Lo que nunca puede hacer un presidente del gobierno es cuestionar a la justicia, sobre todo en sus instancias máximas, como el Tribunal Supremo, y dar por buena la corrupción política bajo el argumento de que no ha habido enriquecimiento por parte de las dos máximas autoridades responsables, los presidentes de la Junta de Andalucía y ex ministros Griñán y Chaves. Este tipo de argumento, aderezado por frases como “pagan justos por pecadores”, y abonado por la explicación de que el PSOE no se ha lucrado como partido ante un delito masivo de 600 millones de euros, constituye un escándalo que traspasa las fronteras de España.
Bajo esta lógica, el caso Borràs tampoco tendría porque ser especialmente penalizado ya que su acción, en caso de que se demuestre cierta, cosa que todavía no se ha producido, no la habría enriquecido a ella. Y qué decir del “caso Pujol”, es una evidencia monumental de que Jordi Pujol no se ha lucrado de su largo período en la Generalitat. No ha tenido más patrimonio -sigue viviendo en el mismo piso que cuando se casó-, su estilo de vida es de una austeridad radical, pese a ello está imputado y se le piden penas de cárcel muy elevadas, y así podríamos ir reiterando otros casos porque el beneficio de la corrupción política no significa en muchos de ellos un lucro personal, sino simplemente favorecer el mantenimiento del poder. Lo que se hizo en Andalucía era una red inmensa de clientelismo político pagado con dinero público que beneficiaba, cuando llegaban las elecciones, al PSOE y a los respectivos presidentes que iban por delante.
Pero lo más grave de todo esto es que cuando gobernaba Rajoy, Sánchez exigía, estamos en el 2015, abolir los indultos a los corruptos fueran quienes fueran. Pedían modificar la ley para que el gobierno no pudiera indultar a nadie condenado por corrupción y decían, para razonarlo, en el Congreso “hay que cerrar la puerta de forma radical todos juntos a esta posibilidad (la del indulto) sea quien sea quien gobierne” y añadían “no hay plazo medio. O estás con la corrupción o estás contra ella” … “la corrupción no es de izquierdas ni de derechas, es de indecentes”… “que desde ahora mismo, se prive al gobierno, sea del color del color que sea de conceder indultos a corruptos, sean del partido que sean”.
Todas estas expresiones figuran en el diario de sesiones y además constan como una iniciativa legislativa que fue debatida en mayo de 2015. Fue el PP el que se opuso al cambio. Con estos antecedentes parecería inviable que Sánchez pudiera indultar, por ejemplo, a Griñán, ni siquiera con un indulto parcial.
El problema de estas actitudes, por parte del gobierno que enmienda la plana a la justicia cuando no encaja con sus deseos, es que produce una degradación de las instituciones y una desconfianza creciente en ellas. La prueba la tenemos en que ahora ya se especula que los cambios en el TC que impulsa unilateralmente Sánchez y que le darían la mayoría de miembros favorables a las tesis gubernamentales, son los que resolverán el problema de los presidentes andaluces, sobre todo el de Griñán que está condenado a prisión. Se trataría nada menos, de hacer lo que los juristas rechazan de lleno, convertir al Tribunal Constitucional en una última instancia jurisdiccional por encima del Supremo y modificarlo, cuando lo único que ha hecho es ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Será o no verdad, pero la sospecha crece abalada por la desconfianza generalizada de los ciudadanos en Sánchez, como demuestran las encuestas. Si este hecho se produjera, al igual que se ejercieran los indultos, la crisis institucional española habría dado un paso más hacia una situación catastrófica.
