No es sólo Sánchez-Llibre quien se ha opuesto con contundencia al acuerdo alcanzado por la ministra Díaz con Garmendi, presidente de la CEOE, y con UGT y CCOO. También se han opuesto la patronal de Madrid, es decir la otra territorial más importante junto a la catalana, que preside Miguel Garrido, ASAJA, presidida por Pedro Barato, y el director general de ANFAC que reúne a todo el sector de la automoción. Por tanto, son cuatro posiciones contrarias, pero de gran peso.
En contrapartida la FEPYME, votó favorablemente en la reunión del comité ejecutivo de la CEOE que por vía telemática se hizo ayer, pese a que una parte de su organización, la pequeña y mediana empresa, son muy críticos con los acuerdos, al considerar que a quien afectará más gravemente es precisamente a sus asociados que tienen menor capacidad de soportar la nueva legislación laboral. No es fácil determinar quién acierta, tanto desde el punto de vista de los sindicatos como de las distintas posiciones de los empresarios. Posiblemente, la única gran ganadora claramente del pacto ha sido la ministra Díaz, aunque hay que ver cómo será recibido el acuerdo en su paso por el Congreso, porque evidentemente lo que ha salido de la cocina de la mesa de negociación no tiene nada que ver con una derogación de la legislación que aprobó el PP, como era el compromiso inicial tanto de Sánchez como de, mucho más reiteradamente manifestado, Díaz.
Los puntos de discrepancia pueden resumirse en estos términos. Por parte de la CEOE el acuerdo es aceptable y no corre el riesgo de que la ruptura diera pie a una legislación más dura dictada unilateralmente por el gobierno, como había amenazado. Por otra parte, consideran que en la práctica muchas tendrán escasa repercusión.
Sánchez-Llibre y los demás opositores consideran que Garmendi se ha asustado ante las presiones del gobierno, porque en ningún caso la reforma podía ir en contra de los criterios de la Comisión Ejecutiva, que no favorecía ningún debilitamiento en las condiciones.
Los puntos más controvertidos son, por un lado, que los convenios de los sectores vuelven a situarse en materia salarial por encima de los convenios de empresa, y es evidente que esta fórmula que da poder a los sindicatos, puede perjudicar a empresas que estén en peores condiciones de resistir o que estructuralmente sean más débiles.
Seguramente existe razón en que estas medidas impiden una buena adaptación a las características de cada empresa, si bien también es cierto que la negociación en el ámbito estrictamente empresarial deja al trabajador muy desprotegido en la mayoría de casos.
Un segundo aspecto controvertido es que se vuelve a instaurar la denominada ultraactividad que significa que cuando un convenio llega a su fin y se comienza la negociación del nuevo, prevalecen las condiciones del finalizado hasta que no se llegue a un nuevo acuerdo, hecho que otorga una clara ventaja negociadora en muchos casos a los sindicatos.
También se limitan, pero no desaparecen, contratos temporales. Lo que queda claro es que la base de la relación laboral será el contrato indefinido y que en relación con éste pueden producirse excepciones muy concretas, de tipo estructural para mayores demandas circunstanciales de trabajo, o por sustituciones ocasionales y también por formación. Los contratos temporales pasarán ahora de un tope de 24 meses a 18. Las contrataciones ocasionales por períodos de tiempo extraordinario como Navidad o los trabajos agrícolas no podrán exceder de 90 días al año no consecutivos. Los contratos ya existentes de fijos discontinuos tendrán el reconocimiento de la antigüedad de todo el período laboral.
Para los sindicatos, que no han salido con gritos de alegría de la negociación, pueden presentar, de todas formas ventajas, claras porque algunos puntos decisivos para ellos han sido alcanzados, como el del convenio de sector y de ultraactividad.
Lo que hay que añadir es que este planteamiento no significa una reforma laboral orientada a la flexiseguridad, que es el gran reto de la economía española, si bien los nuevos ERTO, que ahora se denominarán mecanismo RED, facilitarán detener el trabajo durante el máximo de un año sin tener que recurrir al despido, y esto es un paso muy importante para empresarios y trabajadores.
Seguramente los resultados de estos acuerdos no los veremos a menos que sea con el paso del tiempo y en relación con la dinámica del empleo. Si ésta sigue siendo buena, los resultados del acuerdo también lo serán. Si se frena o estropea, el balance necesariamente será negativo.
Sumando y restante, cabe decir que los acuerdos generan costes potenciales adicionales a las empresas, de una magnitud que hay que ver y que sobre todo podrá afectar a los sectores más sensibles a las limitaciones, como el agrícola, pero también a la empresa pequeña que es la que genera la mayor parte del empleo.
Cabe recordar que, junto a estas nuevas exigencias, se añaden los elevados incrementos del salario mínimo interprofesional producidos en poco tiempo, sin duda necesarios, pero objetivamente generan un coste, el mecanismo de equidad intergeneracional que se ha acordado para la Seguridad Social, que representa otro coste sobre la empresa, al que hay que añadir los incrementos que ha registrado la energía y no sólo la eléctrica, los costes crecientes que se producirán por la transición enérgica y que irán afectando a la mayoría de sectores, la inflación que ahora ya está claro que no se acabará pasado mañana, y los cuellos de botella en la provisión de materias necesarias para la producción, que seguramente se van resolviendo, pero que siguen presionando.
Todo ello más la incertidumbre de la evolución de la covid durante el mes de enero y febrero del próximo año, presenta un panorama complicado en el ámbito empresarial, que explica parte de las resistencias a asumir algunas de las limitaciones que establece el pacto, a pesar de que éstas puedan ser consideradas en teoría como poco importantes para el conjunto, pero que necesariamente tendrán impacto en un grueso de empresas de número desconocido todavía.
