La fecha formal de las elecciones generales es el noviembre de 2023, pero naturalmente el presidente del gobierno tiene capacidad para modificar esta cita.
Hay muchos elementos que permiten pensar que las elecciones serían el próximo año o como mucho a inicios del 2023. Las razones fundamentales pueden resumirse en los siguientes puntos.
El año que viene, según todas las previsiones y especialmente las del mismo gobierno, será el mejor año en mucho tiempo porque permitirá recuperar la situación económica perdida en 2020, si bien con diferencias importantes según los sectores y los grupos sociales, y el presupuesto continuará funcionando sin límites para el gasto, dado que aún no regirán otra vez las reglas fiscales que están paralizadas hasta 2023 y que implicarán restricciones en el déficit que se puede alcanzar y en el endeudamiento público.
Aunque esta entrada en funcionamiento de las reglas fiscales será progresiva, es evidente que obligará al gobierno a mojarse y a definir un horizonte que será restrictivo y muy diferente de lo que nos tienen habituados en los dos últimos años, donde la premisa es inyectar dinero por diversas vías. También es previsible que el Banco Central Europeo a partir de ese año comience a reducir la compra de deuda y este hecho obligará a acudir a los mercados internacionales con el consiguiente incremento de los costes. Igualmente será el 2022 el año en el que el presupuesto podrá incorporar de manera plena la parte correspondiente de los recursos de los fondos europeos. Por lo tanto, habrá mucho dinero y pocas o ninguna restricción para gastar.
Situar como corolario de toda esta dinámica la cita electoral tiene una tentación de manual, mientras que mantener la fecha de 2023 significará entrar en un mar de nubes espesas.
Por otra parte el calendario electoral también señala la conveniencia de que Sánchez acabe avanzando las elecciones porque en mayo de 2023 habrá elecciones municipales y autonómicas excepto en Andalucía, que tiene la cita electoral en diciembre de 2022, y en Valencia, Cataluña, Galicia y País Vasco, que tienen calendarios electorales propios. Si nada cambia, es posible que el centroderecha mejore claramente sus posiciones en el ámbito local y por lo tanto sería entrar en una convocatoria de generales desde un signo previo de malos resultados.
Por si fuera poco complicado, las elecciones municipales también comportarán un crecimiento del antagonismo entre JxCat y ERC para ver quien se lleva el gato al agua, y la más difícil relación con el gobierno español a consecuencia de esta pugna que tendrá, como es lógico, uno de sus componentes en ver quién es más independentista.
ERC también tiene un examen complicado en 2023 porque se cumplirán 2 años de su compromiso con la CUP y estará obligada a examinarse en el Parlamento catalán. Será difícil que desde la perspectiva de la CUP pueda presentar resultados muy alentadores, porque el recorrido de los acuerdos con Sánchez es escaso. No habrá obviamente ni amnistía, ni referéndum sobre la independencia. Por no haber, entre ahora y el 2022, no habrá ni siquiera ningún acuerdo de financiación que requiere la conformidad del conjunto de las comunidades autónomas. Si hasta ahora este asunto no se ha resuelto, más difícil será que se produzca cuando la cuestión se mezclará con la pugna de los «privilegios» concedidos a los «catalanes» por parte del gobierno Sánchez, empezando por los indultos y lo que pueda venir detrás. La tentación de maquillar esta falta de grandes contenidos por un tipo de consulta «hoja», puede tener costes políticos muy importantes porque la población de Cataluña difícilmente aceptaría de buen grado que le dieran gato por liebre.
Por si todo ello fuera poco, el gran tema de 2022 y de años sucesivos serán las pensiones, que tiene un impacto político mucho mayor que el problema catalán. El actual acuerdo no resuelve el mal de fondo que es sencillamente el desequilibrio entre ingresos y gastos. Traspasar parte del déficit al presupuesto del estado obviamente no resuelve el problema. Simplemente lo maquilla y además es una solución que en la perspectiva de la recuperación de las normas de déficit excesivo, tiene una capacidad muy acotada. Cuanto más allá sean las elecciones, más viva y violenta será esta cuestión que choca con la creencia popular de que la cotización que cada uno paga sirve para pagar su pensión, cuando en realidad el sistema está construido para que los recursos aportados por los cotizantes actuales sirvan para pagar a los jubilados también actuales. Los que ahora cotizan lo que tienen por delante es la incertidumbre.
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