La respuesta que podemos obtener a partir de los datos de la encuesta del CEO del mes de noviembre no es muy halagadora, porque deja mucho espacio a las sombras.
Por ejemplo, solo el 51% considera que hay que obedecer las leyes. Es una cifra muy baja e identifica un problema de fondo que puede tener múltiples ramificaciones. Seguramente desde la perspectiva del independentismo, sobre todo del más radicalizado, le parecerá que es el resultado de su oposición al Estado, pero el problema de generar una cultura de este tipo es que no tiene límites, porque lo que introduce es la subjetividad más absoluta a la hora de obedecer la legislación de la cual nos dotamos.
Es contemplar el hecho de hacer caso solo de la norma que nos resulta conveniente, sea por las razones que sea. Es peligroso, más en un país que tiene una larga trayectoria de arrebatos, de desobediencia colectiva, que le han hecho mucho daño a lo largo de la historia.
Este dato hay que ponerlo en relación con otro que constata también debilidad cívica: solo el 44,5% afirma que es necesario vigilar y seguir de cerca las actuaciones del gobierno. Una sociedad no tiene una democracia vigorosa porque algunos políticos repitan hasta el agotamiento su nombre, sino porque tiene una amplia mayoría de la población que forja su criterio, no a través de cuatro frases de tertulianos, sino por un seguimiento atento de las actuaciones de los gobiernos y parlamentos. Cuando esto no se da, la polarización entre los incondicionales absolutos y los contrarios «sí o sí» está garantizada, porque no se dialoga sobre hechos concretos, sino sobre bandos.
Mejor queda otra característica básica para una sociedad democrática, la de intentar entender las opiniones diferentes de las propias. En este caso, hasta el 67% responde afirmativamente, por lo tanto solo una minoría (no pequeña, pero minoría) no comparte este decisivo punto de vista. En este caso el problema es más de orden práctico, porque esta mayoría capaz de entender a aquellos que discrepan de su visión no se está haciendo presente en la vida pública.
También llama la atención que el 61% considere que el gobierno tiene que ayudar a la gente que vive peor. No es una magnitud muy grande si se considera que la atmósfera pública de Cataluña va llena de «solidaridad», a veces cierta y en otras puramente formal, pero que el 40% no crea en la prioridad gubernamental de ayudar a los más necesidades, indudablemente no es un buen resultado.
