Es evidente que la gran mayoría de los gobiernos europeos, independientemente de su orientación política, han adoptado hoy en día una postura crítica y restrictiva hacia la inmigración. En esto coinciden tanto los partidos de derecha y la alternativa, como el Partido Popular Europeo y la socialdemocracia, reflejado en el giro radical del gobierno alemán y la firme política migratoria de la socialdemocracia danesa. Estas políticas son a menudo igual de estrictas que las adoptadas por países como Hungría.
En este contexto contrasta la postura del presidente español Pedro Sánchez, abiertamente favorable a la inmigración, de la que sólo destaca ventajas. Esto, pese a que España ha registrado en los últimos años un volumen significativo de inmigrantes, mayoritariamente por vías irregulares. Actualmente, el ingreso ilegal no se limita tanto a las pateras y cayucos, sino que también se produce a través de aeropuertos, donde la ausencia de control resulta alarmante.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también mantiene una postura favorable hacia la inmigración, alineándose con Sánchez. Illa sostiene que la inmigración enriquece culturalmente al país, lo que, a pesar de ser cierto en parte, no debe ignorar la amenaza que representa para la lengua y la cultura catalana.
En Cataluña, los datos de la educación primaria revelan que la inmigración africana supera ya a la latinoamericana: el 41% de los alumnos inmigrantes provienen de África, en comparación con un 24% de América Latina y un 14% de Asia.
Pese a la falta de controles en los aeropuertos y la abundancia de residentes ilegales, el gobierno español procederá a regularizar la situación de 900.000 inmigrantes, facilitando los requisitos para obtener la residencia legal. Esta medida incluye reducir de tres a dos años el tiempo necesario para acreditar su estancia en territorio español y así regularizar su situación.
Estas decisiones presentan importantes inconvenientes, como el llamado “efecto llamada”: el mensaje que se transmite es que, si alguien viaja a España, tarde o temprano podrá regularizar su situación. Además, estas medidas no abordan el problema del bucle burocrático en el que se encuentran muchos inmigrantes: sin residencia no pueden buscar trabajo, y sin trabajo no pueden obtener la residencia.
Una política migratoria lógica y razonable debería enfocarse en controlar los flujos migratorios, frenar la entrada masiva de inmigrantes ilegales y ser más diligente en las devoluciones. También debería permitirse a los inmigrantes trabajar para que, con el tiempo, puedan obtener la residencia. Adicionalmente, para preservar el equilibrio social, sería adecuado fomentar el reagrupamiento familiar de los núcleos más cercanos, manteniendo siempre un control efectivo de las fronteras.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha afirmado que España necesita 300.000 nuevos inmigrantes al año, cifra que ha sido superada en los últimos tiempos. Esto significa que, en una década, el país sumará tres millones de nuevos residentes. Mientras, el gobierno de Sánchez y el de Illa parecen ignorar dos problemas fundamentales: el descenso continuado de los nacimientos y la elevada tasa de envejecimiento de la población. Con una tasa de fecundidad de sólo 1,1 hijos por mujer, el país está lejos de mantener un equilibrio demográfico.
En Cataluña, la situación es preocupante. La inmigración representa una proporción significativa de la población activa. En paralelo, el paro estructural sigue siendo elevado, con tasas del 11% en España y del 9,5% en Cataluña, lo que indica el fracaso de las políticas de empleo, especialmente entre los jóvenes.
No puede obviarse el impacto de la inmigración en la vivienda en las grandes ciudades, donde se concentra la mayoría de los inmigrantes en situación irregular, compitiendo con la población autóctona por los alquileres más bajos. Esto se suma a la presión del turismo masivo y el auge de los pisos turísticos. También existe una gran carga sobre el sistema educativo público, que ya de por sí afronta problemas para ofrecer una educación de calidad.
La baja productividad es también un problema derivado de la actual política migratoria. Aunque el PIB crezca, la renta per cápita apenas lo hace debido al aumento de la población. Entre 2019 y 2024, la renta per cápita sólo ha crecido un 1,4%, mientras que el coste de vida ha aumentado significativamente, con una inflación del 47% en los precios de la cesta de la compra y un incremento de los alquileres. Esto significa que las condiciones de vida de muchos ciudadanos han empeorado.
Los bajos salarios, especialmente en sectores como la hostelería, también tienen un efecto negativo sobre la sostenibilidad del estado del bienestar. Salarios inferiores a los 23.000 euros anuales generan un balance negativo entre lo que se aporta y lo que se recibe del sistema público. Aunque no se puede generalizar que los inmigrantes reciban más ayudas que los autóctonos, la realidad es que muchos inmigrantes desempeñan trabajos de baja productividad que no contribuyen lo suficiente al sistema.
No podemos continuar en esta situación: recibiendo a 300.000 inmigrantes al año mientras la natalidad sigue cayendo, con problemas de acceso a la vivienda y un sistema educativo deficiente. Esta política migratoria, combinada con una productividad tan baja, nos conduce hacia uno camino de decadencia.
En Cataluña, la situación se agrava por tres factores adicionales. Primero, por la magnitud de la inmigración: el 30% de quienes viven en Barcelona son extranjeros y más del 40% de los nacimientos son de padres inmigrantes. Segundo, por la importancia del turismo y la hostelería en la economía catalana, sectores que acentúan los problemas mencionados. Y tercero, por el impacto sobre la lengua y cultura catalanas. El catalán es ya la lengua principal sólo para un tercio de los habitantes de la capital, lo que revela la gravedad del problema.
Ni Sánchez ni el presidente de la Generalitat están asumiendo su responsabilidad. En lugar de cantar las excelencias de la inmigración, deberían abordar los problemas que ésta está ocasionando y trabajar en beneficio de los ciudadanos, sus familias, el sistema público de bienestar, la capacidad educativa de las escuelas y el futuro del país. Tienen el deber de controlar estrictamente la entrada de inmigrantes y ofrecer soluciones a los déficits y deficiencias actuales, empezando por apoyar a las familias y fomentar la natalidad.
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