El presidente Salvador Illa y la consellera de Economia han reiterado que sin presupuestos no se puede gobernar. Han insistido en que no hay «plan B» y que la única hoja de ruta posible pasa por la aprobación de las cuentas. El argumento es institucionalmente sólido: el presupuesto es la herramienta nuclear de cualquier ejecutivo moderno, la base para planificar, ejecutar y rendir cuentas.
Sin embargo, esta determinación contrasta con la práctica del mismo partido a escala estatal, donde Sánchez gobierna con prórrogas presupuestarias del último presupuesto aprobado del 2023, ¡que corresponde a la anterior legislatura!
La disonancia es política y comunicativa: máxima exigencia para la Generalitat; normalización de la anomalía en el Estado. En cualquier caso, la voluntad de disponer de presupuesto merece reconocimiento. El problema no es presentarlo; es con qué magnitudes y con qué consistencia.
El proyecto de presupuesto de la Generalitat para 2026 que ha entrado en el Parlament de Catalunya prevé 49.162 millones de euros de gasto no financiero. De ellos, 13.840 millones se destinan al Departament de Salut, que concentra el 28% del total: es, con diferencia, la principal partida.
En relación con los últimos presupuestos aprobados (2023), el incremento global es del 22,8%, con más de 9.100 millones de euros adicionales. Salut crece en 2.428 millones respecto al 2023. Sobre el papel, el esfuerzo es incuestionable y el mensaje político está claro: refuerzo de los servicios públicos, con la sanidad en el centro.
Sin embargo, el análisis no puede quedarse en la comparación formal con el 2023. El último presupuesto aprobado es el de ese año; por tanto, el aumento acumulado se extiende en realidad sobre tres ejercicios. Si se prorratea, el incremento medio anual se sitúa en torno a los 2.000 millones de euros. La magnitud sigue siendo relevante, pero la narrativa cambia: no es un salto de un año a otro, sino una expansión en el tiempo.
El caso Salud: presupuesto vs. gasto devengado
El punto crítico emerge cuando se contrasta el presupuesto proyectado con el gasto devengado real del sistema sanitario catalán.
Según datos públicos de 2024 publicados en 2025, el gasto devengado total del sistema sanitario (Departamento de Salud + CatSalut + ICS) alcanzó aproximadamente los 16.600 millones de euros, de los cuales unos 2.800 millones correspondían a gasto “desplazado” fuera del presupuesto ordinario.
Esto es esencial: no se trata solo del crédito inicial aprobado, sino de lo que efectivamente se ha gastado (devengado). Si en 2026 se presupuestan 13.840 millones para Salud, pero el sistema ya ha mostrado una inercia de gasto real en torno a los 16.600 millones en 2024, la diferencia supera los 2.700 millones de euros.
La consecuencia es directa: el presupuesto nace con una brecha estructural. Y dado que las grandes partidas —especialmente retribuciones y contratos sanitarios— tienen tendencia creciente, el potencial desequilibrio se situará por encima de los 3.000 millones. En términos relativos, la sanidad absorbe ya cerca de un tercio del incremento global anunciado, reduciendo el espacio real disponible para el resto de políticas.
No se trata de una irregularidad formal; es un problema grande de desajuste presupuestario.
En realidad es un clásico; creo que fue el exconseller y reconocido economista Mas-Colell quien escribió que la mejor solución para la Generalitat en materia de financiación es que garantice que la sanidad quede cubierta y tenía razón; pero Illa no lo ha resuelto, discursos al margen.
Existe además un elemento estructural que dificulta la evaluación rigurosa. La liquidación definitiva del presupuesto y la Cuenta General de la Generalitat se aprueban y publican con un decalaje significativo, a menudo a lo largo del año siguiente o incluso más tarde, una vez auditados y revisados.
La información detallada de gasto devengado por departamentos suele aparecer en estas cuentas generales y en informes específicos de la Sindicatura de Cuentas. Los informes mensuales de ejecución presupuestaria muestran la evolución por capítulos hasta otoño, pero no cierran el ejercicio ni ofrecen la liquidación definitiva, lo que significa que, desplazando el exceso de gasto a los dos últimos meses del año, se consigue que pase “desapercibido” hasta la liquidación formal, mucho tiempo después.
Esto genera una asimetría temporal: cuando se presenta un nuevo presupuesto, no se conoce todavía la cifra real consolidada del año inmediatamente anterior. Solo se dispone de lo presupuestado o de ejecuciones parciales. Se presentan los aumentos del presupuesto sobre la cifra presupuestada el año anterior y no la efectivamente gastada. En el caso actual, esto resulta aún más importante porque el presupuesto de referencia es el de 2023.
El resultado es la opacidad: el debate parlamentario se construye sobre previsiones, no sobre la realidad liquidada. Este patrón no se inicia con el actual ejecutivo, pero tampoco se observa ninguna voluntad decidida de corregirlo.
El actual presidente de la Generalitat se presenta como hombre de gestión rigurosa y responsable. Pues cabe decirle que su práctica presupuestaria no responde a ninguna de estas características.
Rigor y narrativa
El presidente Salvador Illa se ha proyectado como gestor riguroso y responsable. Esta es su marca política. Precisamente por ello, la exigencia es mayor: el rigor presupuestario no es solo cumplir el trámite de presentar cuentas, sino ajustarlas al gasto estructural real y anticipar sus desviaciones.
Un presupuesto que parte de una magnitud inferior al gasto efectivo conocido, en una partida tan central como la sanidad, difícilmente puede considerarse plenamente realista. Puede ser políticamente defendible —por ejemplo, en la estrategia de contención formal del déficit—, pero técnicamente refleja una tensión que reaparecerá en forma de ampliaciones de crédito, endeudamiento o reclasificaciones.
Gobernar con presupuesto es mejor que hacerlo con prórroga. Pero gobernar con un presupuesto que no integra el gasto estructural consolidado plantea otro tipo de problema: el desajuste entre el relato y la contabilidad efectiva.
El debate no es si es necesario el presupuesto. Es si las cifras que se inscriben describen con fidelidad la realidad financiera del sistema. En el caso de la sanidad catalana, los datos disponibles sugieren que la respuesta es, al menos, discutible.
Los presupuestos 2026 crecen un 22,8%, pero la sanidad ya gasta mucho más de lo previsto. El debate es de realismo, no de voluntad. #Presupuestos #Generalitat Compartir en X
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