluntad popular y ser instrumento de participación ciudadana. Hoy, los partidos no rinden cuentas, no se someten al control electoral y han olvidado los principios esenciales de la democracia: la alternancia y la consecución del bien común.
Pedro Sánchez asumió “responsabilidades”, sin definir en qué consisten ni establecer sus consecuencias. ¿Se puede asumir responsabilidad sin coste político ni explicaciones concretas? ¿Qué significa, entonces, ser responsable? ¿Y cómo se puede continuar al frente del Gobierno cuando los errores reconocidos afectan ya no a uno, sino a al menos cuatro altos cargos de su confianza directa, mientras su entorno personal es objeto de investigación judicial?
Aquí entra el principio de culpa in vigilando, una figura que responsabiliza a quien, por su posición, debe haber evitado ciertos hechos. Sánchez, al presidir el Consejo de Ministros, está reconociendo errores sin asumir su precio político. La rendición de cuentas se ha convertido en un formalismo sin consecuencias reales.
Lo más grave no es solo lo que hace el Gobierno, sino lo que dejan de hacer quienes deberían controlarlo. Los partidos que sostienen la mayoría parlamentaria —Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG— han optado por la indiferencia estratégica. Prefieren no incomodar a su socio mayoritario mientras haya poder que repartir. La moral política se diluye entre cálculos electorales y lealtades circunstanciales.
Incluso los argumentos más básicos para exigir elecciones se ignoran. España acumula ya tres años sin presupuestos generales del Estado. Sin ellos, ni puede fijarse techo de gasto ni establecer prioridades. Y aun así, se plantea un incremento del gasto militar. ¿Cómo se puede decidir eso sin base presupuestaria? ¿Qué clase de democracia acepta semejante grado de improvisación estructural? Y eso fue, el gasto militar lo que en teoría se debatió en la sesión de tarde, ¡que engaño, qué enorme demostración de cinismo!
Tampoco resiste el examen democrático buena parte de las medidas contra la corrupción que fueron anunciadas. Qué credibilidad tiene un organismo supuestamente “independiente” que surge directamente del poder político: el CIS, el Banco de España, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional o la propia presidencia del Congreso, son ejemplo de la colonización sistemática del Ejecutivo. ¡Pero hasta la AIReF se ha visto obligada a protestar por las intromisiones gubernamentales! La independencia, así entendida, se convierte en una ficción.
El debate parlamentario ha perdido el sentido de lo institucional. El discurso de la emotividad se impone al de la razón. El dolor humano —como el de Yolanda Díaz al recordar a su padre— merece todo el respeto, pero nunca debe utilizarse como argumento político para deslegitimar a la oposición.
Lo que está en juego no es el futuro de un partido, sino el de la democracia española. Si no hay posibilidad de alternancia, si la oposición es demonizada por sistema, si la rendición de cuentas se sustituye por gestos vacíos, entonces el sistema pierde su legitimidad. Y sin legitimidad, lo que queda es una democracia irresponsable, de mentirijillas, aparente, sin contenido real.
Todo esto ocurre en un Estado que carece de una figura con capacidad moderadora. Sin un poder institucional que actúe como árbitro, la política se convierte en una lucha de trincheras sin normas compartidas. Si no fuera por el marco europeo, España estaría ya inmersa en un tobogán obscuro que conduce a tierra incógnita.
Sin rendición de cuentas ni poder moderador, lo que queda es una democracia aparente. #PSOE #PedroSánchez #Democracia Compartir en X
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