España se dispone a protagonizar una de las mayores regularizaciones de inmigrantes en su historia democrática. El Gobierno ha aprobado en febrero de 2026 un programa temporal que prevé legalizar, en una primera estimación, a unas 500.000 personas en situación irregular que acrediten al menos cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes graves. El permiso inicial será de un año, renovable hasta cuatro más. El objetivo declarado: responder a la escasez de mano de obra y ordenar una realidad que ya existe.
Pero el problema no comienza en la intención, sino en la magnitud.
Las estimaciones más recientes sitúan el número de inmigrantes irregulares en España entre 500.000 y 900.000 personas. Funcas calcula que a inicios de 2025 la cifra rondaba los 840.000, lo que supone un incremento del 700% respecto a los 107.000 registrados en 2017. En apenas ocho años, el porcentaje de no comunitarios en situación irregular habría pasado del 4,2% al 17,2%. El fenómeno no es marginal ni coyuntural. Es estructural.
La reforma del arraigo aprobada en mayo de 2025 aspiraba a regularizar hasta 900.000 personas entre 2025 y 2027. Sin embargo, las proyecciones indican que, si las llegadas continúan, el volumen podría estabilizarse en torno a las 850.000 personas. El crecimiento ha estado marcado especialmente por la llegada de latinoamericanos, que representan en torno al 91% del total irregular.
España no es ajena a las regularizaciones masivas.
Entre 1986 y 2005 se llevaron a cabo seis procesos extraordinarios que legalizaron a más de 1,2 millones de personas bajo gobiernos del PSOE y del PP. La mayor hasta ahora fue la de 2005, bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que benefició a 576.506 inmigrantes sobre 691.655 solicitudes, con un requisito central: contrato de trabajo y tres años de residencia previa. Las regularizaciones impulsadas por José María Aznar en 2000 y 2001 sumaron 503.327 concesiones, centradas en criterios de arraigo.
La diferencia sustancial del plan actual no es solo la escala —que podría superar a la de 2005—, sino el contexto.
Si se cumplen las previsiones, los gobiernos socialistas de Zapatero y Sánchez habrán incorporado al menos 1,2 millones de nuevos residentes de origen ilegal en poco más de dos décadas, alterando de forma significativa la estructura demográfica y laboral del país. Plantear que esto no significa crear un foco de atracción es negar la evidencia, por la misma lógica que una secuencia reiterada de amnistías fiscales o de regularizaciones incita al fraude. Más pronto que tarde llegará la próxima.
Pero la dimensión nacional es solo una parte del problema.
Europa ha tomado un rumbo distinto. El Parlamento Europeo aprobó el 10 de febrero un acuerdo para acelerar las deportaciones de inmigrantes irregulares, incluyendo su traslado a países considerados seguros. La Comisión Europea ha asumido la llamada doctrina Meloni: externalización de centros de internamiento fuera del territorio comunitario, como ya ocurre en Albania para Italia.
Mientras España regulariza, la Unión Europea endurece
El portavoz de la Comisión ha advertido al Gobierno español que, si bien las regularizaciones son competencia estatal, sus efectos repercuten en el conjunto de la Unión. En un espacio sin fronteras interiores, una vez regularizadas, esas personas podrán desplazarse libremente hacia otros Estados miembros. Francia y Alemania observan con inquietud esta política divergente. Ambos países han endurecido sus legislaciones ante la presión migratoria y el auge de partidos antiinmigración.
Italia fija cuotas anuales estrictas para entradas legales —164.850 en 2026— excluyendo a quienes ya se encuentran irregularmente en su territorio. Francia permite regularizaciones individuales por escasez laboral, pero con tasas de aprobación bajas. Alemania utiliza figuras como la “estancia tolerada” en casos puntuales, sin recurrir a amnistías masivas. Grecia y Bélgica han endurecido criterios tras experiencias previas.
El endurecimiento europeo responde a tres factores:
El ascenso electoral de la extrema derecha, la presión sostenida en las fronteras mediterráneas y la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de 2024, que prioriza control y retornos sobre acogida. Se imponen listas de países seguros para acelerar deportaciones y se refuerza la externalización.
En ese escenario, España se convierte en una puerta de entrada singular.
No es descabellado plantear escenarios de tensión. Si los desplazamientos hacia el norte aumentan, podría intensificarse el debate sobre la suspensión parcial de Schengen respecto a España. No sería inmediato, pero tampoco imposible en un clima político volátil.
A nivel interno, las incógnitas no son menores
Existen dudas jurídicas sobre el procedimiento cuando los países de origen no remiten los certificados de antecedentes penales. En tales casos, se prevé que baste con una declaración jurada de la persona interesada. Sin embargo, esta medida no constituye una garantía mínimamente suficiente. Además, el problema radica en que se atendería básicamente a los antecedentes penales, pero no a los policiales, tanto de los países de origen como, en buena medida —y por razones de premura y limitación de recursos—, a los que obran en la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Por otra parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad advierten de la falta de recursos humanos para gestionar el previsible aluvión de trámites administrativos entre abril y junio. Asociaciones de la Guardia Civil exigen garantías de que se dispondrá de los antecedentes penales antes de conceder los permisos.
También está la cuestión económica.
La regularización tiene ventajas evidentes: aflora economía sumergida, aumenta la cotización a la Seguridad Social y reduce la explotación laboral. Pero el debate no puede agotarse ahí. Si los ingresos anuales de estos nuevos trabajadores se sitúan por debajo de 25.000 euros, su saldo generacional tenderá a ser negativo, y además, en el marco actual del sistema de pensiones, sus cotizaciones resultarán inferiores a las prestaciones que percibirá, como sucede en la actualidad y es una de las causas principales del déficit estructural.
No es un argumento moral, es aritmética demográfica.
El error no está en la compasión, sino en la unilateralidad. Convertir una decisión humanitaria en un instrumento ideológico, sin calibrar sus consecuencias internas y externas, supone trasladar el debate desde la ética a la imprudencia estratégica.
La inmigración no es un maná automático ni una amenaza inevitable. Es un fenómeno complejo que exige planificación, coordinación europea y transparencia fiscal. Presentarla como solución mágica o como catástrofe inminente impide abordarla con rigor.
España afronta un momento delicado en su vida política y social. La regularización puede ser una oportunidad o una fuente de fractura. Todo dependerá de si se gobierna con responsabilidad compartida o con cálculo partidista.
En política migratoria, el humanitarismo es necesario. Pero no lo justifica todo, sobre todo cuando lo que se sacrifica es el bien común; inmigrantes regulares incluidos.
Regularizar aflora economía sumergida, pero ¿cuál será el saldo fiscal a largo plazo? #inmigración Compartir en X
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