Por último y después de muchas vacilaciones, Puigdemont y su entorno de Waterloo han decidido gastar el último recurso: su vuelta a España. No está claro si ésta es una decisión que nace de la convicción y del entusiasmo o bien forzada por las circunstancias.
De hecho, y políticamente, su regreso seguramente debería haberse jugado antes de que sus filas quedaran tan descuidadas y su liderazgo político tan desvanecido.
Puigdemont cada vez está más fuera de juego y el Consejo por la República se convierte en una ficción sin recorrido, por dos razones fundamentales. La ética del 1-O está perdida y, por otra parte, sin conflicto interior con motivo de la independencia, la proyección exterior que puede encabezar Puigdemont es nula.
A esto se unen otras adversidades. Las crisis económicas acumuladas que sitúan este problema en el centro de atención de personas y empresas, la guerra en Ucrania y la sombra, más ligera o pesada según el observador, de las relaciones con Rusia. Pero este último factor tendría escasa, por no decir ninguna, importancia si en Cataluña habitara un espíritu independentista templado y activo. Pero no es así.
ERC hace tiempo que abandonó esta vía y más temprano que tarde acabará rompiendo con lo que queda de la seña de identidad del independentismo: la unidad de gobierno con JxCat. Esta última fuerza que ha perdido el primer puesto en el ranking político catalán en la travesía puigdemontista, añora, al menos por parte de las filas postconvergentes, ser una gran fuerza con capacidad de gobernar. Y este hecho va a pesar mucho en su futuro congreso. Allí se verá si pesa más esa condición o la voluntad de mantener alzada una bandera que no encuentra sitio donde levantarla. La única forma de revitalizarlo todo es la vuelta de Puigdemont, aunque este hecho signifique su encarcelamiento. Pero es precisamente en ese punto donde radica la posibilidad de reconstruir su potencial político y reforzar sus filas. Sin embargo, es una jugada muy arriesgada porque el 2022 presenta unas características muy alejadas de las que existían cuando se produjo el estallido independentista, y corre el riesgo de que la circunstancia, la crisis económica y social sobre todo, desdibuje su papel, más cuando parece evidente que ERC hará todo lo posible para que su regreso tenga una trascendencia mínima.
Pese al riesgo, existe otra causa fundamental para el regreso de Puigdemont. Es la posición oficial de la representación legal de la UE ante el tribunal de justicia con motivo de la cuestión prejudicial remitida por el juez Pablo Llarena sobre el cumplimiento de las euroórdenes. Está claro que el gobierno de la UE está para forzar la aplicación de estas euroórdenes y, por tanto, para entregar por parte de Bélgica a Puigdemont y los demás consejeros a las autoridades españolas. Es decir, la UE mantiene la posición ante el Tribunal de Justicia de la UE de que se aplique la Orden de Detención europea al considerar que en España impera el Estado de Derecho y que no está en riesgo ni la independencia de los tribunales ni los derechos de los inculpados.
Sostiene que la justicia belga no tiene derecho a cuestionar las decisiones y atribuciones de la justicia española para impedir la entrega de Puigdemont y otros miembros afectados. Aduce que la decisión Marco sobre la euroorden se fundamenta en la confianza de hecho entre tribunales y “confianza mutua significa confianza mutua”. Por tanto, en esta ocasión existe el riesgo real de que Puigdemont acabe siendo entregado en contra de su voluntad.
Ante este horizonte, el retorno voluntario como un gesto político y con la escenificación correspondiente sería una carta mucho mejor que jugar, aunque de entrada la consecuencia sea pasar una temporada en prisión.
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