El otoño se anuncia caliente en Francia. El ejecutivo en minoría del centrista François Bayrou anunció un recorte masivo del gasto público en los presupuestos de 2026, por unos 44.000 millones de euros de ahorro.
Una gota de agua junto a los 3,3 billones de euros de deuda pública del país, pero, sin embargo, el plan de Bayrou implica una bajada muy sensible de lo que saldrá de las arcas públicas.
Las medidas que el primer ministro francés anunció durante una larga rueda de prensa el 15 de julio incluyen la supresión de miles de puestos de trabajo de funcionarios, la reducción de 5.000 millones de euros del presupuesto de sanidad y el congelamiento de los sueldos de los empleados públicos y de las prestaciones sociales, pensiones incluidas. La medida más mediatizada por su simbolismo ha sido la supresión de dos días festivos, que podrían ser el Lunes de Pascua y el 8 de mayo (conmemoración de la Segunda Guerra Mundial).
Los principales partidos de la oposición, tanto de derechas como de izquierdas, se levantaron inmediatamente contra Bayrou, haciendo que una moción de censura en otoño sea inevitable. Sin embargo, la situación era totalmente previsible; hace ya más de un año que habían sonado todas las alarmas por el rumbo descontrolado del dispendio estatal.
El problema de déficit de Francia podría considerarse extremo incluso dentro de los estándares europeos: 5,8% del Producto Interior Bruto (PIB) el año pasado según datos oficiales del gobierno, cuando el país acumulaba ya un 113% de deuda pública sobre su producción económica anual.
Francia es el país europeo que menos margen tiene para salir de este círculo vicioso de déficit y deuda: Francia ya impone la presión fiscal más elevada de toda la UE (y por extensión, del mundo entero) sobre las rentas de las personas activas, con más del 57% su gasto público sobre el PIB es igualmente la campeona de Europa y para acabar de redondear la situación, los inversores le han retirado la confianza: el país paga ya más que España o que Grecia por colocar su deuda.
Sin embargo, no puede perderse de vista que los problemas que en Francia son extremos afectan también al conjunto de los demás países europeos, aunque de momento con menor intensidad.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional prevé que hasta 2030 el conjunto de la UE incremente su déficit público conjunto hasta el 3,3% del PIB, y la deuda total hasta el 93% del PIB. Así pues, no es solo Francia quien está siguiendo una tendencia negativa. Todo ello en un contexto en el que los tipos de interés por la deuda contraída desde 2022 nada tienen que ver con la excepcional financiación barata conseguida entre 2014 y 2022, cuando los tipos estaban en mínimos históricos.
La gran mayoría de los países europeos hacen frente a los mismos problemas de fondo que Francia: envejecimiento de la población, elevada inmigración escasamente calificada que no compensa a los trabajadores que se jubilan, y una lista de prestaciones sociales añadidas a lo largo de las últimas décadas que no para de crecer y que resulta muy difícil retirar.
En este contexto, el margen de acción de los gobiernos europeos será cada vez menor. Como decíamos al inicio, en el caso de Francia se verá después del verano cómo la población reacciona a la única receta posible para salir del callejón sin salida actual.
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