¿Qué está haciendo el gobierno Sánchez con el aguacero de dinero que viene de Europa?

La pregunta es necesaria. Primero porque es mucho y mucho dinero. Recordémoslo porque quizás no tenemos una conciencia exacta de su magnitud.

Sumamos. Del mecanismo de Reparación y Resiliencia están viniendo 77.000 millones de euros a fondo perdido, más una cifra que puede superar los 80.000 millones en créditos sin interés. Hay que añadir  2.600 millones de los fondos REPowerEU con el objetivo de independizarse de la energía procedente de Rusia antes de 2030. Por último, hay que añadir los 35.000 millones de los fondos de cohesión y desarrollo clásicos.

En total de aquí al 2026 habrán llegado 115.600 millones de euros a los que habría que añadir la parte del crédito que se utilice y que tiene un potencial de movilizar en total casi 200.000 millones de euros, una cifra inimaginable para unas finanzas como las españolas. De hecho, sólo los fondos Next Generation suman más que todos los fondos de cohesión de las tres décadas anteriores. A esta abundancia de dinero, cabe añadirle los recursos propios. El gobierno Sánchez dispondrá de dinero como nunca por la vía de los impuestos por la combinación del incremento de la presión fiscal y, sobre todo, de la inflación.

Todo ese volumen de dinero que debe gastar en el mejor sentido del término la administración, choca con dos hechos

Primero que España nunca ha realizado a tiempo los fondos ordinarios y, por tanto, pueden existir todos los interrogantes del mundo para que pueda hacerlo ahora con una cifra mucho mayor. Existe además el antecedente nefasto del “plan Ñ” de Zapatero mucho menor en el gasto realizado y que significó un desastre porque en lugar de transformar y multiplicar la inversión representó malgastar el dinero.

El hecho de que la Moncloa lo centralice todo, no haya querido control alguno de una comisión parlamentaria o haya delegado en una instancia externa como pudiera ser la AIReF o una nueva planta, incorpora más interrogantes a la materia.

¿Qué juega a favor de considerar que las cosas se están haciendo bien? Dejando al margen las afirmaciones del propio gobierno, la garantía principal viene de la Comisión Europea, que viene avalando reiteradamente toda la gestión de Sánchez. Pero cada vez existen más sospechas de que la Comisión otorga un trato de favor o es mucho menos exigente que con otros países. Porque, en aquellos aspectos que puede medir objetivamente el avance, los resultados son muy escasos. De aquí al año 2026 deberían tener que fiscalizar 1 millón de PYMES, instalar 100.000 puntos de carga eléctrica y rehabilitará para generar ahorro de energía 1 millón de viviendas. Con las cifras actuales estos objetivos son imposibles, pero esto no parece afectar al criterio de la Comisión.

Por otra parte, las reformas comprometidas y que van siendo elevadas por Bruselas, presentan en realidad muchos interrogantes en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos que pretenden. Es el caso del equilibrio de las pensiones. Pero es que hay otros aspectos que literalmente claman al cielo y uno guarda relación con el tuétano de la cuestión, que es la propia administración.

Un objetivo fundamental es fiscalizarla, pero esto en sí mismo no es una finalidad, sino un medio porque de lo que se trata es de que los servicios públicos funcionen mejor, atiendan mejor a las personas, sean en definitiva más eficientes y eficaces. Y en el primer trimestre de 2023 la dinámica funciona en sentido contrario. La administración pública está hecha un desastre, el clásico de Larra “vuelva usted mañana” se ha transformado en un bucle digital en el que los teléfonos no contestan y los ordenadores no dan citas para atender a la gente. Deberíamos retroceder mucho en el tiempo para encontrar unos servicios públicos más atascados, situación que llega al paroxismo en el caso de la justicia, donde la combinación de huelgas, carencia de medios e incapacidad del gobierno para abordar la situación está creando unos retrasos monumentales que afectan a la vida de cientos de miles de personas y empresas, y bloquean millones y millones de euros. El objetivo no se está cumpliendo en relación con la administración y esto es clarísimo. Y el problema no se resuelve a base de programas informáticos y comprando ordenadores.

Por otra parte, la cuestión no es gastar, sino hacerlo bien. Puede haber serias dudas sobre que lo que se está haciendo se traduzca en resolver los problemas estructurales de nuestra economía, que pueden resumirse en el elevado paro, y especialmente el paro de larga duración y en los jóvenes, la baja productividad a pesar de los bajos salarios, que resulta especialmente negativa en el factor clave que es la productividad total de los factores, y el déficit tecnológico que es una cuestión de la que poco se habla, pero que tiene como resultado un desequilibrio creciente. Si todos estos problemas no se resuelven, el super plan Marshall español habrá servido de poco y habremos perdido una oportunidad histórica.

La inversión comunitaria es evidentemente un pozo de atracción para abastecer inversión privada adicional. El gobierno habla de multiplicar por 4 cada euro invertido y se pone como ejemplo el caso de la gran inversión de Volkswagen con la planta de baterías de Sagunto. Sin embargo, tiene el correlato de la progresiva reducción de Seat condenada porque no produce coches eléctricos. Y un sustituto, Cupra, de mucha menor dimensión que, además ya ha empezado, ha producido vehículos eléctricos en China.

Y aún quedaría en este balance un último capítulo de necesaria aclaración. El Mecanismo de Recuperación prohíbe que se produzca gasto recurrente, pero a la vista de una parte de las inversiones conocidas, es muy dudoso que esta afirmación pueda mantenerse. Si así fuera, lo que estaría haciendo este plan para después de 2026 sería aumentar un gasto generador de déficit porque ya no contaría con los recursos de Europa. Y eso sería el equivalente a pegarse un disparo en el pie.

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