Se acerca la hora de la verdad. La foto finish y los republicanos tendrán que escoger entre conformarse con los donuts o ir A por la cartera, porque ERC ha pactado mucho con Sánchez, pero a la hora de la verdad, de materia tangible, poca.
Se pone de manifiesto esta situación precisamente ahora, cuando a toda prisa Sánchez quiere hacer efectivo lo que ya había pactado hace 7 meses para su investidura y que todavía no se había concretado en nada. Ayer se reunió la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat, y el resumen de la información dada explica que el gobierno español aportará 1.520 millones por varios conceptos a la Generalitat. En realidad, en dinero fresco es mucho menos, y todos ellos corresponden a los acuerdos de investidura. Es decir, llegan con algo de retraso. Tienen como finalidad allanar el camino para el pacto que haga posible que Illa sea presidente.
La mayor parte de estos 1.520 millones son para Cercanías, en concreto 1.058 millones. Sin embargo, si se analiza la cifra, se ve que 850 millones tienen como finalidad resolver el déficit de explotación y que sólo unos 200 millones irán para la mejora del servicio. También recibirá 300 millones anuales, pero en este caso hace de simple intermediario, ya que es la aportación que hace a la operadora el gobierno español y que ahora previamente pasará por manos de la Generalitat con la misma finalidad. Además, existen los traspasos de 150 millones anuales para investigación, si bien esto no es exactamente el traspaso de esta competencia, sino una financiación.
También de acuerdo con los pactos con Sánchez, ahora se hará efectiva la gestión de becas. Se pagarán los retrasos acumulados en los últimos 3 años por valor de 7,9 millones. Además, existe el compromiso a partir de 2027 de dar 442 millones cada ejercicio. Ahora, la partida anual que se otorga es de 2 millones.
También se ha concretado el calendario para el traspaso efectivo del R1, R2 y R3 de Cercanías, que previsiblemente se haría en enero. Sin embargo, en este ámbito hay dos cuestiones pendientes por resolver: el traspaso del ingreso mínimo vital y la condonación de los 15.000 millones de deuda del fondo de liquidez autonómica.
Ya se ve que son muchas cosas acumuladas, pero en modo alguno representan la contrapartida para garantizar el voto a Illa. Ésta ha quedado definida en un escrito público de los negociadores de ERC (Josep Maria Jové, Marta Vilalta, Juli Fernández y Oriol López) con los socialistas, que expresan claramente que lo que quieren obtener ahora es la soberanía fiscal y que no habrá ningún acuerdo si esto no queda negro sobre blanco. También una solución política para el futuro de Cataluña basada en la negociación con el Estado, la presencia de verificadores internacionales y un acuerdo final que sea refrendado por la ciudadanía.
Dos temas adicionales que señalan los negociadores son el blindaje del catalán frente a la justicia y, el más fácil de cumplir de todos en teoría, más inversión pública. Estos acuerdos serán sometidos a la militancia de ERC antes de darlos por definitivamente validados. Los negociadores rechazan de forma concreta la propuesta socialista contenida en el Estatuto de Autonomía de un consorcio entre la Generalitat y el Estado para recaudar conjuntamente todos los impuestos, calificándola de una operación de maquillaje.
En teoría, si la política fuera creíble, el planteamiento es muy claro: lo que se está obteniendo hasta ahora no es más que saldar los acuerdos previos por razones que nada tienen que ver con la presidencia de Illa. Lo que debe ponerse negro sobre blanco es la soberanía fiscal y la negociación de un acuerdo con el Estado que debe ser refrendado por los catalanes.
Ahora veremos si esto va así a la hora de la verdad o, cuando llegue el momento, ERC se olvidará de la cartera y se conformará con algún donut.
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