Tenemos un problema que nos ahoga: la baja natalidad. Somos los primeros en abortos, que en Catalunya significan ya el 39% de las personas que nacen. Desde hace años, los que llegan a la vida son bastante menos de los que mueren, y, por tanto, perdemos población de manera constante.
Sin embargo, demográficamente, Cataluña ha crecido mucho y rápidamente, superando los 8 millones de habitantes gracias a una inmigración masiva e intensa que se ha producido en poco tiempo. Este fenómeno estira las costuras del país. La combinación de muy baja natalidad, un creciente desinterés por la descendencia hasta el punto de prescindir de ella y un envejecimiento galopante, constituyen una pésima base para gestionar una inyección masiva de inmigrantes.
Este hecho tiene ventajas, por supuesto, pero también genera problemas. Uno de los más importantes, en el caso de Cataluña, es que, junto con otros factores, empuja el retroceso del catalán como lengua de uso habitual. Estamos retrocediendo muchas décadas. Sólo hay que observar qué ocurre en Barcelona, donde el catalán es la lengua habitual para tan sólo el 37% de la población, mientras que a principios de siglo representaba casi el 50%. A ese ritmo, la lengua catalana puede acabar siendo una curiosidad etnológica.
Si tenemos un problema como éste, que combina pocos nacimientos y muchos abortos, llega la gente de la CUP, que parece postular una independencia sin catalanes, con una proposición de ley sobre la efectividad del derecho al aborto. Consideran que la barra libre en la práctica actual todavía les parece insuficiente.
La ley que quiere impulsar la CUP se caracteriza por:
- Eliminación del aborto como delito del Código Penal.
- Libre determinación del aborto, sin sujeción a ningún modelo de plazos.
- Prohibición de la objeción de conciencia institucional.
- En cualquier centro de salud donde se pueda realizar el seguimiento de un embarazo también se deben poder practicar abortos, considerándoles parte fundamental de la salud reproductiva.
- Priorización de la accesibilidad y disponibilidad para las mujeres y personas con capacidad gestante a la hora de decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, facilitando opciones como la telemedicina, la entrega a domicilio y la dispensación en farmacias de mifepristona y misoprostol, bajo prescripción médica.
- Las zonas de acceso seguro a los centros sanitarios públicos y privados deben tener una delimitación mínima de 200 metros.
- Creación de un centro de investigación específico sobre el aborto.
- Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas mediante órgano independiente que monitorice la efectividad del derecho al aborto y reciba denuncias sobre vulneraciones.
- Reconocimiento institucional y protección de las entidades que trabajan los derechos sexuales y reproductivos, con soporte económico y la implementación de planes específicos para proteger a las defensoras de derechos humanos.
- Exención del consentimiento de una de las personas responsables de la tutoría legal para personas menores de 12 a 16 años, con informe profesional, para la práctica de abortos con cargo a la salud pública catalana.
- Prohibición de destinar fondos públicos, directa o indirectamente, a organizaciones que promuevan mensajes o prácticas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos.
- Prohibición de contratar con las administraciones públicas a las empresas u organizaciones que den soporte económico a prácticas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos.
Hay que prestar atención al lenguaje utilizado, como la expresión «mujeres y personas gestantes», así como a las prohibiciones de derechos fundamentales, como la libertad de conciencia, de expresión, de reunión y de manifestación, y la discriminación en el acceso a los fondos públicos por motivos de ideas o creencias.
Este proyecto de ley es un pequeño monumento totalitario.
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